EEUU: 11-S, terrorismo de Estado

Por fin, y bajo presión de las familias de unas 3 mil víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11/S), Obama desclasificó en julio pasado 29 páginas censuradas por el entonces presidente Bush en 2002, del Informe senatorial sobre los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono.

El documento, bajo estricta vigilancia, se colocó en la bóveda de un sótano del Congreso. Se permitió acceso a los legisladores, con prohibición de tomar notas y bajo juramento firmado de no divulgar su contenido so pena judicial. ¿Por qué tanta restricción? Sin razones legítimas de seguridad nacional, la censura fue para encubrir la complicidad de funcionarios y agentes de Arabia Saudita en parte crucial de la armazón del 11-S, una suerte de Pearl Harbor para justificar un ambicioso y secreto diseño, el Project for a New American Century, PNAC, que incluye guerras de agresión (bajo el membrete de antiterrorismo) y un regime change en EEUU, ya que Bush asentó que la Presidencia tiene el poder de hacer a un lado estatutos aprobados por el Congreso cuando entran en conflicto con su interpretación de la Constitución.

Quien agregue las 29 páginas censuradas al contenido del informe bicameral descubre que Arabia Saudita es la nación extranjera involucrada y más mencionada en los ataques y que el secreto es porque de esas páginas se concluye que ni Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, Paquistán o Laos fueron colaboradores o encubridores de los ataques. Además, que desde septiembre 2000, un año antes de tomar el poder, Bush/Cheney habían decidido atacar Irak y a Hussein y no a Arabia Saudita: como parte del esquema del dominio global estaban los intereses de grandes monopolios de EEUU e Inglaterra por el acceso a yacimientos de Irak de alta calidad y bajo costo de extracción que Saddam había concesionado a firmas europeas y rusas. Como informó un analista del MI6, una vez Bush/Cheney en la Casa Blanca la acción militar contra Irak fue inevitable y los datos se manipularon de acuerdo con las decisiones políticas.

Detrás del PNAC estaban los multimillonarios contratos de reconstrucción de Irak que gestionaría la cúpula gubernamental de EEUU en torno al cuantioso gasto de un Departamento de Defensa (DoD) con sistemas de auditoría frágiles, por decirlo con generosidad. Bajo los neocon la canalización de riqueza de lo público a lo privado en EEUU se realiza por medio de novedosos sistemas de subrogación de cuanta función pública esté a mano: sea la evaluación estratégica, de logística, manejo de cárceles clandestinas, control de muchedumbres, interrogatorio de prisioneros (tortura), contrainsurgencia rural y urbana etcétera. Ya en 2004, con Bagdad e Irak hechos pedazos, Bush creó una oficina para coordinar la reconstrucción de países arrasados por EEUU y su posterior estabilización con represión, masacres de contrainsurgencia y operativos tipo Ayotzinapa.

Esa oficina en el Departamento de Estado que puso a cargo de Carlos Pascual, ex embajador en Ucrania (y en México), operaría con fondos del DoD. Su misión sería acelerar el traspaso de riqueza pública a los privados agilizando la gestión de contratos. En conferencia en un instituto en DC, reseñada por Naomi Klein, Pascual dijo que se trata de planes post-conflicto para 25 países que no están, todavía, en conflicto. Para Pascual, la reconstrucción y estabilización sería también capaz de coordinar tres operaciones totales de reconstrucción en países diferentes al mismo tiempo, con duración de cinco a siete años (ibid). Prometió que incluso los contratos de reconstrucción (de sistemas hidráulicos, electricidad, escuelas, hospitales, mercados arrasados por el bombardeo y la guerra) estarían listos a firmar antes de lanzar la guerra preventiva.

En 15 años desde el 11-S, son millones de bajas civiles, de desapariciones forzadas, de desplazados por la violencia, gran saqueo de Irak y otros países y del erario de EEUU. Como a mediados de 2016 auditores del DoD detectaron un inexplicable faltante estimado en ¡5.6 billones (trillions) de dólares! Los creadores y operadores del PNAC y sucesores ameritan atención de las Cortes Federales y desde luego, de la Corte Penal Internacional, si es que esa instancia atiende los crímenes de guerra del liderato de naciones 'indispensables'.

Las 29 páginas, tanto como la Constitución vigente en EEUU, el hábeas corpus consagrado en la Carta Magna, las Convenciones de Ginebra y en general el derecho penal internacional, son documentos con datos y principios estorbosos ya superados, según los neoconservadores de tiempos de Bush y de Obama. En el entusiasmo de empresas y altos funcionarios por estos contratos bajo sostén de un nuevo ¿orden? global se encontrará el motor del abandono de EEUU del derecho penal internacional y su endoso desde el 11-S a guerras de agresión, el mayor crimen en curso según las normas derivadas de los juicios de Nuremberg.

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