La “universidad de la ignorancia” en Colombia

Texto leído en Audiencia Pública Educativa, jueves 10 de septiembre de 2015, en Bogotá

Sea esta la oportunidad para hablar brevemente de los graves problemas que aquejan a la universidad pública colombiana y que las políticas actuales profundizan en lugar de solucionar. Así como se privatizan y mercantiliza la salud, el deporte, la cultura, lo mismo acontece con la educación universitaria, sometida a los avatares de un proyecto neoliberal, en el que solo importa la rentabilidad económica, la competencia y el beneficio individual. Esa concepción deshumaniza a la universidad y la convierte en una empresa que busca afanosamente recursos para subsistir, en desmedro de su responsabilidad en la formación integral de los seres humanos que allí llegan. En esa concepción mercantil y competitiva los estudiantes se convierten en clientes, los profesores en gestores, los rectores en gerentes, los investigadores en negociantes y los conocimientos en mercancías que se venden al mejor postor.

En la universidad se impone el lenguaje de la administración y los negocios, tal como se demuestra con una nueva jerga, ajena por completo a la educación y la pedagogía, que implanta como si fueran naturales términos como competencia, eficacia, eficiencia, calidad, excelencia, evaluación externa, acreditación, ranquin, sociedad del conocimiento, era de la información… Así, se trata de justificar, con un pretendido barniz de cientificidad, la conversión de la universidad en un negocio.

La implementación del proyecto neoliberal en las últimas tres décadas trasformó a la universidad pública y agudizó algunos de sus problemas, entre los que deben considerarse tres de tipo estructural (desfinanciación, falta de autonomía y antidemocracia), y uno reciente, enfatizado por el neoliberalismo: la introducción de la competitividad como rasero que determina el funcionamiento de la universidad.
Examinémoslos en forma somera.

1) DESFINANCIACION: Este es el principal problema que aqueja a la universidad como resultado directo del neoliberalismo educativo. Algunos datos son ilustrativos de ese proceso:

La universidad se financia según los criterios establecidos en la Ley 30 de 1992, lo que significa que en 2015 esta institución pareciera ser igual a la de la década de 1990, en cuanto a tamaño, cobertura, número de profesores, producción intelectual, programas académicos, y en consecuencia puede funcionar con el mismo presupuesto de aquella época, simplemente actualizado con el índice de precios al consumidor. Un presupuesto que nada tiene que ver con la dura realidad de la universidad pública de hoy.

Según el ICFES en las 32 universidades estatales la matricula en pregrado pasó de 159.218 estudiantes en 1993 a 529.487 estudiantes en 2011, con un incremento de más del 232%.

Por cada soldado el Estado gasta $58 millones anuales, mientras que por cada estudiante universitario invierte apenas 3.7 millones: 15 veces menos. En algunas instituciones, como la Universidad de Pamplona, el costo por estudiante para el estado asciende a la paupérrima cifra de 800 mil pesos al año.

Una buena parte de las universidades públicas soporta la tugurización y el hacinamiento debido al aumento en la cobertura y falta de mantenimiento por la disminución de presupuesto por parte del Estado. El principal ejemplo es el de la Universidad Nacional, en donde el 53% de sus edificios están en ruinas y constituyen un peligro público.

Para construir nuevas sedes universitarias –que es una obligación del Estado– se ha impulsado el malsano principio de aprobar estampillas, cuando se debían crear impuestos al capital nacional y transnacional especialmente destinados a este fin y el gobierno central debería ampliar la base presupuestal de las universidades y no eludir esta responsabilidad transfiriéndosela a cierto tipo de consumidores.

En la universidad colombiana se implantó a rajatabla la pedagogía de la deuda (copiada de Estados Unidos y Chile) con la generalización de créditos del ICETEX para el pago de matrículas de los estudiantes, hasta el punto que en la actualidad 200 mil personas tienen deudas con esa entidad, es decir, que 18 de cada 100 estudiantes forman parte de la generación de los endeudados. Por supuesto, la política neoliberal financia la demanda, vía deuda, en lugar de fortalecer a la universidad pública.

Ya pasaron los tiempos en que los profesores universitarios eran de planta y tenía contrato indefinido. Ahora, se han generalizado los contratos basuras de los mal llamados profesores ocasionales y catedráticos. Estos se convirtieron en la fuerza de trabajo intelectual más importante de las universidades, mal paga y explotada, puesto que en gran parte de ellas representan el 80% del total del personal docente, como sucede en la UPN. En general, según un estudio de un grupo de profesores de la Universidad de Antioquia del 2013, en las universidades públicas los profesores de carrera son 11.425 (34%), los ocasionales 4.317 (12,85%) y los catedráticos 17.839 (53.12%), como quien dice los ocasionales y catedráticos constituyen el 66% del total de profesores de las universidades públicas. Además, existen universidades cuyos programas funcionan con uno o dos profesores de planta y con decenas de profesores ocasionales o de cátedra. Este es uno de los problemas más agudos de las universidades públicas y sin remediarlo, mediante la formalización laboral y la dignificación del trabajo docente, es difícil pensar que vaya a mejorar el rigor académico e investigativo en esas instituciones.

Cierta propaganda de tipo corporativo y mediático da a entender que los “aportes” que hacen a las universidades públicas algunos empresarios del sector privado son ayudas filantrópicas. Tal es el caso, para citar un ejemplo, del nuevo edificio de Ingeniera de la UN que fue donado por el multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mismo que se opone a cualquier alza en el impuesto al patrimonio, como lo manifiesta con altanería desde los editoriales de su periódico El Tiempo, pero que se benefició en la crisis financiera de 1999 del impuesto al 2 por mil en las transacciones bancarias, creado especialmente para salvarlo a él y sus congéneres de clase. En estas circunstancias, parafraseando al asesinado cantante argentino Facundo Cabral, podemos preguntar si el banquero mencionado donó o devolvió.

Existen numerosos mecanismos privatizadores que se aplican cotidianamente en las universidades, cada vez menos públicas: aumento de matrículas, conversión de la universidad de los posgrados en otra universidad dentro de la pública, costosa y privatizada y que opera con una lógica diferente al resto de la universidad.

En el desbalance financiero de la universidad, los aportes del Estado representan en promedio el 60% del presupuesto total, de tal manera que las universidades se han visto obligadas a completar el presupuesto con sus propios recursos. Esto ha forzado a las universidades a vender servicios y dedicarse a actividades que no guardan relaciones con sus fines misionales, para cubrir sus estructurales déficits financieros, motivados por la reducción drástica del presupuesto estatal.

En conclusión, estos indicadores entre muchos que se podrían mencionar, muestran que en estos momentos las universidades públicas sufren un déficit estructural, equivalente a 11,3 billones de pesos según el SUE, al que debe agregarse la deuda que el Estado tiene con estas instituciones por el aumento de la cobertura desde el 2003.

2) FALSA AUTONOMIA: En Colombia nunca ha existido una autonomía universitaria que merezca de verdad ese nombre, porque la universidad pública se concibió como una institución ligada a diversas instancias del poder, como un mecanismo adicional de los engranajes clientelistas. Algunos pensaron que eso había cambiado luego de 1991, pero eso ha sido una quimera, puesto que tras el cambio constitucional se estableció una seudo-autonomia, como se demuestra con la composición de los Consejos Superiores, la máxima instancia de las universidades, que son controlados por sectores externos a las mismas y plegados al gobierno de turno. El asunto es tan grave que algunas universidades las han manejado en forma directa los paramilitares, como en la Costa Atlántica o la UIS. Y el control externo aumenta con la crisis estructural de tipo presupuestal, que maniata a cualquier gobierno universitario, por independiente que pudiera llegar a ser.

Para completar, la neoliberalización de las universidades ha venido acompañado de una batería de controles evaluativos cada vez más enmarañados y burocratizados –de una burocracia externa a la universidad y sujeta a la lógica gerencial–, entre los que sobresalen la acreditación y las formas de medición cuantititativas. El último de esos controles es el de la “vigilancia especial” (reglamentado en la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014), ejercido directamente por el gobierno central a través del MEN, en cuya página oficial se dice: “En materia de vigilancia, el proyecto establece visitas generales a las IES, realización de auditorías sobre los procedimientos financieros y contables, solicitud de información detallada en materia financiera a los directivos de la Institución, así como hacer acompañamiento permanente a la misma para implementar medidas encaminadas al restablecimiento de la continuidad del servicio y el mejoramiento de su calidad”. Como para que no hayan dudas sobre lo que se pretende -esto es, eliminar la idea de autonomía universitaria- se agrega: “Entre las medidas se encuentran: la designación de un Inspector in situ, para que vigile permanentemente la gestión administrativa o financiera de la IES; la suspensión temporal de los registros calificados de los programas académicos, o el trámite de solicitudes de nuevos registros o renovaciones mientras se restablezca la prestación normal del servicio”. De igual forma, se “contempla que el MEN pueda ordenar la constitución de una fiducia en la Institución para el manejo de sus recursos y rentas con el fin de que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en actividades propias y exclusivas de su misión social”.

Con esta Ley desaparece la poca autonomía que pudiera quedar, hasta el punto que el MEN asume labores cuasi-policiales al abrogarse el derecho de “Interrogar dentro de las actividades de Inspección, bajo juramento o sin él, a cualquier persona de la Institución de Educación Superior o terceros relacionados, cuya declaración se requiera para el examen de hechos relacionados con esa función” (Artículo 7, punto 5). Hemos regresado al control absoluto de las universidades públicas por parte del Estado, con un concepción entre neoliberal y medieval, que nos hace retroceder a la época de la República Conservadora (1886-1930) o del régimen ospinista y laureanista después del 9 de abril de 1948, cuando la educación era monitoreada en forma directa por el régimen y se expulsaba a quienes pensaran distinto o fueran críticos. En ese entonces la Universidad Nacional era funcional en términos ideológicos a esos regímenes conservadores y clericales, cuando fueron perseguidos los profesores incomodos, como Gerardo Molina, Diego Montaña Cuellar o Antonio García, lo mismo que se hace hoy con encarcelamientos, acosos y amenazas de muerte (como en el caso de Miguel Ángel Beltrán y otros profesores.)

3) RESTRICCIONES A LA DEMOCRACIA INTERNA: En Colombia, tanto el Estado como el bloque de poder siempre le han tenido miedo a la democracia real, aunque en el papel sean cultores de la formalidad democrática que se expresa en las elecciones periódicas. Ese miedo a la democracia es la manifestación del temor a aceptar que la gente piense, se organice y movilice en defensa de sus derechos y reivindicaciones. Ese miedo a la democracia y al pueblo ha derivado en un acendrado sentimiento anticomunista desde comienzos del siglo XX y que se proyecta hasta el momento actual. Dicho anticomunismo, ligado directamente a la contra-insurgencia, predica la existencia de un enemigo interior, enemigo de la nacionalidad y de los valores cristianos de los colombianos, al que debe perseguirse y eliminarse. Ese anticomunismo se encarna en el Estado, el bloque de poder contrainsurgente y sus medios de desinformación.

La universidad pública ha sido afectada de manera directa por esta doctrina anticomunista, como se evidenció desde el 8 y 9 de junio de 1954, cuando fueron masacrados en Bogotá once estudiantes, a los cuales la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla acusó de ser voceros del comunismo internacional, para justificar a posteriori su asesinato. Sobre el asunto, además, la dictadura patrocinó un infame libro en el que calumnió y mancilló la memoria de los jóvenes asesinados.

Ese lamentable acontecimiento fue el precursor de una actuación de larga duración que se prolonga hasta el día de hoy, y que ve en la universidad pública, en sus estudiantes y algunos profesores, a enemigos del Estado, que deben ser perseguidos y reprimidos, como se ejemplifica en estos momentos con todos los casos de “falsos positivos judiciales” aplicados a estudiantes de las universidades públicas de Bogotá y otros lugares del país. La estrechez mental de las clases dominantes y de sus medios de desinformación no pueden concebir que la universidad sea un espacio de debate, de deliberación plural, en el que coexistan diversas formas de ver el mundo y la sociedad. Tampoco pueden aceptar que en la universidad pública pueda germinar un pensamiento crítico e independiente que no acepta las verdades establecidas desde el poder, que desmonta sus mentiras y falacias, y propone otras formas de concebir los asuntos de la nación. Para contrarrestar esas voces críticas se recurre a la estigmatización de la universidad y sus miembros, se les criminaliza, se les asfixia y persigue. Y eso a pesar de que cada día son menos las voces críticas e independientes en el seno de la universidad pública, en virtud de su acelerada transformación en una fábrica de diplomas, donde estudian y enseñan personas que parecen robots amaestrados.

Las acciones represivas del Estado pretenden causar pánico, para que los estudiantes y profesores, presas del terror, no se organicen, ni se movilicen, ni luchen por defender sus propios derechos, ni propongan otro tipo de país. El Estado ha librado una guerra no declarada, profundamente antidemocrática en las universidades públicas (en donde ha combinado todas las formas de lucha), y si hoy se habla del desescalamiento del conflicto en las universidades, como punto de partida al Estado le corresponde desmontar los mecanismos de control, vigilancia, persecución, acoso de estudiantes y profesores, comprometerse a no criminalizar más al movimiento estudiantil y permitir que se expresen todas las voces, incluidas aquellas críticas con el régimen.

4). PREDOMINIO DE LA LÓGICA DE LA COMPETITIVIDAD: En la universidad colombiana impera la idea perversa que la educación no es un derecho sino una mercancía. Esto trastoca los valores que se le confieren a la educación, como formadora de seres humanos, y fomenta el exitismo bajo el lema de “competir o morir”, como argumento que justifica la retirada del Estado de sus compromisos educativos, para concentrar esa responsabilidad en el individuo, quien debe capacitar su propio “capital humano”. El demagógico programa de “ser pilo paga” es el ejemplo más reciente de este tipo de concepción, en que el Estado deja de financiar la oferta y subsidia la demanda, en favor de las universidades privadas, en una clara y tardía aplicación de la propuesta de Milton Friedman de los bonos educativos, formulada por primera vez en 1955. ¡Como para que se vea la originalidad y actualidad de que hacen gala los promotores de tan “novedosa” propuesta en Colombia!

El sofisma de la competitividad es una tendencia mundial propia de lo que yo denomino la “universidad de la ignorancia”, que condiciona el funcionamiento de la universidad pública, Comienza con los rankings, un odioso mecanismo nacional e internacional, que se establecen con el fin de justificar el reparto del presupuesto y generar una malsana competencia entre las universidades. Al respecto, ciertas instituciones privadas presumen de estar entre las primeras 400 universidades del mundo. Uno puede preguntarse: ¿eso para qué le sirve al país real, de la misma forma en que vale demandarse en qué beneficia al país que la selección Colombia figure en el cuarto puesto del ranquin de la FIFA?. ¿Acaso eso implica que más gente esté mejor educada, o que los estudiantes y profesores sean más cultos y sabios o, en el caso del futbol, haya mejorado la educación física de millones de colombianos? Dudoso pensarlo al conocer, por ejemplo, la inversión en ciencia e investigación que hace el Estado colombiano, que según el Banco Mundial fue del 0.17% del PIB en el 2014, una cifra insignificante, mientras que la de Brasil fue de 1.21%, la de Uruguay del 0.43%, la de Cuba de 0.42%, la de México del 0.43%, para no hablar que la de Finlandia (cuyo nivel educativo anuncia el gobierno que alcanzara en los próximos años) es del 3.55%. (http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS) ¿A ese ritmo cuantos siglos necesitamos para alcanzar el nivel educativo de los finlandeses? ¿O es que el gobierno está hablando de los filandeses de Filandia (Quindio)?

A propósito de los ranquings y clasificaciones educativas, al Estado colombiano le acontece como a los técnicos de futbol resultadistas con malos resultados, porque la participación en las detestables pruebas PISA es vergonzosa, puesto que siempre quedamos de últimos. Resulta paradójico que un sistema educativo que exalta la competencia, el éxito y el triunfo como signos distintivos de la “buena educación”, lo único que tenga para mostrar sea el puesto 60, el último en las pruebas PISA. Se dirá que esto no importa, porque esas pruebas no miden a la educación universitaria, pero si indica que los neoliberales criollos que tanto exaltan la competitividad, como valor fundamental de la educación, son mediocres entre los mediocres.

Aparte de los ranquings todo se mide en forma cuantitativa en las universidades: número de programas acreditados, cantidad de grupos de investigaciones avalados por COLCIENCIAS, clasificación de esos grupos en diversos rangos del mismo COLCIENCIAS, cantidad de artículos y patentes producidas por los profesores o investigadores, número de artículos publicados en revistas indexadas, participación en seminarios nacionales o internacionales que se respaldan con una constancia o un certificado. En cuanto a los estudiantes sucede lo mismo, el peso de lo cuantitativo: resultados en los exámenes Saber Pro, número de créditos, permanencia en las universidades, promedio de notas… para que entre ellos mismos predomine la competencia y el individualismo egoísta.

La conclusión que se deriva de estas cuestiones indica que la universidad hoy existente ha trastocado los valores clásicos de la educación, tales como la solidaridad, la ayuda mutua, la empatía, la fraternidad, el respeto… para implantar otros antivalores: la lucha a muerte, imponerse sin medir en los medios utilizados, alcanzar los resultados al costo que sea, el fraude, la mentira, el engaño (es decir, con plagio, copia, compra de tesis o trabajos, como lo “enseñan” los hijos de un ex presidente de la República y muchos parlamentarios). Esa lógica mercantil y competitiva ha transformado a las universidades en centros no del saber sino de la ignorancia generalizada, que venden títulos, sin importar si quienes los compran han aprendido o saben algo, a partir de la falacia que solo deben existir los programas académicos que sean rentables y se deben eliminar aquellos saberes (como las humanidades y las ciencias sociales) que no producen ganancias. De ese tipo de ignorantes que genera la universidad mercantil está lleno este país, y muchos de ellos ocupan curules en este recinto.

Para decirlo en forma directa: la universidad colombiana actual es una institución en la que se han impuesto los principios fascistas que imperan en el deporte (como lo ejemplifica la FIFA), que son los mismos de la guerra: el individualismo, el egoísmo, el racismo, el clasismo, el exitismo, el aplastar al otro sin importar los medios empleados. Por supuesto, en una universidad como esta no importa el saber, porque como lo ha dicho Umberto Eco en su novela Número Cero: “Los perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más que los ganadores. Si quieres ganar, tienes que concentrarte en un solo objetivo, y más te vale no perder el tiempo en saber más: el placer de la erudición está reservado a los perdedores”.

Esta universidad competitiva, de los ganadores, de la ignorancia es una institución funcional y complementaria al conflicto interno que se vive en Colombia desde hace más de medio siglo. Por lo tanto, esa universidad tal y como está diseñada en la actualidad (desfinanciada, sin autonomía, antidemocrática y mercantil) no sirve para pensar y construir otra sociedad, que es algo que tarde o temprano se derivará si se firman los acuerdos que cierren el conflicto armado en Colombia. Como no podemos aceptar que el fin de ese conflicto sea la simple desmovilización y desarme de los insurgentes –como lo piensan el Estado y el bloque de poder contrainsurgente– sino que pensamos que de allí se deben derivar reformas y transformaciones estructurales, siempre aplazadas en Colombia. Eso mismo se debe hacer extensivo a la universidad pública, que necesita recuperar ese carácter, recibir financiación completa y adecuada del Estado, ser de verdad autónoma para que la comunidad universitaria pueda elegir su propio gobierno universitario y agenciar sus asuntos internos, recuperar su carácter democrático como espacio de debate y deliberación, donde germinan propuestas de construcción de nación a favor de las grandes mayorías de este país, y centrarse en los valores esenciales de la educación concebida como un derecho y no como una mercancía.

Renán Vega Cantor. Profesor Universidad Pedagógica Nacional. Miembro de ASPU-UPN.
Rebelión