El papel de las Zidres en la transformación del despojo en “agronegocio”

I.

En una especie de “Consejo comunal”, realizado en Orocué (Casanare) el 29 de enero de 2016, fue expedida por el presidente Juan Manuel Santos la ley 1776 o ley de Zidres (Zonas de interés de desarrollo rural, económico y social). El acto contó con la participación de representantes de diversas instituciones como el Consejo Gremial Nacional, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Universidad de La Salle. Entre los asistentes destacó la presencia de Gustavo Grobocopatl, conocido en Argentina como “el rey de la soja”[1], quien asesoró la Comisión integrada por el Ministerio de Agricultura, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Colombiana Internacional (CCI) en el dictamen sobre la capacidad de los suelos de la Altillanura para adecuarse al cultivo de soja. A partir del Informe entregado por esta Comisión, el presidente Santos planteó la meta de sembrar un millón de hectáreas de soja y un millón y medio de hectáreas en maíz, inicialmente en la Altillanura, la Mojana, Urabá y la Guajira. Las Zidres son la punta de lanza de un proceso de “colonización corporativa” que cubrirá siete millones de hectáreas.

Simultáneamente, fue anunciada la constitución de la primera Zidre del país denominada por el gobierno “El Porvenir” y por los campesinos casanareños “El englobado”. El proyecto tendrá, según anunció el ministro Aurelio Iragorri Valencia, 42.000 hectáreas donde se asentarán 1.000 familias, que serán la fuerza de trabajo de los proyectos de siembra de soja y maíz. Cabe destacar algunos aspectos de este primera Zidres por cuanto contiene los rasgos centrales de lo que podría denominarse como el enclave agropecuario del siglo XXI. Las tierras donde se formará pertenecían al fallecido jefe paramilitar Víctor Carranza Niño[2], quien las apropió siguiendo una metodología que -más o menos- comprende los siguientes pasos: en primer lugar, masacrando, asesinando o desterrando o sus poseedores con el respaldo o connivencia de las autoridades civiles y militares de la región; en segundo lugar, obteniendo la titulación -entre diversos “prestanombres” y testaferros- por parte del Incoder; en tercer lugar, englobando las distintas porciones de terreno en un solo latifundio que los campesinos llaman con sarcasmo: “El englobado”.

Por mandato de la ley 160 de 1994, las tierras en cuestión deberían ser adjudicadas al campesinado desposeído porque son baldíos de la Nación que fueron usurpados, sin embargo, el gobierno tiene otros planes, consistentes en establecer el “Condominio Agropecuario Asociativo: El Porvenir” en el que a cada familia le serán permitidas cinco hectáreas para plantar cultivos de pancoger, es decir 5.000 hectáreas (equivalentes a cinco Unidades Agrícolas Familiares), mientras el resto de las tierras, 37.000 hectáreas, ingresaran al agronegocio de la soja y el maíz. No habrá allí titulaciones familiares, sino una única propiedad gestionada por el empresario, y los campesinos no serán asalariados sino “socios” del proyecto.

II.

La ley Zidres contempla que todo emprendimiento será desarrollado por un “inversionista” que recibirá de parte del Estado créditos -a través del Fondo Agropecuario de Garantías (Finagro)- de hasta 100% del valor del proyecto, exenciones tributarias, infraestructura, servicios públicos, asistencia técnica, préstamo de maquinaria y equipos, zonas francas agroindustriales para el comercio de la producción y un plazo de tres años para iniciar los cultivos. El Estado no aporta la fuerza de trabajo, pero insta y prácticamente chantajea [3] a las comunidades rurales para “asociarse” con los empresarios. En los casos en los que el Estado no concesiona la tierra, presiona a los propietarios, poseedores, ocupantes o reclamantes a su “alquiler” [4]. En última instancia el gobierno puede apelar a la declaratoria de “utilidad pública” para disponer de cualquier territorio - indiferentemente que los predios cobijados sean de propiedad privada o pública- e incorporarlo a las Zidres.

Como puede observarse el esquema de promoción de las Zidres es absolutamente ventajoso para el capitalista, quien seguramente se dispondrá a controlar políticamente a los trabajadores, a vender paquetes tecnológicos de agro-tóxicos, a colocar a su conveniencia los precios de las cosechas (commoditizadas) y a recibir las ganancias. Extraño capitalismo en el que el capitalista puede no colocar ni un centavo, no poner ni un metro de tierra, no pagar nunca un salario, tampoco impuestos, ni alquiler de maquinaria, y al que la compra de las cosechas le es garantizada no por las leyes del mercado sino del Estado. Valga decir que el modus operandi de todo este negocio guarda cierta semejanza con el modelo de gestión agrícola vigente en China, país que tiene 95% de autosuficiencia en granos y cuya política agraria sustenta el proceso de industrialización de las tres últimas décadas, con la diferencia que allí el Estado asume el papel de “capitalista colectivo ideal” que impulsa a las familias campesinas y las comunidades rurales organizadas a producir bajo determinadas políticas. Dicho “modelo” funciona prescindiendo del capitalista individual (o el mal-llamado inversionista).

III.  

La ley Zidres marca la pauta para la re-valorización especulativa de la tierra ya inserta en la frontera agrícola, la colonización y valorización de las tierras baldías, la aceleración de la descomposición de las economías campesinas tradicionales y de las regiones de colonización agraria, induciendo igualmente mecanismos de coacción sobre las comunidades negras, indígenas y las reservas campesinas para que integren sus territorios al agronegocio.

Dado el excepcional alcance de la ley, no es excesivo que el gobierno las catalogue como el “nuevo modelo de desarrollo económico regional”. Un modelo de desarrollo que acentúa la economía primario-exportadora, la desnacionalización y deformación del aparato productivo, potencia el desarrollo regional desigual, suprime los precarios alcances de la descentralización político-administrativa, reafirma la entrega del mercado agroalimentario a las transnacionales, estimula la concentración de la tierra y la monopolización de la producción agraria, legaliza la restauración de relaciones de trabajo pre-capitalistas[5] y refuerza la devastación del territorio y los recursos naturales mediante la profundización de la “revolución verde”.

En esta ley, -rizomática en la panoplia normativa puesta en marcha por el gobierno para avanzar en la profundización del capitalismo dependiente-, se condensan elementos de la política de concesiones mineras, del esquema de financiación de vías 4G y se desenvuelven los propósitos del “Libre Comercio”.

Con la expedición de esta ley el gobierno Santos vuelve a mostrar no solamente que juega una doble agenda, sino que ha optado por “resolver” la crisis de dominación por derecha, esto es instituyendo un tipo de propiedad de hecho, que sin resolver las demandas campesinas de restitución, formalización y titulación de la tierra, abre las puertas para su explotación y titularización.

Las Zidres hacen evidente que la restitución de tierras[6] y la “reforma rural”, concertada con las FARC-EP sobre el punto 1 de la agenda, pasan a un muy segundo plano, y que en la política agraria continúan prevaleciendo los intereses del bloque de poder terrateniente en el cual convergen: el Banco Mundial[7], el cual reclama de tiempo atrás condiciones de seguridad[8] para la inversión extranjera; las trasnacionales y latifundistas que acapararon baldíos de forma ilegal a expensas de la violencia y el fraude; y los gremios agroindustriales, en particular la SAC e Indupalma, quienes exigen que el Estado satisfaga los intereses rentísticos de sus asociados.

En síntesis, la ley Zidres es el puente que comunica la gesta del despojo con el pleno despliegue del agronegocio, un puente que aunque retóricamente presentado como progresista, puede estarse quebrando por el desarrollo de las contradicciones sociales que acentúa.

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Notas

[1] En Argentina, la soja pasó de 7 millones de hectáreas cultivadas en 1988 a 13 millones de hectáreas en 2002, sus efectos han sido la tendencia a la concentración de la tierra, reducción de la actividad ganadera (carnes y lácteos), dependencia tecnológica y financiarización de la agroindustria, la cual se vuelca fundamentalmente al mercado externo.

[2] Carranza forjó su emporio mafioso contando con el respaldo de la oligarquía liberal-conservadora. Turbay le adjudicó dos baldíos y los gobiernos de Misael Pastrana y de López Michelsen le concedieron la explotación de las minas esmeraldíferas. En años recientes apoyo las campañas de Uribe Vélez e igualmente fue muy cercano al presidente Santos. Ver: Giraldo y Cepeda, Víctor Carranza: alias el patrón, Debate, Bogotá, 2012.

[3] “ Cuando el campesino, trabajador agrario ocupante o poseedor de buena fe, cumpla con los requisitos que distinguen al pequeño productor y no cuente con título que acredite la propiedad de la tierra sobre la que este desempeña sus labores agrarias, el Gobierno nacional garantizará la titularidad de dichos predios mediante un plan de formalización de la propiedad de la tierra dentro de las Zidres” .

[4] “ El capitalista podrá: arrendar, utilizar, explotar, adquirir, recibir en aporte predios obtenidos lícitamente o asociarse con los propietarios que no deseen desprenderse del derecho de dominio, posesión, uso o usufructo, hasta completar el área requerida para el proyecto productivo”.

[5] Las Zidres recrean elementos de las diversas formas de sujeción de la fuerza de trabajo ( agregadurías, concertajes, terrajes y aparcerías) que estuvieron vigentes hasta entrado el siglo XX.

[6] Los artículos 26 a 29 liquidan “la restitución de tierras”. En ellos se legisla el ingreso de las tierras restituidas a los proyectos de las Zidres y es permitida su venta a los empresarios después de dos años, se acepta que las tierras sobre las que pesa “declaración por desplazamiento forzoso” de sus habitantes podrán formar parte de las Zidres con el aval de los Comités de Justicia Transicional, se admite que las tierras con “medidas de protección individual” también podrán hacer parte de las Zidres mediando “la voluntad y el levantamiento de la previo de la medida por parte del respectivo propietario”, y se consagra que las zonas de reserva campesina y territorios colectivos podrán incluirse en las Zidres.

[7] Según el Banco Mundial: “ El sector rural en Colombia goza de una gama abundante de recursos. (…) 60 millones de hectáreas de bosque, incluyendo solamente 477.575 hectáreas gestionadas actualmente como plantaciones comerciales (IGAC, 2012); Recursos hídricos abundantes que pueden ser explotados para la generación de energía, la agricultura y una amplia gama de usos industriales; Recursos extractivos (minerales y energía) que podrían convertirse en una importante fuente de ingresos para las poblaciones rurales; Una rica diversidad biológica que proporciona muchas oportunidades de generar riqueza a través de la biodiversidad y los servicios ambientales; Paisajes atractivos que podrían ser la base para el turismo sostenible como fuente de generación de ingresos para las poblaciones rurales (…) “Se ha estimado que alrededor de dos tercios (68 %) de las tierras en las zonas rurales se mantienen sin títulos de propiedad, y el 44% de las zonas rurales no están incluidas en el catastro. (…) garantizar una mayor seguridad de la tenencia será importante no sólo para los colombianos, sino también para el creciente número de inversionistas extranjeros que están expresando interés en inversiones comerciales agrícolas y agroindustriales en Colombia”. Hacia la paz sostenible, (2014).

[8] Entre 2002 y 2012, las inversiones del Banco Mundial en agricultura se cuadruplicaron, alcanzando 8.000 millones de dólares. Moritz, Tenthoff, Informe de Justicia Agraria del Transnational Institute, Abril de 2013, p.16.

Revista Izquierda