Violento desalojo de tres familias mapuche en Villa La Angostura

Neuquén – La policía del gobernador Jorge Sapag tuvo ayer una mañana agitada. A las 9, y a pesar de que había muy pocas personas en el predio, desplegó un operativo cuanto menos excesivo para la ocasión.
Para desalojar a tres familias movilizó, según informó el comisario de Villa La Angostura Nelson Ledesma, más de 65 efectivos, casi todos de los grupos especiales de la policía de la provincia (Despo), integrantes del GEOP, de la dirección de Bomberos, y la división de canes que llegaron desde Neuquén capital, Junín de los Andes y Zapala.
Sin embargo, el lonko de la comunidad Ernesto Antirao habló de la existencia de grupos parapoliciales y de al menos 100 policías que fueron acompañados por el Secretario de Seguridad de la provincia, Guillermo Pellioni, y un fiscal.
Este es el cuarto intento de desalojo y fue preparado con minuciosidad. Según denunció Fidel Kolipan, werquen de la Confederación Mapuche Neuquén, desde el día anterior grupos parapoliciales estuvieron merodeando la zona para poder establecer el momento oportuno de entrar al predio: cuando no hubiese casi nadie con la fuerza para oponerse a semejante operativo.
Resguardados por la policía especial, obreros contratados por el empresario inglés William Fischer que reclama esas tierras, desmantelaron las tres viviendas y sacaron todo lo que en ellas había.
“Yo estaba sola con mis hijos, uno de 8 y otro de 9, y ellos venían armados hasta los dientes porque ya nosotros ya nos hicieron la propaganda de que somos terroristas. Y me desarmaron la casa y me destrozaron mis cosas, me las dejaron tirada en el parque industrial afuera. Quedé en la calle y el intendente se lava las manos”, dijo Jenny, integrante de la comunidad, en una entrevista realizada por el programa Los Locos de Buenos Aires.
El comisario de Junín de los Andes, Juan Carlos Escobar, a cargo del operativo de desalojo, dijo por su parte: “Estamos cumpliendo una orden del Juzgado Multifueros, por una causa civil de restitución de la propiedad y otra penal para liberar una calle”, afirmó en un diario zonal.
Se refieren a una sentencia firme que data de 2007 a favor de Fisher, en la que el juez argumentó que no se aplicaba la Ley de Emergencia Indígena N°26.160 porque no quedó demostrado que la posesión que indica la comunidad Paichil Antriao sea tradicional y anterior a la posesión del propietario, sino que por el contrario, la ocupación fue “nueva”.
Pero los integrantes de la comunidad sostienen estar protegidos por dicha ley que establece un período de cuatro años (desde su entrada en vigencia en noviembre de 2006) por el cual se suspende “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. O sea que no podrían desalojarse comunidades hasta noviembre de 2010. Pero además establece que en los primeros tres años de su vigencia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el “relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
Sin embargo la orden judicial provino, por cuarta vez, del Juez Jorge Videla. Este es el mismo magistrado que en setiembre de este año emitiera otro fallo contra Samuel Chabol y su mujer, también integrantes de la comunidad Paichil Antriao, instándolos a devolver sus 10 hectáreas a la familia Pérez Catán que las reclama.
En los intentos de usurpación de las tierras a los pueblos originarios, los empresarios, la justicia, los abogados y los funcionarios (por acción o por omisión) desarrollan una misma estrategia apoyados para la acción en las fuerzas de seguridad
Así, en lo que se refiere a la comunidad mapuche Paicil Antirao de Villa La Angostura participan personas que reivindican la propiedad privada sobre parte de estas tierras (Néstor Martín Bianchini y Jorge Bernardi, William Fischer y Emanuel Ginóbilli), las inmobiliarias intermediarias en esas operaciones de venta (Franco Ferrari Propiedades, Bessone Propiedades, Inamot Propiedades), los operadores de los emprendimientos, los abogados (Guillermo Hensel y Julio Saraví Casco para Bianchini, Nestor Yeri y Maria Alejandra Neira para Fischer), funcionarios y fuerzas de seguridad.
Finalmente nos hacemos eco del pedido que la comunidad expresa:
“A la sociedad toda instamos a denunciar estos hechos de violencia física y psicológica instalada por el gobierno provincial y por sectores de poder que quieren mostrar al Pueblo Mapuche como un peligro inminente contra la sociedad, criminalizando la demanda de derechos. Convocamos a la sociedad neuquina y nacional para que se pronuncie en defensa de nuestra dignidad y derechos. No aceptemos que Sapag al igual que Sobisch con su mismo espíritu represor resuelva a través de la fuerza y la violencia esta situación. Esto se evita dialogando y reconociendo derechos ya normados y que la provincia incumple.
Por Justicia - Territorio – Libertad: Marici wew!!!
Contactos: Werken Fidel Colipan 0299-154699972 // Ernesto Antriao Logko Lof Pacil Antreao 02944-15607505”

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