Perú: Rebelion popular contra la dictadura militar de Ollanta Humala

El sábado 9 de mayo, Ollanta Humala no hizo ningún gesto cuando ordenó que dos mil efectivos del ejército y de la marina, dos de los cuerpos más criminales de las fuerzas armadas, se dirijan a Islay (departamento de Arequipa) para sumarse a los 3 mil policías que fueron movilizados con anticipación. Este contingente militar-policial tiene la orden de reprimir a sangre y fuego a la población del sur del Perú que desde el pasado 23 de marzo se movilizan y luchan contra la transnacional norteamericana Southern Peru Copper Corporation.

La militarización de la región sur del Perú es para detener la rebelión popular en Islay que a la fecha ha cobrado 3 muertos (2 civiles y un policía), 180 heridos y varias docenas de ciudadanos presos. Este agudo conflicto se mantiene cerca de dos meses y en ella participa toda la población de la región de Arequipa. Se involucran agricultores, comerciantes, obreros, estudiantes, amas de casa, intelectuales y todas las fuerzas vivas de la región sur.

El conflicto del sur del Perú tiene todos los ingredientes de una rebelión popular. Este movimiento, y sus reivindicaciones anti mineras, anti transnacionales y de defensa de la agricultura, suelos y ríos, lo ubica como la lucha más importante de los últimos años. Su carácter espontaneo no le quita fuerza y envergadura. La población se enfrenta valerosamente a la policía. Así lo confirmó la misma policía: “Éramos cuatro policías cuando un grupo nos rodeó. Me quitaron el casco y sentí que una piedra impactó en mi cabeza y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me arrastraban y escuché que gritaban "¡Hay que ajusticiarlos en La Pampa! ¡Sangre con sangre se paga!”.

Esta lucha deja a la intemperie al gobierno sátrapa, inmundo, corrompido, mafioso, que desde el 2011 encabeza Ollanta Humala. La intervención de las fuerzas armadas, la persecución de los líderes populares, el asesinato de manifestantes, y hasta el llamado hipócrita de “paz y conciliación” de la iglesia católica peruana, configuran un conflicto social, antiimperialista y democrático. Este movimiento regional descubre y deja a la luz la bancarrota histórica de la “izquierda” oficial dedicada desde hace 30 años en exclusivo a ser payasos de los procesos electorales. Esta “izquierda fue responsable (con sus votos) de que Ollanta Humala llegará al gobierno.

Militarización y muerte de un policía

El pretexto utilizado por Ollanta Humala para intervenir militarmente esta zona ha sido la muerte trágica de un suboficial de la policía (Alberto Vásquez Durán), a quien los manifestantes mataron a pedradas. Pero el verdadero motivo de la militarización de este conflicto es defender el proyecto Tía María para extraer cobre en la región de Arequipa, cuyo propietario es la empresa Southern Peru Copper Corporación. La inversión para este proyecto se estima en 1,4 millones de dólares con una producción anual de 120.000 toneladas de cátodos de cobre.

A Ollanta Humala no le interese en absoluto, ni el policía muerto, ni los civiles acribillados por las fuerzas del orden. El asunto fundamental para el gobierno es aplicar el proyecto Tía María. Con justa razón, uno de los hijos del policía muerto ha declarado: “Mi padre ha sido martirizado, golpeado con piedras y palos. ¿Quién me lo va a devolver, los burócratas? Ahora soy huérfano. Yo quiero que el pueblo se levante contra el presidente Humala”, dijo a RPP.

¿Cuál es el verdadero problema?

La transnacional Southern Peru Copper Corporation es una empresa minera Norteamérica fundada en 1952. Esta empresa es una las más grandes productoras mundiales de cobre, zinc y plata. Esta transnacional, junto con el Grupo México, detenta en Perú la propiedad las minas de Toquepala y Cuajone, aparte del proyecto minero de Islay que el gobierno de Ollanta Humala ha autorizado explotar, a pesar que los expertos de la ONU se han opuesto.

La Southern, no es nueva en conflictos sociales en Perú. Desde más de 60 años ha sido acusada de liquidar ríos, valles y pueblos en el sur del Perú. Como señala el experto Luis David Enríquez Benito, esta transnacional en el año 1992 “fue condenada por el Tribunal Internacional del Agua, acusada de inminente ecocidio producido durante medio siglo en el sur del Peru (Ilo)”. Asímismo este experto denuncia que la Southern, durante 50 años, “se apoderó de las aguas puras y limpias del rio Cinto en Tacna, cuya consecuencia fue la “desaparición del valle frutícola” que regaba este rio. (Ingeniero Luis David Enríquez Benito, ex director de Ecología y Medio Ambiente del ministerio de salud y dirección general de Tacna).

Por su parte, Carlos Bedoya y Víctor Torres Lozada, señalan: “Tía María, proyecto minero a tajo abierto promovido por la empresa minera Southern en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Región Arequipa, es un caso emblemático de la afectación de una actividad económica próspera debido a las industrias extractivas que el gobierno no sólo promueve, sino que apoya y defiende con fuerza en perjuicio de las comunidades afectadas”.

Por su lado, la periodista Claudia Cisneros explica, “el fondo y origen de este conflicto, que va camino al desgarramiento nacional, está en las 138 observaciones que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) hizo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó Southern en 2009 para aplicar su proyecto Tía María. Las observaciones de la ONU, dice la periodista, “confirmó las preocupaciones de la población”, y obligó a las autoridades peruanas rechazar (mediante resolución del 8 de abril 2011), el proyecto de la empresa norteamericana. (El funeral de Tía María, Claudia Cisneros, diario La República).

Ollanta Humala y el proyecto Tía María

Si el proyecto Tía María fue considerado peligroso y rechazado en el 2011 cuando aún no estaba en el gobierno Ollanta Humala, la situación cambio 3 meses después (28 de julio 2011), cuando Humala se sentó en el sillón presidencial. En el 2013 la Southern volvió a la carga y presentó un nuevo estudio ambiental para Tía María cuyos argumentos “técnicos” no variaban mucho del anterior rechazado por el gobierno anterior. Lo nuevo en esta situación fue el apoyo incondicional del militar Ollanta Humala, quien durante su campaña electoral en 2011 se había comprometido con el embajador norteamericano en Lima a apoyar las transnacionales mineras de EE.UU. afincadas en Peru.

Por ello, el apoyo a la gran minería no es reciente. Hay que recordar la región de Cajamarca cuyo conflicto en julio del 2012 dejo 5 pobladores asesinados por la policía del gobierno. Este conflicto se desató entre los pobladores y las transnacionales Newmont Mining Corporation (Newmont) y el Grupo Buenaventura propietarias del Proyecto Conga. Tanto el gobierno de Humala y estas empresas mineras quieren aplicar un proyecto de extracción de minerales que pone en riesgo la supervivencia de la población de toda la región. La “sangre derramada, no se olvida”, ha dicho el pueblo de Cajamarca al presidente Ollanta Humala, quien en su campaña electoral se comprometió a no dejar “pasar el proyecto Conga”. Así ganó las elecciones este militar, mintiendo y estafando al pueblo.

Perú es uno de los países de Latinoamérica donde el derecho civil y político es inexistente. El Poder judicial es un desagüe del palacio de gobierno, y los grupos y partidos políticos (derecha e izquierda) son conglomerados de delincuentes y toda clase de vagabundo ambicioso. En ese contexto, así lo muestra la experiencia reciente del Perú, la militarización de la región sur, como acaba de decidir el gobierno, traerá brutales violaciones de los derechos humanos y grandes sufrimientos a la población de esta región. Las fuerzas armadas del Perú, son “heroicos” para matar ciudadanos indefensos, quemar pueblos, asesinar, secuestrar, torturar y desaparecer ciudadanos como ocurrió masivamente desde 1980 hasta el año 2000.

La Haine