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Mumia abre una ventana al asesinato médico en la nación encarcelada
La siguiente entrevista con Mumia Abu-Jamal fue grabada el 18 de diciembre de 2015, después del primer día de su audiencia en el caso de Abu-Jamal vs Kerestes en Scranton, Pensilvania. Por primera vez en décadas, el preso político africano americano dio testimonio en un tribunal, esta vez por video en vivo. Ante un salón lleno de familiares, compañeras y compañeros, le contó al juez federal de distrito, Robert Mariani, su experiencia de casi haber muerto el pasado 30 de marzo, los antecedentes y las secuelas. En esta entrevista Mumia responde a las preguntas de Noelle Hanrahan de Prison Radio:
NH: Mumia AbuJamal, ¿qué lograste con tu testimonio en el tribunal federal?
MAJ: Creo que abrí una ventana, no solo a mi caso o a lo que yo he sufrido, sino a la manera en que el Estado responde a miles de personas infectadas con Hepatitis C. Según el último recuento son 10,000 presos en el estado de Pensilvania y yo pienso que esto es un conteo muy bajo. Es decir, el Estado hará todo lo posible para no darles tratamiento.
NH: ¿Qué tan enfermo estuviste el 30 de marzo de 2015?
MAJ: Estuve tan débil como un gatito. Aún no tengo memoria de ir [al hospital]. No me acuerdo de haber caído en coma o en shock diabético. Recuerdo que entré en la enfermería y que me desperté al día siguiente ––o lo que me imagino era el día siguiente porque no pudimos ver por las ventanas–– en el hospital. Sentí que traía lana en la boca. Me dieron agua que sabía a algodón. Me acuerdo de estas cosas, pero estaba tan débil que apenas pude levantar el brazo.
NH: ¿Qué recurso judicial buscas?
MAJ: Algo muy sencillo. Tratamiento. No me refiero al tratamiento de los síntomas, sino tratamiento para la enfermedad de Hepatitis C. Lo podrían ordenar mañana. Luego en seis semanas, ocho semanas, doce semanas o a lo mucho 28 semanas, hay una posibilidad de 95 - 98% de que me quede curado, con el virus de Hepatitis C erradicado e indetectable en mi sistema.
NH: Mumia Abu-Jamal, ¿Cuáles eran las razones que el Departamento de Correcciones te dio para negarte tratamiento para la Hepatitis C?
MAJ: Me dijeron, o los doctores aquí en la enfermería me dijeron que yo no estaba suficientemente enfermo para calificar, que mi carga viral no era suficientemente alta y que mi conteo de plaquetas era demasiado bajo. Básicamente, yo estaba demasiado saludable para recibir tratamiento, no suficientemente enfermo.
NM: ¿Repitieron esto en el salón del tribunal?
MAJ: Lo insinuaron. Mencionaron que algunas personas habían dicho que me sentía mejor, que yo le había dicho al dermatólogo que me sentía estupendo, y es cierto, me siento estupendo comparado con cómo me sentía antes, y varias personas me han dicho que me veo bien. Pero también es cierto que no dudé en mencionar que el doctor aquí dijo que yo podría sufrir una recaída en cualquier momento. Por eso, puedo verme bien hoy y recaer en el estado anterior dentro de una semana, un mes, un año, mañana.
Originalmente presentada el 18 de mayo de 2015 por el abogado Bret Grote del Abolitionist Law Center y el abogado codefensor Bob Boyle, la demanda de interdicción Abu-Jamal vs Kerestes fue enmendada el 3 de agosto para exigir que el Departamento de Correcciones (DOC) de Pensilvania le diera el recurso del tratamiento para Hepatitis C a Mumia Abu-Jamal. El tratamiento para Hepatitis C también es el objetivo de una demanda colectiva presentada por los presos Salvador Chimenti, Daniel Leyva, y David Maldonado contra el DOC de Pensilvania el 12 de junio de 2015.
En la audiencia realizada el 18, 22 y 23 de diciembre de 2015, se estableció sin lugar a duda la gravedad de la situación de salud de Mumia Abu-Jamal, la cronología de sus enfermedades, el papel del DOC en llevarlo al borde de la muerte y su urgente necesidad para tratamiento, según informes enviados por Prison Radio y The Campaign to Bring Mumia Home.
Nuevas revelaciones
Durante la repregunta a los testigos del Estado, los abogados de Mumia descubrieron información previamente ocultada o manipulada por el DOC. Se supo que su abogada, Laura Neal, había falsificado el testimonio del Dr. Paul Noel, Director de Medicina del DOC, sobre el uso de la carga viral para determinar el tratamiento de Mumia. Después de aclarar que en dos ocasiones, él le había pedido a Neal que ella no alterara su testimonio firmado, el Dr. Noel afirmó que hay 63% de probabilidad de que Mumia Abu-Jamal tenga cirrosis, que ya tiene una fibrosis notable, una anemia crónica, y un bajo nivel de plaquetas sanguíneas, además de una severa afección de la piel.
También salió en la repregunta que la abogada Neal había falsificado el testimonio del Dr. Ramón Gadea. El doctor Gadea dijo que en su opinión, la Hepatitis C podría ser una causa secundaria de las erupciones de piel sufridas por Mumia Abu-Jamal y que después de eliminar la posibilidad de una condición reumatoide (que ya ha sido eliminada), el tratamiento para Hepatitis C sería indicado.
Además, en la repregunta al Sr. Steinhart, Administrador de la enfermería de la prisión Mahanoy, se descubrió que existe un protocolo para Hepatitis C desarrollado durante los últimos 22 meses, aunque el DOC ha intentado ocultarlo. Ahora se sabe que solo cinco presos con Hepatitis C en el estado de Pensylvania están recibiendo tratamiento ––una pequeña fracción de los contagiados. Se debe “monitorear a los presos” y “negarles tratamiento” hasta que estén “suficientemente enfermos”, dice el DOC.
El protocolo para “recibir consideración para tratamiento para Hepatitis C” es una endoscopia de la garganta para determinar si existe un riesgo inmediato de que los vasos sanguíneos en la garganta se revienten. Esto sería evidencia de cirrosis y una indicación de que el paciente está “suficientemente enfermo”.
El testigo experto del DOC era el Dr. Jay C. Cowan, de la empresa Corizon, el principal contratista de salud con fines de lucro de atención en las prisiones de Estados Unidos. Según un artículo publicado en Counterpunch por el periodista Dave Lindorff, Corizon ha tenido varios contratos cancelados por la baja calidad de atención médica que provee, incluyendo varios casos de negligencia médica. Después de que Cowan dio su testimonio en la audiencia, el abogado Bob Boyle le preguntó: “Si usted trabajara en su propio consultorio y tuviera un paciente con alta probabilidad de cirrosis, ¿le daría tratamiento con las nuevas drogas anti-virales de acción directa?”
Cowan le contesto sin disculpas: “Si él pudiera pagar la cantidad de US$90,000 por el tratamiento”.
Ahí está el detalle
Según la ley de Pensilvania, la Constitución de Estados Unidos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros convenios internacionales, el alto costo del tratamiento no es motivo suficiente para negarle tratamiento médico a un preso.
Sin embargo, la privatización de los servicios de salud en las prisiones y los precios exorbitantes y abusivos de las empresas farmacéuticas transnacionales son factores en este nuevo atentado contra la vida de Mumia Abu-Jamal y en la negación de atención médica adecuada a un sinnúmero de presos en Pensilvania, Estados Unidos y el mundo.
La empresa privada contratada para prestar servicios de salud a los presos en el estado de Pensilvania, Correct Care Solutions, opera en 160 instituciones en 38 estados que buscan reducir gastos y ahorrar dinero. CCS es de operación privada con fines de lucro. Su objetivo principal es obtener mayores ganancias, a pesar de sus promesas de proveer servicios de salud a los presos.
Lo mismo se puede decir de la empresa Gilead, que produce uno de los nuevos medicamentos anti-virales, Sovaldi. Estos tratamientos, desarrollados en la investigación biomédica, por lo regular con financiamiento público durante los últimos 20 años, no dependen de fármacos como el interferón, que con frecuencia traen dolorosas contraindicaciones. Los anti-virales son mejor tolerados y más eficientes, con curaciones en más de 90% de los casos, según reporta Toni Barbará en La Haine.
Gilead vende el tratamiento Sovaldi, de 12 semanas, a precios que van desde $90,000 a $100,000 US dólares en Estados Unidos, aunque su precio de producción real es de $100 a $300 US dólares para el producto genérico fabricado en la India, donde no se acepta la tiranía de los registros de patentes impuestos por las empresas multinacionales a través de los gobiernos que las solapan.
¿Quién determina las prácticas asesinas de las empresas farmacéuticas?
Podríamos dar un ejemplo. El Presidente de la Junta Directiva de Gilead desde 1997 hasta 2001 era ni más ni menos que Donald Rumsfeld, quien ha mostrado un absoluto desprecio para la vida humana al impulsar la muerte de más de un millón de personas en las guerras en Afganistán e Irak como Secretario de Defensa de Estados Unidos del régimen de George W. Bush. Además, es acusado de crímenes de guerra por autorizar las peores formas de tortura y abuso de presos en Abu-Ghraib, Bagram y Guantánamo. Source Watch reporta que Rumsfeld sigue siendo accionista de Gilead.
Desde Madrid, una experiencia de resistencia
Al abrir una ventana a la manera en que el Estado responde a miles de personas infectadas con Hepatitis C en el estado de Pensilvania, Mumia Abu-Jamal espera impulsar acciones para enfrentar la embestida del Estado y la industria privada contra la salud y vida de las y los presos.
Puede servir de referente la experiencia de grupos organizándose para exigir tratamiento a la Hepatitis C dentro y fuera de las prisiones en todo el territorio dominado por el Estado español. Según el periódico Cuarto Poder, el 18 de diciembre de 2014, decenas de pacientes contagiadas de Hepatitis C se encerraron en uno de los hospitales más grandes de Madrid para protestar los planes del gobierno para dedicar fondos limitados para tratar solo 5,000 de las 700,000 estimadas personas infectadas, y como en el caso de Mumia Abu-Jamal, sólo en las últimas etapas de la enfermedad. Desde entonces varios de los enfermos que se encerraron en el hospital han recibido los nuevos medicamentos y se han curado. Un caso que recibió bastante atención en los medios fue el de Juan Jesús Zabalza, de Pamplona (Navarra). Sin embargo, el gobierno no ha cumplido con las demandas de los activistas y un año después, la protesta sigue.
El 10 de enero de 2015, miles de personas marcharon por las calles de Madrid para exigir al Presidente Mariano Rajoy, que todas las personas afectadas por el virus sean tratadas con los fármacos de última generación que se estaban autorizando.
En el transcurso del año, se ha hablado de varias propuestas, incluyendo un plan para que el gobierno ordenara la fabricación de un producto genérico, según reporta el investigador Miguel Jara en La Haine. Los proponentes señalan que las leyes aprobadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), específicamente el Acuerdo de Doha sobre temas de Salud Pública, permiten saltarse la patente de un fármaco si existe una circunstancia especial y dicen que ésta lo es.
El boletín anti-carcelaria Tokata informa que en marzo de 2015, el Ministerio de Sanidad propuso a las comunidades autónomas un plan para atender con las nuevas medicaciones a 52,000 enfermos. Se hablaba de un sistema de financiación a crédito todavía “por discutir” y de pactos con los laboratorios farmacéuticos de ir bajando el precio. Se ha hablado también de un incremento en el presupuesto. Pero, hasta ahora, la autoridad carcelaria no pone un centavo para cuidar a la gente encarcelada y afectada por la Hepatitis C. Sólo se atienden los casos más graves en las comunidades autónomas que se hacen cargo del financiamiento.
El 26 de septiembre se convocó acciones solidarias para exigir tratamiento afuera de las cárceles de cada territorio. Se preparó un volante con información sobre la Hepatitis C que incluye en gran detalle los pasos que un preso tiene que seguir para exigir tratamiento. Repartieron la información a los familiares y simpatizantes, y pidieron que la llevaran a las y los presos en cada cárcel. Esperan que las personas presas afectadas, sus familiares y amistades se animen a unirse a la lucha, y piensan que en lugar de confiar en las promesas del gobierno, será necesario movilizarse tanto en la cárcel como en las calles para lograr el tratamiento necesario.
El caso de Mumia, instructivo
Desde que Mumia Abu-Jamal fue detenido el 9 de diciembre de 1981, falsamente incriminado por el asesinato del policía Daniel Faulkner, y condenado a muerte, él ha sido el objetivo de una serie de atentados contra su vida promovida por la policía organizada al servicio del gran capital.
El atentado médico actual es el más reciente esfuerzo para borrarlo del mapa y de la historia. Organizaciones policiacas como la Orden Fraternal de Policía (FOP) no quieren que su participación con los Panteras Negras y su estrecha relación con la organización MOVE sirvan como ejemplos para las nuevas generaciones. No aguantan que su palabra revolucionaria llegue a los lejanos rincones del planeta desde “la nación encarcelada”, como él dice al final de cada radioensayo suyo. Su lucha social no es aceptable en un estado policiaco.
Es poco probable que todas las personas afectadas por la Hepatitis C en las prisiones de Estados Unidos sean blancos del estado por los mismos motivos, pero sí comparten ataques contra sus vidas, viven las mismas condiciones de exterminio y enfrentan una muerte prematura.
Cabe señalar que los abusos médicos en las prisiones de Estados Unidos forman parte del monstruoso sistema carcelario ahora exportado a México y por lo menos otros 25 países del mundo en lo que ha sido descrito como un verdadero imperio carcelario.
De la misma manera que la resistencia de Mumia contra la pena de muerte y el encarcelamiento masivo racista ha ayudado a impulsar movimientos abolicionistas, tal vez su resistencia actual inspire la organización de una lucha al lado de otros presos y presas contra el asesinato médico. En este sentido es relevante hacer un breve resumen de su reciente experiencia contada en el salón del tribunal.
En la audiencia del 18, 22 y 23 de diciembre, se estableció que Mumia casi murió el 30 de marzo de 2015, con niveles de glucosa altísimos e insuficiencia renal. Ese día fue llevado en secreto al Centro Médico Schuylkill sin poder recibir visitas de sus familiares, doctores o abogados. El 12 de mayo de 2015, la esposa de Mumia, Wadiya Jamal, supo que Mumia había sido hospitalizado por segunda vez en el Centro Médico Geisinger. De nuevo las visitas fueron prohibidas.
Las compañeras Johanna Fernández y Suzanne Ross dieron detalles sobre los síntomas de Mumia que ellas observaron durante sus visitas, incluyendo palabras arrastradas, piel de elefante, grietas sangrientas en la piel sobre casi todo su cuerpo, debilidad extrema, hinchazón de las piernas y pérdida de la agudeza mental. Las compañeras también destacaron su inocencia e injusto encarcelamiento y el constante esfuerzo del Estado a callarlo durante más de tres décadas.
También se estableció en la audiencia que desde agosto del 2014, las autoridades médicas de la prisión Mahanoy habían sabido de una espantosa erupción de piel que cubría una gran parte del cuerpo de Mumia, acompañada por una inaguantable comezón, pero solo le dieron una crema de esteroides que provocó otros problemas. Durante varias semanas, sabían que sus niveles de glucosa eran muy altos pero no hicieron nada al respecto y no informaron a Mumia de esta condición.
En 2012, pruebas para detectar la presencia de Hepatitis C en su sistema resultaron positivas, pero las autoridades se negaron a realizar exámenes subsecuentes para determinar si el virus era activo, o no. Cuando por fin respondieron a la presión de sus abogados para realizar dichos exámenes recomendados por el doctor independiente Joseph Harris, se enteraron que su Hepatitis C se había vuelto activa. En la audiencia, el doctor lo dejó en claro que las nuevas drogas anti-virales son el estándar de atención médica prevaleciente.
Durante la última semana de julio de 2015, las autoridades avisaron a Mumia Abu-Jamal que tenía Hepatitis C activa pero que no le iban a dar tratamiento. Su solución es el asesinato médico. Nuestra solución es tratamiento inmediato y ¡libertad!
FOTO: Mumia con su hermano Keith Cook en una visita reciente.
