Carta abierta a los jueces de la Corte Suprema

A los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Horacio Rosatti - Carlos Fernando Rosenkrantz

Juan Carlos Maqueda - Ricardo Lorenzetti

Reciban el saludo de Paz y Bien.

Esta es una carta abierta, ante la imposibilidad de llegar a ustedes personalmente, dado que hasta ahora se han negado a escuchar y recibir a los pueblos originarios que viajaron 1.500 Km. desde la provincia de Jujuy a la Capital Federal con la esperanza de ser recibidos por la Corte Suprema para presentar su rechazo a la Reforma Parcial de la Constitución votada en la Provincia de Jujuy que transgrede y no respeta la Constitución Nacional, violando el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas promulgado por las Naciones Unidas.

El proceso de reforma también incumplió las normativas existentes para asegurar el acceso a la información y participación ciudadana en materia ambiental en temas sensibles como la regulación del agua y las tierras. Se incumplieron los principios de consulta a la comunidad previstos en el Acuerdo de Escazú, firmado por nuestro país y de jerarquía normativa superior a las normas provinciales.

La convocatoria de la Constituyente en Jujuy, estuvo afectada por diversas irregularidades de procedimiento, entre estas cabe destacar las licencias alternadas del gobernador de la Provincia, para ejercer a la vez como presidente de la Constituyente, que no dejaran expresar sus opiniones de muchas organizaciones sociales que manifestaron su interés para participar. Pese a que el plazo para debatir la reforma era de 90 días, adrede se evitó el debate y en menos de tres semanas se aprobó en forma exprés, una constitución que transgrede la Constitución Nacional.

Fueron las movilizaciones de cientos de comunidades de pueblos indígenas quienes cuestionaron esta reforma, gravitaron para que se eliminaran algunos artículos cuestionados ya votados que no pasaron el trámite de ser nuevamente votados por la convención constituyente. El punto es que el gobernador, a su vez presidente de la constituyente terminó de imponer una reforma sin consulta alguna con el pueblo, violando sus derechos y cuando aparecieron los reclamos populares contrarios a la reforma respondió con la represión policial y la persecución a docentes y comunidades indígenas.

El Gobierno de Morales no sólo ha reprimido violentamente protestas sociales pacíficas, habilitó métodos de la última dictadura militar, persecución ideológica a quienes disienten como es el caso de la acusación por sedición del Dr. Hallar por cuestionar la reforma constitucional, se han dado detenciones arbitrarias, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, represión parapolicial y grupos de tareas civiles, operando con camionetas sin patentes, las fuerzas policiales han disparado adrede a los ojos de manifestantes, la justicia controlada por el Poder Ejecutivo provincial desestima toda investigación sobre los hechos represivos, convalida causas con acusaciones fraguadas y aplica masivamente contravenciones altamente onerosas para amedrentar a quienes osen manifestar por sus derechos.

La nueva Constitución habilita la criminalización de la protesta social, artículos ambiguos permiten tipificar como sedición reclamos que se expresen en defensa del pueblo. La penalización del derecho a la protesta, contraviene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Con relación a los pueblos indígenas no se respetaron los protocolos previstos en el Convenio 169 de la OIT, que establece que debe garantizarse la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas sobre cuestiones susceptibles de afectarlos.

En el Artículo 7 el Convenio dispone que los pueblos indígenas deberán "participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente."

En todos los casos los pueblos indígenas deben poder decidir sobre la utilización, administración y conservación de los Bienes Comunes. Para lo cual deben asegurarse la información previa oportuna y suficiente para fortalecer las capacidades de los pueblos originarios en su interlocución con las diversas reparticiones estatales. Las consultas deben realizarse de buena fe, el objetivo de esos procesos es tratar de alcanzar acuerdos, basados en el respeto mutuo. No puede considerarse una consulta realizar una reunión meramente informativa para escuchar algunas preguntas, pero sin que las comunidades puedan tener posibilidades de intervenir en las decisiones que se adopten. Aún en el caso que no se arribe a un acuerdo, el Estado debe respetar los derechos originarios reconocidos por el Convenio. La política pública no puede propasarse y terminar imponiendo su voluntad cuando encuentre oposición a sus contenidos y/o implementación.

La Convención Constituyente votada para reformar la constitución provincial, incumplió este tratado internacional que tiene rango constitucional.

En diversas Constituciones Provinciales, se han reconocidos derechos más amplios que los contemplados en la Carta Magna Nacional. No sólo se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural, su personería jurídica, sino también la propiedad comunitaria de la tierra que ocupan y las que puedan asignárseles como reparación histórica en forma gratuita y exentas de todo gravamen. Tales tierras son inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros. Estos criterios debieran haber sido objeto del diálogo en la Convención Constituyente jujeña, sin embargo, la reforma aprobada legaliza a nivel constitucional que el Poder Ejecutivo Provincial, pueda disponer de las tierras de los pueblos originarios haciéndolas pasar por fiscales y poder así expandir el extractivismo minero, los agronegocios y los intereses inmobiliarios para las minorías privilegiadas.

Frente a esa situación de indefensión y violencia El Malón por la Paz viajo a Buenos Aires solicitando ser recibidos por los integrantes de la Corte Suprema, sin resultado alguno hasta el momento.

Lamentamos el silencio y la discriminación de la Corte Suprema que se niega a escucharlos, sabiendo que los indígenas están en Plaza Lavalle desde hace una semana a la intemperie y con necesidades básicas y de higiene, en particular mujeres y niños.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, compañero de fórmula presidencial con el gobernador Morales también ha mantenido una actitud represiva y de maltrato a los hermanos indígenas impidiendo instalar una carpa lo cual pone en evidencia su racismo y la intolerancia violando los derechos humanos de las comunidades quienes soportan hambre, frío esperando que los miembros de la Corte Suprema los escuchen.

Señores Ministros les pregunto: ¿qué piensan hacer frente a esta grave situación que viven los pueblos originarios en Jujuy? ¡Qué piensan hacer frente a las graves violaciones de los DDHH y al derecho que tienen los pueblos a sus territorios, agua y recursos naturales que les quiere sacar la gobernación de Jujuy?

La Corte Suprema intervino con celeridad en vísperas de elecciones provinciales prontas a realizarse, para vetar las candidaturas de gobernadores oficialistas, en función de "desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder". Esta intervención se dio a partir de cautelares presentadas por fuerzas de la oposición y la CSJ entendió que la vulneración del principio de la alternancia tornaba ineludible la intervención de la Corte.

Como es posible qué frente a la reforma de la Constitución Jujeña, donde hay presentadas cautelares, la CSJ no haya intervenido con la misma celeridad, ante un caso mucho más grave que es una constituyente con vocación secesionista que vulnera la unión nacional, altera el equilibrio de poderes y contrapesos republicanos habilitando una alta concentración del poder en el Ejecutivo provincial y contraviene la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

Los pueblos indígenas están aquí para reclamar sus derechos, evitar la violencia y la discriminación, racismo e intolerancia y ustedes tienen la obligación de escucharlos y protegerlos en sus derechos.

Espero que escuchen el clamor de los pueblos y actúen con verdad y justicia. A cuarenta años del retorno a la democracia, honren el Nunca Más que supimos conseguir.

Les reitero el saludo de Paz y Bien que tanto necesita nuestro país y el mundo.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio Paz y Justicia