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La vigencia del paramilitarismo, las fisuras en el bloque de poder y la paz
De la misma forma que en su momento el gobierno de Álvaro Uribe Vélez negaba el conflicto social en Colombia, así el actual gobierno por vocería del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas niega la existencia del paramilitarismo. Quizá el paramilitarismo no sea aupado por el gobierno de Juan Manuel Santos, pero ello no niega su existencia. El paramilitarismo ha sido desde los años 1960 un pilar del régimen político de dominación ; del Estado oligárquico. Como lo expone Giraldo en el Informe de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas: "la estrategia contrainsurgente del Estado ha sido el paramilitarismo.
La versión oficial ubica sus orígenes en los años 80 y los relaciona con la reacción de gremios adinerados que frente a la acción de las guerrillas habrían decidido constituir ejércitos privados para defenderse, de donde la denominación de "autodefensas", corriente hasta cierto momento. Sin embargo, el verdadero origen del Paramilitarismo, comprobado documentalmente, se encuentra en la Misión Yarborough o visita a Colombia, en febrero de 1962, de oficiales de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (Carolina del Norte) quienes dejaron un documento secreto, acompañado de un Anexo ultra-secreto en el cual orientaban a conformar grupos mixtos de civiles y militares, entrenados clandestinamente y utilizables en caso de que la seguridad nacional se deteriorara (...)".
La prolongación del paramilitarismo en el tiempo y el papel que ha desempeñado en la era neoliberal, despojando a las comunidades rurales y apropiando el territorio para los megaproyectos agroindustriales, mineros, energéticos , inmobiliarios y de trasporte o engrosando el latifundio, le significaron su constitución en un paraestado , con amplio dominio sobre territorios, poblaciones e instituciones del país.
Si bien hoy los ejércitos paramilitares no reciben órdenes directas del gobierno, ello no niega que sectores considerables del estamento militar y de otras instituciones estatales los sigan considerando como aliados en la lucha contrainsurgente y como tal les sigan prestando apoyo e incluso vínculo de subordinación. En estos términos, el paramilitarismo no es una banda que tiene infiltrados en las instituciones estatales sino la expresión armada del paraestado.
El continuado asesinato de defensores de derechos humanos, campesinos y militantes de la oposición en el país denota la pervivencia del mismo patrón de exterminio practicado durante décadas, en algunos períodos con mayor saña e intensidad, pero al fin y al cabo el mismo modelo de acción enmarcado en la misma doctrina de seguridad nacional: el anticomunismo.
El reciente paro armado llevado a cabo por los paramilitares en seis departamentos del noroccidente del país desdice rotundamente la aseveración del Ministro de Defensa, quien afirma "en el país no hay paramilitarismo ni queremos que vuela a aparecer". En rigor, el paramilitarismo no ha sido combatido por el Estado colombiano. Lo que trajo el proceso de "justicia y paz" adelantado por el gobierno Uribe fue su consolidación; la legalización del despojo de tierras, el lavado de capitales mafiosos, la impunidad para sus crímenes y el afianzamiento de su poder como para-estado que usufructúa rentas, cobra tributos, impone justicia y controla campos y ciudades, en una palabra gobierna.
La forma en que vociferan personajes del establecimiento como Fernando Londoño Hoyos, quien catalogó a Carlos Castaño como "un intelectual hecho a pulso" , contra el proceso de diálogos de paz de La Habana y la manera en que éste se ha convertido en objeto de las críticas de los sectores más reaccionarios y retrógrados del país, es acompañada por una planificada y sistemática campaña de asesinatos de dirigentes populares en todo el "territorio nacional".
El paramilitarismo es una verdad palpable del Estado oligárquico colombiano, con pródigo respaldo entre las clases dominantes, en particular, la terrateniente. La cual, a pesar de denunciar persecución política por parte del gobierno Santos, goza de amplias libertades y total respaldo mediático, como lo demostró la marcha realizada el pasado 2 de abril en la que se difundieron consignas contrarias a la restitución de tierras, al juzgamiento de políticos y militares aliados al paramilitarismo y a los diálogos de paz. Para las fracciones de clase cuyos intereses orbitan en torno a la paraestatalidad la posible apertura del régimen político que pueda entrañar el proceso de paz entraña una doble amenaza; de un lado, perciben el fin del conflicto armado como la clausura del más importante parapeto (la justificación de la lucha contrainsurgente) para continuar en la prosecución de los negocios con los cuales han amasado su poder económico y por otro, advierten que la insurgencia transformada en partido político les arrebataría parte significativa de su poder regional y local.
La negativa del gobierno a reconocer la vigencia del paramilitarismo en el seno del Estado colombiano, es indicativa del pusilánime carácter de los sectores liberales, progresistas y modernizantes de la clase dominante a la hora de enfrentar a la facción latifundista. Tal situación ha sido una constante en la historia colombiana en ella incurrieron los gobiernos de López Pumarejo y Lleras Restrepo cuando en vez de apoyar decididamente el reformismo agrario, cedieron ante las presiones de los gremios terratenientes y terminaron acompañando procesos de despojo y violencia contra el campesinado. A la ausencia de coherencia y fortaleza por parte de la oligarquía progresista para adelantar las reformas que reclama la instauración de la democracia liberal, ha correspondido el fanatismo y la obcecación de la oligarquía reaccionaria por conservar el país en condiciones políticas pre-modernas. Hoy, en medio de la crisis del capitalismo dependiente, la oligarquía reaccionaria agita las banderas del miedo a lo que denominan "castro-chavismo", de la restauración mesiánica del expresidente Álvaro Uribe y de la "legítima defensa" de la propiedad terrateniente.
¿Por qué la oligarquía progresista -o que posa de tal- no afronta, como corresponde a su papel, la conducción de reformas democratizantes? El desconocimiento del paramilitarismo equivale a cerrar los ojos ante una realidad evidente, vivenciada incluso por el actual gobierno durante la campaña electoral del año 2014 con el episodio de las interceptaciones ilegales de las que fue objeto. A la vez que le miente al país, la oligarquía progresista se miente a sí misma, permitiendo que el poder del para-estado lleve a la ruina lo que queda del Estado oligárquico.
La pervivencia del paramilitarismo niega de entrada cualquier posibilidad para que los partidos de izquierda y los movimientos y las organizaciones populares puedan acceder al ejercicio pleno de los derechos políticos, es en este sentido que la erradicación del paramilitarismo se constituye en un requisito indispensable para construcción de la paz en Colombia.
