Reina la impunidad de la Corona en España: Juan Carlos I vuelve a Sanxenxo

El rey emérito ha vuelto a pisar suelo español, una vez más, con destino a Sanxenxo, Pontevedra, para participar en una regata náutica, una actividad que se ha convertido en símbolo de su retorno periódico al país tras su exilio en Abu Dabi en 2020. Esta nueva visita desde que abandonó España en medio de escándalos financieros, pone de relieve la impunidad de la Corona y el blindaje del sistema monárquico español para proteger a sus miembros de la rendición de cuentas ante la justicia.

Sanxenxo se ha convertido en el escenario donde Juan Carlos I proyecta una imagen de normalidad y despreocupación. A bordo de su velero Bribón, acompañado de amigos y recibido con aplausos y gritos de ‘¡Viva el rey!’ por parte de algunos sectores, el exmonarca parece ajeno a las controversias que rodean su figura. Sin embargo, esta imagen de campechanía contrasta con la indignación de amplios sectores de la sociedad española, que ven en estas visitas un recordatorio de la falta de consecuencias para los delitos que han marcado su legado.

La figura de Juan Carlos I ha estado en el centro de la controversia debido a una serie de escándalos que han erosionado su imagen de ‘rey de la Transición’.

Cobro de comisiones ilegales

La investigación más conocida está relacionada con los 65 millones de euros que habrían sido transferidos desde Arabia Saudí a una cuenta vinculada a Juan Carlos I, a través de la Fundación Lucum, en relación con el contrato del AVE a La Meca.

Las fiscalías suiza y española investigaron estos fondos, pero las causas fueron archivadas por "falta de pruebas concluyentes" o por la inviolabilidad del rey durante su reinado.

Uso de tarjetas opacas

Se descubrió que Juan Carlos I utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas en el extranjero, no declaradas a Hacienda, para financiar gastos personales y de su entorno.

Estas operaciones, que incluían pagos de lujo y viajes, fueron calificadas como irregularidades fiscales por la fiscalía, pero nuevamente, las regularizaciones posteriores y la prescripción de los delitos evitaron cualquier juicio.

Fondos ocultos en paraísos fiscales

La fortuna del rey emérito, estimada en unos 1.800 millones de euros según algunas fuentes, ha sido objeto de escrutinio por su origen opaco.

Cuentas en Suiza, Jersey y otros paraísos fiscales han sido vinculadas a Juan Carlos I, quien habría movido grandes sumas de dinero sin declararlas a Hacienda.

Delitos fiscales tras la abdicación

En 2024, un grupo de exmagistrados, fiscales y juristas presentó una querella contra Juan Carlos I por cinco presuntos delitos fiscales cometidos entre 2014 y 2018, tras su abdicación, cuando ya no gozaba de inviolabilidad. La querella argumenta que las regularizaciones fiscales realizadas por el rey en 2020 y 2021, por un total de casi 5 millones de euros, no fueron legales, ya que se hicieron tras notificaciones de investigaciones en curso.

Estos escándalos, ampliamente documentados por medios nacionales e internacionales como The New York Times, Le Monde y Público, han generado una percepción generalizada de que Juan Carlos I ha acumulado una fortuna de origen dudoso mientras evitaba cualquier responsabilidad legal.

Un sistema monárquico que blinda la impunidad

El núcleo del problema radica en el sistema que rodea a la monarquía española, diseñado para proteger a la Corona y a sus miembros de cualquier escrutinio judicial. La inviolabilidad del rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución Española, establece que el jefe del Estado es ‘inviolable y no está sujeto a responsabilidad’ durante su mandato. Esta cláusula, aunque pensada para garantizar la estabilidad institucional, se ha convertido en un escudo que ha permitido a Juan Carlos I eludir investigaciones por actos cometidos antes de su abdicación en 2014.

Tras su abdicación, los posibles delitos cometidos no han prosperado en los tribunales debido a la prescripción, las regularizaciones fiscales aceptadas por la fiscalía y la falta de voluntad política para reformar un sistema que perpetúa la opacidad.

El blindaje no se limita a la inviolabilidad. El control de la Casa Real sobre la información, la falta de transparencia en las finanzas de la monarquía y la complicidad de instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que habría participado en operaciones para proteger al emérito, refuerzan la percepción de un régimen que prioriza la Corona sobre la justicia. Incluso el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha evitado preguntar por la monarquía en sus encuestas desde hace casi una década, lo que limita el debate público sobre su legitimidad.

La llegada de Juan Carlos I a Sanxenxo en 2025, como en ocasiones anteriores, es un acto cargado de simbolismo. Al participar en una regata, rodeado de amigos y sin ofrecer explicaciones, el rey emérito no solo normaliza su presencia en España, sino que reafirma la impunidad que le otorga el sistema. Su famosa respuesta en 2022, ‘¿Explicaciones de qué?’, sigue resonando como una falta de respeto hacia quienes exigen rendición de cuentas.

El regreso de Juan Carlos I a Sanxenxo es una demostración de que, en el Estado español, la Corona sigue operando bajo un manto de impunidad. Los escándalos financieros, las irregularidades fiscales y las acusaciones de acoso no han tenido consecuencias legales significativas, gracias a un sistema que combina inviolabilidad, prescripciones y falta de voluntad política para reformar la institución monárquica.

Mientras Juan Carlos I navega en las aguas de Sanxenxo, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo un régimen que blinda a la familia real podrá resistir el creciente clamor por transparencia y justicia? La respuesta, por ahora, parece estar en el horizonte de un debate republicano que, aunque silenciado por el establishment, gana fuerza en la conciencia colectiva.

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