Perú: Sigue la huelga de los mineros de Arequipa. La represión causó seis muertos

Unos 2000 pobladores del departamento peruano de Arequipa, en el sur del país, se reunieron ayer en la Plaza de Armas central para iniciar el segundo día de huelga de 48 horas, que une diez departamentos contra el proyecto minero Tía María. La Confederación de Instituciones Privadas del Perú (Confiep), el mayor gremio empresarial del país, expresó el jueves su "preocupación" por la violencia en las recientes protestas contra las inversiones mineras, y reclamó mayor "firmeza" (eufemismo por represión) contra los manifestantes.

La movilización partió antes del mediodía local con banderas y pancartas; los manifestantes dejaron a su paso piedras y gritaron “Agro sí, mina no”. La multitud fue perseguida por un gran contingente policial, que no pudo evitar que los manifestantes tomaran más de una vía de la ciudad capital, también llamada Arequipa. En la víspera, pobladores bloquearon con dos camiones la carretera Panamericana Sur, que une el departamento con Lima.

La represión estastal a la protesta contra Tía María, de la Southern Perú Copper Corporation del Grupo México SAB, dejó un saldo de al menos 6 muertos y más de 120 heridos y es protagonizada desde hace dos meses por pobladores de Islay. Todos los informes confirman que los destrozos de la multinacional causarán daños ecológicos en una zona históricamente dedicada a la agricultura. La Southern dice que cuenta con estudios ambientales que descartan los riesgos, pero los pobladores no los admiten por ser tendenciosos; sólo aceptan la cancelación del proyecto. Las manifestaciones han despertado simpatías hacia los islaínos, sobre todo en zonas donde también hay problemas con la minería multinacional, que constituye la matriz productiva del Perú.

Al cabo de dos meses de protestas, con bloqueo de rutas, cierre de comercios y estado de excepción, el Gobierno del "progresista" Humala ordenó la militarización de la zona para proteger este proyecto cuprífero de 1400 millones de dólares de la minera Southern Perú, que ha repartido abundantes sobornos.

A pesar de los seis asesinatos de manifestantes, la dirigencia empresarial deploró que las leyes peruanas hubieran permitido liberar a los manifestantes que fueron detenidos por la policía durante las protestas. “Nos preocupa mucho que las leyes sean tan laxas”, señaló.