El acuerdo de paz deja intactas las causas del conflicto

El 23 de junio se ha bautizado como el último día de la guerra en Colombia [con permiso del ELN]. No  cabe duda de que el acuerdo entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) marca un momento histórico en el que por primera vez se firma un cese bilateral al fuego y el protocolo de dejación de las armas por este grupo insurgente, el cual por 52 años hizo uso del derecho a la rebelión contra una oligarquía excluyente, elitista y violenta.

Sin embargo, diversos sectores políticos, sociales y económicos no han dudado en calificar a este día como el fin de la confrontación militar en Colombia, más no como el fin del conflicto social, político y armado, ya que el modelo económico y político neoliberal  actual no se vio afectado por  el proceso de negociación, que deja intactas las causas del conflicto.

Historia y como se llegó al cese bilateral

El 22 junio de 1964, en la población de Marquetalia, en el Tolima, un grupo de campesinos y campesinas y sus familias decidieron empuñar  las armas a raíz del olvido del Estado y la falta de voluntad del Gobierno para escuchar a los labriegos. Ellas y ellas habitaban en una región donde escaseaban los alimentos, no había carreteras y donde las voces de las y los más pobres fueron invisibilizadas por los poderes políticos y la oligarquía colombiana. Esta situación de exclusión y pobreza los llevó a que empuñaran las armas y a ejercer su derecho a rebelarse en contra del estado plutocrático, conformando a las FARC-EP.

Para muchos analistas y activistas de los derechos humanos, las causas que generaron la guerra siguen intactas: la alta concentración de la tierra, los estrechos márgenes de participación del pueblo en la toma de decisiones de los rumbos del país, la precaria soberanía, la miseria y el desempleo siguen vigentes y generan conflictos violentos de forma cotidiana. Si bien el día 23 junio de 2016 es histórico y abre la posibilidad a que las FARC-EP aborden el camino de la política sin armas, la permanencia de una estructura económica y política excluyente y antidemocrática amenaza con que se repita la historia del genocido de la Unión Patriótica y que los nacientes proyectos políticos de las FARC sean exterminados a sangre y fuego, obligando a nuevas generaciones de colombianos y colombianas a  empuñar las armas nuevamente.

En el transcurso, nueve procesos fallidos de paz tuvieron que pasar para que hoy se pudiera  llegar a la firma del acuerdo del punto del fin del conflicto, mediante el cual  todas las condiciones de desarme y reinserción a la vida civil están acordadas.

Dos aspectos fundamentales

El primero es que las FARC hayan tomado la decisión de dejar las armas y actuar en el marco del sistema político colombiano. La presión militar que, con la ayuda norteamericana, causó la muerte de sus principales dirigentes como Alfonso Cano, Raúl Reyes y Mono Jojoy y cierto aislamiento y deslegitimidad en su accionar, con seguridad los empujaron por este camino.

El segundo, el hecho de que Juan Manuel Santos haya insistido en lograr este acuerdo de paz, a pesar de las resistencias de la ultradedecha representada en el ex presidente Uribe. Pero más allá de su voluntad, es claro que la burguesía colombiana -a la cual representa- ve en la paz una posibilidad de mayor inversión transnacional y el desarrollo de nuevas áreas rurales para el extractivismo minero energético.

 Que significa la implementación de los acuerdos

a. ¿Cese bilateral al fuego?

Este acuerdo marca un avance fundamental, ya que desde 2014 las FARC decretaron un cese unilateral de fuegos. Este cese unilateral fue cumplido cabalmente por la insurgencia, a pesar de las provocaciones gubernamentales y significa que ahora hay un compromiso de Santos de no atacar a las fuerzas insurgentes ya en proceso de desmovilización. Es un triunfo político, aunque tardío de las fuerzas populares que venían exigiendo este acuerdo.

b. Desarme y concentración

Se establecieron los procedimientos para el desarme, lo cual ocurrirá en un calendario que no va más allá de los seis meses. En diez regiones de Colombia se instalarán campamentos en los que el desarme se realizará poco a poco, con la entrega y destrucción de las armas, y en menos de un año se reinsertarán los miembros del grupo armado a la sociedad civil con las garantías políticas para convertirse en un movimiento o partido político. En este punto hay que decir que las FARC renunciaron a la opción del armisticio, figura mediante la cual las armas se entregan a un tercero para ser guardadas mientras que se implementan los acuerdos. También las FARC han reducido su petición de cerca de 80 zonas de concentración y de paz, a solamente 23.

c. Refrendación de los acuerdos

La refrendación, como se explica en el acuerdo, estará atenida a la decisiones de la corte constitucional en Colombia, quien será la encargada de decidir si avala el mecanismo de refrendación. Todo indica que ya hay avances en ese sentido y que, con la ponencia positiva por parte del magistrado encargado de presentar el proyecto, se dará vía para que los y las colombianas decidan las suerte de la implementación de los diálogos de paz entre Gobierno y FARC a partir de un plebiscito. Con este acuerdo se debilita la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, que durante tanto tiempo impulsaron las FARC.

Algunas de las cuestiones poco claras del acuerdo

Sin lugar a dudas, el acuerdo FARC – Gobierno Santos va más allá de la firma del acuerdo de paz y se proyecta a la actuación política de la desmovilizada insurgencia en las próximas contiendas electorales. Por el momento, las FARC y el Gobierno constituyen un bloque político que defiende los acuerdos a capa y espada. En este terreno quedan dudas de cómo va a ser el tratamiento a la protesta social, la cual puede ser encasillada de forma ligera como contraria al ambiente de paz.

Este tipo de señalamientos es frecuente en el discurso oficial y fue aplicado a la reciente Minga Nacional, como una forma de legitimar la represión y la judicialización de dirigentes sociales, que dejó un saldo trágico de tres personas muertas, varios heridos y detenidos.

Por otro lado, en el discurso de Juan Manuel Santos quedó claro que las negociaciones con el  Ejército de Liberación Nacional-ELN todavía están postergadas. El mandatario no dudó en calificar que en el camino de la refrendación será eliminado cualquier grupo que se oponga a lo estipulado en la mesa de negociación de la habana, y no dudó en meter a este  grupo insurgente –que viene en una fase exploratoria de diálogos–, en el mismo saco que a las bandas criminales.

El proyecto político de las FARC

Tal y como lo expresó Santos, este acuerdo puede significar el fin de la FARC, no solamente como grupo armado, sino como proyecto político. Ello dependerá o no de que la oligarquía permita esta vez el ejercicio de la oposición a un grupo desmovilizado de izquierda y, por otro, de que las FARC logren mantener su ideario y hablarle al país, recomponiendo su imagen, planteando alternativas creíbles a la fuerte crisis por la que sigue atravesando la sociedad colombiana y cambiando su imagen autoritaria por una más cercana a los intereses de las mayorías nacionales.

Marcha / La Haine