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Ex-Gobernador derechista de Rio de Janeiro detenido por "delito menor"
El ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral fue detenido en la madrugada del jueves 17 de noviembre por estar implicado en un caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras investigado por la operación Lava Jato. El juez federal Sergio Moro titular de dicha operación- acusa al ex- gobernador Sergio Cabral de desviar fondos por 224 millones de reales, unos 64,9 millones de dólares.
La operación Lava Jato es una falsa campaña anti-corrupción con la mira puesta en los representantes del PT. Una campaña que se centra contra los petistas y aliados evitando la condena a los grandes corruptos de la oligarquía que durante siglos perfeccionaron la corrupción institucional como un beneficio patrimonial endémico e incuestionable que les entrega el Estado brasileño. Se trata -junto con el racismo- de dos de los principales pilares de la desigualdad social en el país. En realidad la acusación judicial es por un "delito menor" si tomamos en cuenta la responsabilidad de Cabral en las muertes y desapariciones durante sus ejercicios como gobernador entre 2007 y 2013. Veamos someramente cómo varió el método de violencia letal en Rio durante los gobiernos de Sergio Cabral. En los primeros años del siglo XXI regía para aprovechamiento de la policía el tipificado como "auto de resistencia" en la jerga policial, es decir muertes de civiles en falso "enfrentamiento con la policía" que eran la norma para catalogar oficialmente las ejecuciones sumarias policiales que no se investigaban.
Como el aumento de las cifras de estos crímenes denominados "auto de resistencia", se hacían cada vez más difíciles de encubrir, en el período 2007-2013 bajo el mandato de Sérgio Cabral (PMDB) como gobernador de Rio, se modificó la forma represiva y los "auto de resistencia" pasaron a ser desapariciones sin autor explícito. En realidad se trataba de "desapariciones forzosas" realizadas en plan de extermino por la policía militar. Las propias estadísticas del Instituto de Seguridad Pública (ISP), vinculado a la Secretaría de Seguridad Institucional de Rio, contabilizaron en esos años, en dicha ciudad, 35 mil desaparecidos.
El PMDB que contó con los primeros gobernadores del nuevo siglo en Rio, bajo Álvaro Cabral, con el apoyo del gobierno petista -aliado electoral- comenzó por implantar las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) en el territorio de las favelas. Con la investigación popular del asesinato del trabajador Amarildo, quedó demostrado que las UPPs eran centros de tortura y desaparición de personas.
Fue entonces que el modelo UPP comenzó a ser superado por la resistencia de los favelados y como respuesta el gobierno del PT con Dilma Rousseff de presidente, desde 2008, inició una intervención militar directa en varias favelas con unidades del ejército que venían de hacer su experiencia de laboratorio en la represión a la población de Haití, con la Minustah. En junio de 2008 los militares invadieron el Morro da Previdencia; en noviembre de 2010 ocuparon el Complexo do Alemão que reúne 13 favelas; desde mayo de 2012 irrumpieron en la favela Santo Amaro, y en abril de 2014 entraron masivamente en el Complexo da Maré con 2700 soldados del ejército y la marina.
Esta ocupación policial y militar de Rio de Janeiro barrió con el estado de derecho en la ciudad y en cualquier otro país del continente hubiera sido caracterizada como terrorismo de estado. Fue la falsa imagen de "progresista" del gobierno del PT que le permitió que esa acción de represión brutal sobre la población desarmada, pasara como una "necesidad nacional" para garantizar los mega-eventos -como el mundial de futbol- en beneficio de la mafia internacional de la FIFA.
Debemos tener en cuenta que este enorme crimen que se ejecutó contra la población pobre de Rio de Janeiro no es responsabilidad de algún movimiento retrógrado o individuos racistas. Proviene directamente de un gobierno estadual, de las instituciones del Estado y cuenta con el ocultamiento directo de funcionarios gubernamentales. Y se expresa en forma letal en los distintos "batallones de operaciones especiales" de la Policía Militar (como BOPE, ROTA o Rondesp) que funcionan en las ciudades, y cuentan con la ayuda de "grupos de exterminio" parapoliciales y paramilitares así como las "milicias" de las favelas de Rio de Janeiro y São Paulo integradas por policiales en sus horas "libres", que actúan con anuencia gubernamental en todo el país. Algo que los gobiernos "petistas" continuaron desvergonzadamente. La policía militarizada es la principal ejecutora de esta política de violencia letal racista. Emulada en Rio de Janeiro luego por la unidades militares enviadas por el gobierno petista para ejecutar un plan de indiscutible terrorismo de estado.
Las desapariciones forzosas bajo el gobierno estadual de Sergio Cabral, fueron un verdadero genocidio que supera las desapariciones en Chile bajo Pinochet y lo asemeja con la actuación de la junta militar argentina. Y es de plena responsabilidad del ex-gobernador Sergio Cabral. De modo que lo primero por lo que habría que juzgar a Sergio Cabral es por el genocidio de favelados que se realizó bajo su gobierno con la complicidad de los gobiernos del PT.
La acusación "menor" por robo al Estado que hace Sergio Moro a Cabral demuestra una vez más la fantochada de su operación Lava Jato y la ausencia total de una verdadera y efectiva Justicia en Brasil que defienda los intereses populares. Brasil, 20 de noviembre de 2016
