Aumentan el racismo y la segregación en el mercado del alquiler

La discriminación inmobiliaria ha aumentado en el mercado del alquiler y ha contribuido a generar procesos de segregación urbana. Actualmente, en el 99% de las 100 llamadas realizadas a inmobiliarias en Madrid y Barcelona se aceptan prácticas discriminatorias explícitas hacia personas extranjeras, frente al 72,5% registrado en 2020. Es una de las principales conclusiones del informe ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda, que ha presentado la asociación Provivienda.

Este es un ejemplo. Si la persona que llama dice ser extranjera, la reacción es la siguiente: «¿Cuánto sois de familia? Se necesita DNI o NIE, contrato de un año de antigüedad, nóminas de 3.300, ¿sí? Describirme el perfil, ¿en qué sector? Ah vale, envíame los documentos por WhatsApp. ¿Y para la visita? Primero tengo que ver los documentos". Y si la persona es española: "¿Por qué queréis cambiar?". "¿De qué trabajáis? Disculpa que se me pasaba (...) ¿Qué disponibilidad tienes para ver el piso?".

El estudio, financiado por la Dirección General de Gestión Migratoria de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), es una actualización de un estudio realizado hace cinco años.

«La presente situación del mercado de alquiler, caracterizada por una creciente escasez de oferta y un alza histórica de precios, profundiza la exclusión residencial. La práctica totalidad de las inmobiliarias contactadas aceptaban formas explícitas de discriminación. Esto supone un aumento de 30 puntos porcentuales con respecto a 2020?, destaca Elena Martínez, responsable del área de Investigación y Evaluación de Provivienda.

La segunda parte del estudio se centra en la respuesta diferencial de las agencias inmobiliarias ante la búsqueda de piso de personas según su nacionalidad. El informe muestra que el aumento de la discriminación no solo se limita a la disponibilidad de los pisos, sino que también incluye a la oferta de viviendas en zonas específicas, lo que genera procesos de segregación residencial y promueve zonas con mayor dificultad de acceso para las personas migrantes, especialmente extracomunitarias.

Según explica la organización en una nota de prensa, los resultados se han obtenido principalmente a través de técnicas de testing inmobiliario, mediante 600 llamadas realizadas por personas españolas y extranjeras a los mismos anuncios, así como 100 llamadas a agencias inmobiliarias de Madrid y Barcelona por parte de personas que ofrecen sus viviendas para alquilar con la intención explícita de excluir a personas migrantes.

A lo largo de la investigación, al perfil nacional se le ha llegado a ofrecer hasta cuatro alternativas de piso en un mismo contacto, mientras que, al perfil extranjero, se le ofrece como máximo dos. Es decir, la población nacional accede al doble de opciones de vivienda y a más cantidad y diversidad de zonas.

El estudio señala que existen perfiles de «potenciales personas inquilinas», asociados a personas nacionales o extranjeras de países con niveles socioeconómicos elevados, como Alemania, Holanda o Estados Unidos. Mientras que la población migrante económica u originaria de países de las regiones de Asia, África o América Latina se enfrentan a presunciones estereotípicas negativas.

«El Gobierno de España está trabajando en la actualidad para combatir la desigualdad y la discriminación en un plan de integración e inclusión social, que tendrá en la vivienda uno de sus ejes fundamentales de actuación», han afirmado responsables de la Dirección General de Gestión Migratoria, según recoge la nota.

«Para hacer frente a este problema, desde Provivienda se recomienda poner en marcha herramientas para la mejora del sistema de provisión de viviendas en España. Por ejemplo, a través de los programas de bolsas de alquiler que garanticen un acceso a la vivienda justo y en igualdad de oportunidades«, explica Martínez.

Además, Provivienda considera fundamental el aumento de la oferta de vivienda social y asequible, gestionada por organizaciones sin ánimo de lucro para atender las necesidades específicas de las personas migrantes y contrarrestar los procesos de segregación. «La discriminación inmobiliaria promueve la exclusión residencial y la segregación urbana en España, por ello, es esencial implementar medidas eficaces que garanticen un acceso igualitario y justo a la vivienda para todas las personas, independientemente de su origen, etnia o nacionalidad», concluye Martínez.