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Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2012
Con la aplicación de esta ley, se duplican las penas de cualquier delito “que hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población o de exigir una medida a las autoridades”. Era la primera señal que daba el gobierno sobre lo que sería su política represiva para 2012. Cualquier militante o activista puede ser acusado de terrorista por participar de medidas de lucha reclamando trabajo digno, vivienda, salario, salud, educación, etc.
Así como ya lo hiciera años anteriores, responsabilizando a las provincias de varios hechos represivos, el gobierno sigue buscando formas para preservar su discurso de defensor de los DDHH. De este modo, hace aparecer como consecuencia de internas dentro del gobierno, acciones que sólo son su responsabilidad: la continuidad de una política represiva frente a la lucha. Un ejemplo de esto fue el arribo de Sergio Berni, fascista reconocido, excarapintada, al ministerio de Seguridad, en reemplazo de Cristina Caamaño. Famoso por ser, durante los últimos diez años, el interlocutor del gobierno con el movimiento piquetero, tuvo encomendada la tarea de aplicar una política de mayor represión sobre las organizaciones populares que salieran a luchar. Mediante la saturación de gendarmes en la Panamericana, logró desalojar por la fuerza varias movilizaciones con detenciones masivas. Todo esto, acompañado por la afirmación del gobierno de que “no vamos a reprimir la protesta social”.
