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El acuerdo de las élites beneficia a genocidas
El 2010 fue declarado “el año de los héroes de la seguridad democrática”, por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, bajo el lema “Gracias a usted soldado… volvimos a pescar de noche”. Uno de esos héroes fue el coronel Francisco Fula Cárdenas, ascendido ese mismo año a comandante de la Vigésima Octava Brigada -XXVIII- con sede en Vaupés – Guaviare; el mismo que hoy está vinculado a un proceso penal como coautor de la masacre de once campesinos ocurrida en diciembre de 2005 en zona rural del municipio de Curumaní - César.
Este héroe de la política de seguridad democrática en su calidad de comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 3 del Ejército Nacional, durante los días 6 y 7 de diciembre de 2005, en coordinación con paramilitares al mando de Jorge 40, reunieron por la fuerza a campesinos de las veredas Lamas Verdes y Nuevo Horizonte del corregimiento Santa Isabel, jurisdicción de Curumaní para, durante 48 horas, torturarlos y asesinarlos. Militares y paramilitares realizaron un ritual macabro que consistía en elegir a una persona cada cierto tiempo para torturarla mientras niños, niñas, mujeres y hombres mayores observaban. Métodos de tortura como introducir por la nariz de la víctima un puntillón hasta producir su muerte dan cuenta del grado de crueldad ejercida contra la comunidad. Los gritos de dolor aún retumban en los oídos de los aterrorizados espectadores; los campesinos de esa zona de la Serranía del Perijá no olvidan las horas de zozobra y angustia.
Entre las víctimas se encontraban Héctor Julio Manzano Guerrero, José del Carmen Carvajalino, Deiber Parada Becerra, Elides Ramírez Pineda, Rubén Darío Pacheco Contreras, Nubia Ester León Quintero y Alfredo Acosta.
Simultáneamente, en un hotel del casco urbano de Curumaní, el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, se reunía con el alcalde municipal de la época, políticos de la costa caribe y ganaderos de la zona para coordinar el control político y militar en el departamento del Cesar. La cuestionada reunión fue conocida como la “cumbre de Curumaní”. Entre los participantes estaba Luis Eduardo Vives, en ese momento senador de la república, y los representantes a la Cámara Jorge Caballero, José Gamarra, Jorge Castro, Alfonso Campo Soto, Dieb Maloof, Habib Mereg, entre otros.
La investigación penal en la justicia ordinaria avanzó con la condena de varios paramilitares; algunos de ellos decidieron confesar los crímenes señalando al coronel Fula Cárdenas como coautor de los hechos. El principal testigo -el jefe paramilitar alias CHELY- fue asesinado en confusos hechos en el aeropuerto de Valledupar. El alto oficial fue vinculado al proceso mediante indagatoria, incluso con resolución de acusación confirmada en segunda instancia; la etapa de juicio le correspondió el Juzgado Especializado de Valledupar.
Los familiares de las víctimas y la comunidad campesina de Nuevo Horizonte y Lamas Verdes durante catorce años han exigido el esclarecimiento y castigo para los máximos responsables, pero una vez mas, fueron revictimizados con la decisión del Juez que suspendió las audiencias de juicio para remitir el proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde mayo de 2017, Fula Cárdenas firmó acta para someterse a la JEP, pero con la intención de defenderse en esa jurisdicción con el posible argumento justificatorio o negacionista.
Los militares autores de crímenes internacionales como genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra acuden a la JEP solo cuando la justicia ordinaria -con presión de los familiares- establece su responsabilidad penal en los hechos. La JEP se convirtió en el burladero de los responsables de crímenes de Estado. Los acuerdos de la derrotada Farc-ep con el gobierno neoliberal de Santos son acuerdos de élites que comprometieron la lucha contra la impunidad de las víctimas del terrorismo de Estado. La masacre de Lamas Verdes ocurrió en un contexto de guerra, pero son conductas propias de un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos; crímenes que se planificaron, financiaron y perpetraron desde instituciones y estructuras estatales bajo la doctrina vigente de la seguridad nacional con el fin de reconfigurar las relaciones sociales de autonomía que los procesos populares fomentan en los territorios. Años después de la masacre existe certeza que en esa región del Perijá está previsto la explotación de recursos mineros por parte de empresas multinacionales.
