[Cast/Gal] Avanza la paz en Colombia

Articulo escrito originalmente en galego, traducido por La Haine-Galiza

Castellano

El proceso de paz colombiano ha logrado un gran impulso este miércoles 23 de septiembre con la divulgación del comunicado conjunto sobre la “Creación de una jurisdicción especial para la paz”[1].

En presencia de Raúl Castro, el comandante en jefe de las FARC-EP Timoleón Jiménez y el presidente de Colombia Juan Manuel Santos han dado a conocer un texto de diez puntos donde ratifican los acuerdos alcanzados hasta el momento en materia de “reforma rural integral”, “participación política” y “solución al problema en materia de drogas ilícitas”- ya divulgadas por Iván Márquez en la entrevista publicada en Sermos Galiza b 149-, y marcan el 23 de marzo como fecha límite para firmar el acuerdo definitivo.

El contenido y solidez del documento, plasmado en un histórico apretón de manos entre Timochenko y Santos, permite calibrar el grado de consistencia y voluntad de culminar con éxito un proceso, que (a diferencia de los anteriores Caracas-Venezuela 1984, Tlaxcala-México 1992, Caguán-Colombia 1998 ) concluirá con profundas transformaciones jurídico-políticas al servicio de las inmensas mayorías excluidas y oprimidas de Colombia.

 Justicia transicional

El acuerdo de justicia transicional está basado en la lógica de conocer la verdad del conflicto y reparar a las víctimas, evitando así perpetuar la impunidad del terrorismo de Estado y del paramilitarismo. Mediante la creación de un tribunal especial y salas ad hoc se emitirán condenas de “privación de libertad” a quien colabore con la restitución de la verdad, que no tienen que ser cumplidas en prisiones. Y penas de cárcel de hasta 20 años a quien no colabore en el conocimiento de los delitos y crímenes cometidos contra el pueblo colombiano. De este modo no habrá “ley de punto final” o ley de la amnistía como la española que actualmente imposibilita juzgar crímenes del franquismo, pues se “investigará”, juzgará y sancionará a los responsables de los delitos cometidos durante el conflicto”.

Será decretada una amnistía para delitos políticos, quedando excluidos los crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, torturas, o delitos sexuales, que prácticamente sólo afectan al Ejército, a los cuerpos policiales y paramilitares.

El acuerdo está concebido como un sistema integral basado en cuatro componentes: verdad, justicia, reparación de las víctimas y no repetición. Cuenta con el aval de las organizaciones populares y de la inmensa mayoría de las asociaciones y familiares de los más de 200 mil civiles muertos de las y los que sólo 20% son combatientes.

Proceso novedoso que sienta precedente para otros escenarios

Los acuerdos de paz que tuvieron lugar en Centroamérica a inicios de la década de los noventa del siglo XX certificaron la derrota política y militar de la insurgencia guatemalteca y salvadoreña. En este caso el proceso no emana de una situación internacional adversa para la guerrilla (desaparición de la URSS), ni de una derrota o colapso militar.

Es precisamente la imposibilidad de la oligarquía colombiana y del imperialismo norteamericano de derrotar en el campo de batalla a las FARC tras la aplicación del “Plan Colombia” en 2002, pero también a la incapacidad de la guerrilla comunista de tomar el poder por la vía armada, lo que provoca un empate estratégico que permite abrir en Oslo, en noviembre de 2012, el proceso de negociación en curso.

Superado principal obstáculo

El acuerdo en materia de “jurisdicción especial para la paz” era el mayor obstáculo del proceso y, contrariamente a lo que se puede pensar, no sólo implica a combatientes. Será aplicado a todos aquellos que ampararon, financiaron y adoptaron decisiones políticas que permitieron implementar durante más de 50 años esta brutal guerra contra el pueblo trabajador colombiano.

La inmensa mayoría de los delitos que serán juzgados fueron y son cometidos por las fuerzas militares y policiales del Estado y por los grupos paramilitares.

El acuerdo va acompañado de la necesidad de dotarse de un conjunto de garantías que eviten la repetición del terrorismo oligárquico, la necesidad de erradicar y desmantelar el paramilitarismo de Colombia, y solucionar las causas que provocaron el legítimo ejercicio del derecho a la rebelión armada.

A lo largo de este año 2015, con unas FARC en tregua unilateral, son varios cientos el número de activistas de los derechos humanos, de dirigentes agrarios y sociales, de sindicalistas y militantes de la izquierda, asesinados por los escuadrones de la muerte asalariados de las multinacionales y los dueños del País.

Peligros del proceso

Sin lugar a dudas el genocidio cometido contra la Unión Patriótica por el terrorismo estatal y el paramilitarismo, saldado con el exterminio físico de más de 5.500 militantes en los años posteriores a 1985, está muy presente en la memoria colectiva de la insurgencia. La mayoría de Colombia reclama una refundación del País sobre unas nuevas bases para iniciar en paz la edificación de una sociedad democrática, con justicia social en una Patria nueva y soberana.

La oposición radical a los términos del acuerdo que encabeza el uribismo es sin lugar a dudas el mejor aval para diagnosticar el importante logro de los términos alcanzados por la guerrilla comunista en La Habana.

Respecto a la “desmovilización” y “ la entrega de las armas”, el documento recoge que en un máximo de sesenta días tras la firma del acuerdo final de paz, las FARC dejarán de emplear los fusiles y tendrán todas las garantías políticas y jurídicas para transformarse en un movimiento político. Los términos hablan de dejación, no de entrega.

Una serie de mecanismos democráticos permitirán refrendar mediante consulta popular el acuerdo final como paso previo para la apertura de un proceso constituyente.

Sin embargo, los próximos seis meses serán determinantes para constatar si realmente el Estado oligárquico y criminal contra el que se levantaron un puñado de campesinos dirigidos por Manuel Marulanda y que conformaron en 1964 las actuales FARC-Ejército del Pueblo, el mismo Estado que asesinó en 2010 a Mono Jojoy y en 2011 a Alfonso Cano para precisamente imposibilitar la apertura de este proceso, cumplirá los compromisos y acuerdos adquiridos en La Habana.

La correlación de fuerzas entre las fracciones de la oligarquía permitirá comprobar la fortaleza del gobierno Santos ante los inmensos poderes del complejo militar-industrial que alimenta la guerra como un suculento negocio, de los latifundistas que se apropiaron de millones de hectáreas expulsando a los campesinos, de las multinacionales que saquean las riquezas minerales, energéticas y materias primas, del narcotráfico como poder fáctico infiltrado en el aparato del Estado.

Para ser real y duradero, este acuerdo de paz tendrá que ir acompañado por la negociación política con el ELN y con el resto de organizaciones político-militares revolucionarias de menor dimensión.

Pero también será imprescindible la articulación de un bloque popular hegemónico en torno al proyecto marxista-leninista y bolivariano de las FARC, que permita abrir un proceso constituyente.

El objetivo será recuperar la plena soberanía nacional frente al imperialismo norteamericano y avanzar en la integración bolivariana de la Patria latinoamericana, sentando las bases para transitar al socialismo.

Galiza, 26 de setembro de 2015

 [1] El documento pude ser consultado em http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/3047-comunicado-conjunto-sobre-el-acuerdo-de-creacion-de-una-jurisdiccion-especial-para-la-paz

Galego

O processo de paz colombiano logrou um grande impulso quarta-feira 23 de setembro com a divulgaçom do comunicado conjunto sobre a “Criaçom dumha jurisdiçom especial para a paz”[1].

Em presença de Raúl Castro, o comandante-em-chefe das FARC-EP Timoleón Jiménez e o presidente da Colômbia Juan Manuel Santos dérom a conhecer um texto de dez pontos onde ratificam os acordos atingidos até o momento em matéria de “reforma rural integral”, “participaçom política” e “soluçom ao problema das drogas ilícitas” –já divulgados por Iván Márquez na entrevista publicada no Sermos Galiza 149-, e agendam 23 de março como data límite para assinarem o acordo definitivo.

O conteúdo e solidez do documento, plasmado num histórico aperto de mao entre Timochenko e Santos, permite calibrar o grau de consistência e vontade de culminar com êxito um processo, que (à diferença dos anteriores Caracas-Venezuela 1984, Tlaxcala-México 1992, Caguán-Colômbia 1998) concluirá com profundas transformaçons jurídico-políticas ao serviço das imensas maiorias excluidas e oprimidas da Colômbia.

 Justiça transicional

O acordo de justiça transicional está baseado sobre a lógica de conhecer a verdade do conflito e reparar as vítimas, evitando assim perpetuar a impunidade do terrorismo de Estado e do paramilitarismo. Mediante a criaçom de um tribunal especial e salas ad hoc emitirám-se condenas de “privaçom de liberdade” a quem colaborar com a restituiçom da verdade, que nom tenhem de ser cumpridas em prisons. E penas de cárcere de até 20 anos a quem nom colaborar no conhecimento dos delitos e crimes cometidos contra o povo colombiano. Deste modo nom haverá “lei de ponto final” ou lei de amnistia como a espanhola que atualmente impossibilita julgar crimes do franquismo, pois se "investigará, julgará e sancionará os responsáveis dos delitos cometidos durante o conflito".

Será decretada umha amnistia para delitos políticos, ficando excluidos os crimes de lesa humanidade como desapariçons forçadas, torturas ou delitos sexuais, que praticamente só afetam ao Exército, aos corpos policiais e paramilitares.

O acordo está concebido como um sistema integral alicerçado sobre quatro componentes: verdade, justiça, reparaçom das vítimas e nom repetiçom. Conta com o aval das organizaçons populares e da imensa maioria das associaçons e familiares dos mais de 200 mil civis mortos, d@s que só 20% som combatentes.

 Processo novidoso que abre precedente para outros cenários

Os acordos de paz que tivérom lugar em Centroamérica a inícios da década dos noventa do século XX certificárom a derrota política e militar da insurgência guatemalteca e salvadorenha. Neste caso o processo nom emana de umha situaçom internacional adversa para a guerrilha (desapariçom da URSS), nem de umha derrota ou colapso militar.

É precisamente a impossibilidade da oligarquia colombiana e do imperialismo norteamericano de derrotar no campo de batalha as FARC após a aplicaçom do “Plano Colômbia” em 2002, mas também a incapacidade da guerrilha comunista de tomar o poder pola via armada, o que provoca um empate estratégico que permite abrir em Oslo, em novembro de 2012, o processo de negociaçom em curso.

 Superado principal obstáculo

O acordo em matéria de “jurisdiçom especial para a paz” era o maior obstáculo do processo e, contrariamente ao que se poda pensar, nom só implica a combatentes.
Será aplicado a todos aqueles que amparárom, financiárom e adotárom decisons políticas que permitírom implementar durante mais de 50 anos esta brutal guerra contra o povo trabalhador colombiano.

A imensa maioria dos delitos que serám julgados fôrom e som cometidos polas forças militares e policias do Estado e polos grupos paramilitares.

O acordo vai acompanhado pola necessidade de dotar-se de um conjunto de garantias que evitem a repetiçom do terrorismo oligárquico, a necessidade de erradicar e desmantelar o paramilitarismo da Colômbia, e solucionar as causas que provocárom o legítimo exercício do direito à rebeliom armada.

Ao longo deste ano 2015, com umhas FARC em trégua unilateral, som vários centenares o número de ativistas dos direitos humanos, de dirigentes camponeses e sociais, de sindicalistas e militantes da esquerda, assassinados polos esquadrons da morte assalariados polas multinacionais e os donos do País.

 Perigos do processo

Sem lugar a dúvidas o genocídio cometido contra a Uniom Patriótica polo terrorismo estatal e o paramilitarismo, saldado com o extermínio físico de mais de 5.500 militantes nos anos posteriores a 1985, está bem presente na memória coletiva da insurgência. A maioria da Colômbia reclama umha refundaçom do País sobre umhas novas bases para iniciar em paz a edificaçom dumha sociedade democrática, com justiça social numha Pátria nova e soberana.

A oposiçom radical aos termos do acordo que encabeça o uribismo é sem lugar a dúvidas o melhor aval para diagnosticar o importante logro dos termos atingidos pola guerrilha comunista em Havana.

Respeito a “desmobilizaçom” e “entrega das armas”, o documento recolhe que num máximo de sessenta dias após a assinatura do acordo final de paz, as FARC deixarám de empregar os fusis e terám todas as garantias políticas e jurídicas para se transformarem num movimento político. Os termos falam em deixaçom, nom em entrega.

Umha série de mecanismos democráticos permitirám referendar mediante consulta popular o acordo final como passo prévio para a apertura de um processo constituínte.

Porém, os próximos seis meses serám determinantes para constatar se realmente o Estado oligárquico e criminoso contra o que se levantárom um punhado de camponeses dirigidos por Manuel Marulanda e que conformárom em 1964 as atuais FARC-Exército do Povo, o mesmo Estado que assassinou em 2010 ao Mono Jojoy e em 2011 a Alfonso Cano para precisamente impossibilitar a abertura deste processo, vai cumprir com os compromissos e acordos adquiridos em Havana.

A correlaçom de forças entre as fraçons da oligarquia permitirá comprovar a fortaleza do governo Santos perante os imensos poderes do complexo militar-industrial que alimenta a guerra como um suculento negócio, dos latifundiários que se apropriárom de milhons de hetares expulsando aos camponeses, das multinacionais que saqueiam as riquezas mineiras, energéticas e matérias primas, do narcotráfico como poder fáctico infiltrado no aparelho de Estado.

Para ser real e duradoiro, este acpordo de paz tem que ir acompanhado pola negociaçom política com o ELN e com o resto das organizaçons político-mlitares revolucionárias de menor dimensom.

Mas também será imprescindível a articulaçom de um bloco popular hegemónico à volta do projeto marxista-leninista e bolivariano das FARC, que permita abrir um processo constituínte. O objetivo será recuperar a plena soberania nacional frente o imperialismo norteamericano e avançar na integraçon bolivariana da Pátria latinoamericana, sentando as bases para transitar ao socialismo.

Galiza, 26 de setembro de 2015

[1] O documento pode ser consultado em http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/3047-comunicado-conjunto-sobre-el-acuerdo-de-creacion-de-una-jurisdiccion-especial-para-la-paz