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La condena de Lula es parte de la contrarreforma
El juez Sergio Moro no solo condenó a Lula. Dejó al político más popular de la historia brasileña cerca de la inhabilitación política cuando faltan solo 15 meses para las elecciones presidenciales. Ahora todas las miradas se posan en los camaristas. Si mantienen la condena, Lula no podrá ser candidato en octubre de 2018 y Brasil podría seguir en manos de un gobierno que represente la constelación de poder formada por los bancos transnacionales, los grandes grupos nacionales de la industria y las finanzas, los oligopolios mediáticos, una parte decisiva del Poder Judicial y las aristocracias políticas estaduales con representación parlamentaria.
Con su sentencia contra Luiz Inácio Lula da Silva, Moro contestó el dilema que se planteaban los dirigentes del Partido de los Trabajadores en los últimos meses. Unos decían: “Si Lula sigue creciendo en popularidad será cada vez más difícil que un juez lo condene, más aun cuando no hay pruebas suficientes contra él”. Otros reponían: “Incluso sin otras pruebas que simples palabras Moro lo condenará justamente porque Lula viene creciendo en las encuestas. Si el juez no falla contra él, ¿qué sentido habrá tenido el golpe contra Dilma Rousseff dado por el establishment brasileño?”. El segundo planteo demostró ser el más aproximado a la realidad.
Tras un año de oscuridad frente a los sectores populares la figura de Lula recuperó buena parte de su imagen positiva. La última encuesta fue difundida el 26 de junio por Datafolha, que pertenece a un grupo empresario antipetista con cabeza en el diario Folha de Sao Paulo. Si las elecciones fuesen ahora Lula ganaría la primera vuelta con el 30 por ciento frente al 16 por ciento del ultraderechista Jair Bolsonaro y el 15 por ciento de Marina Silva, la carta de Jaime Durán Barba para Brasil. Si Lula no fuera candidato, Marina vencería a Bolsonaro.
Según el mismo sondeo, Lula le ganaría en segunda vuelta a Geraldo Alckmin, del conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña, a Joao Doria del mismo partido (el millonario que hoy está al frente de la intendencia de San Pablo), y a Bolsonaro. En cambio empataría con Marina Silva en un 40 por ciento.
El sistema de ballottage en Brasil es el clásico. Hay segunda vuelta salvo que en el primer turno el candidato obtenga el 50 por ciento de los sufragios más un voto. Lula dos veces y Dilma otras dos ganaron en las dos vueltas en 2002, 2006, 2010 y 2014.
Obviamente esta medición no tomó en cuenta la condena de Lula a manos de Moro. Si Lula no ve menguadas las intenciones de voto, la expectativa del PT sobre los camaristas de Porto Alegre tiene en cuenta tres escenarios y se esperanzan con un antecedente. El peor escenario es que confirmen la sentencia de Moro antes de octubre de 2018 e invaliden de ese modo los derechos políticos de Lula. El segundo escenario es que no se pronuncien y dejen a Lula bajo sospecha pero con derechos políticos. El mejor escenario es que den vuelta el fallo de primera instancia. La esperanza del PT tiene un antecedente con nombre y apellido: Joao Vaccari. Se trata del tesorero del partido que fue absuelto por este mismo tribunal federal con sede en Porto Alegre que debe resolver la suerte cívica de Lula. El defensor Luis Flavio Borges en la causa abierta contra Vaccari --fue acusado por supuesta participación en el esquema de coimas de Petrobrás-- felicitó a los camaristas porque “la acusación y la sentencia se habían basado solo en la palabra de un delator”. Moro había condenado a Vaccari a 15 años de prisión.
La condena de Moro contra Lula se produce justo al día siguiente de que el Senado dio la media sanción que faltaba a una ley de reforma laboral que liquida el poder de negociación de los sindicatos, destruye los convenios colectivos, inventa una figura de empleo intermitente y, a contramano del mundo, sube la cantidad de horas de trabajo. El presidente de facto Michel Temer impulsó la ley regresiva a pesar de que tiene solo el 7 por ciento de popularidad y está acusado por coimas. Nadie apostaría ni una caipirinha por su continuidad en el cargo. Si cayera, de todos modos, sería reemplazado por un político designado por los dos tercios del Congreso hasta completar el período, que se cumple el 31 de diciembre de 2018.
Con o sin Temer, el ataque contra la protección laboral y la sentencia contra Lula son parte del mismo golpe: impedir que el PT renazca, ya que hoy solo cuenta con el ex presidente como candidato viable, y consolidar en el tiempo lo que el ex asesor de Lula y Dilma llama “la Contrarreforma”. O sea la vuelta de Brasil a los tiempos de la esclavocracia.
