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Ante el asesinato de un inmigrante guineano por la policía
canaria
Cien Fonsecas
no valen un Mayor Oreja
A la hipocresía, la mentira, y sobre todo a la crueldad, es fácil vestirlas de pragmatismo, rigor y necesidad. Así, al final de su editorial del 27/8/00 en EL MUNDO, Pedro J. Ramírez aconseja al gobierno y en concreto al ministro del interior, que mejor seria para su futuro aclarar la muerte del guineano Antonio Augusto Fonseca en una comisaría canaria, y condenar a sus responsables porque en el caso contrario, "...la oposición cogerá el todo por la parte y aparecerá cargada de razón para tildar de cruel, racista y xenófoba la actitud razonablemente restrictiva del PP hacia la inmigración".
La crueldad no solo podemos encontrarla en nuestra imaginación, al pararnos a pensar como sucedieron los hechos; se encuentra patente en la actitud calculadora de un periodista que se atribuye el aura de independencia, pero que está basando el grueso de su actividad opinadora en proteger, aconsejar e intentar teledirigir la estrategia política del gobierno Aznar.
El asesinato y las circunstancias que lo rodean, no siembran la duda sobre el camino de fortificación policial del gobierno; al contrario, lo temible no son los peligros de la línea a seguir, sino que el muerto reste eficacia a la estrategia de extranjería de un "gobierno razonable".
El asunto va mas allá de la extranjería. El tiempo tardado en realizar una segunda autopsia, las mentiras continuadas y consecutivas de los órganos policiales, y la inhibición de Mayor Oreja intentando esperar a que escampe, son circunstancias que confirman las dudas sobre la existencia de unas verdaderas garantías ciudadanas.
Precisamente en estos días, se ha conocido una sentencia que considera probada la violación en unas dependencias policiales de Bilbao, de una mujer brasileña. Dicha sentencia da por suficientemente probados los hechos, pero reconoce no poder condenar a los culpables, al no haberlos identificado por culpa de un "...corporativismo trasnochado, y un compañerismo mal entendido..." dentro de las estructuras policiales.
Se trata de una burla. No es difícil saber qué agentes se encontraban de servicio durante una noche determinada, y quiénes participaron en una detención concreta. Siempre hay unos responsables directos que tienen esos datos en sus manos, y la negativa a entregarlos ya debería ser motivo de actuación judicial. Existe una minoría de individuos armados, a sueldo del estado, y cobertura material de este. Estos cuerpos policiales y su actuación, depende todo el aparato judicial y carcelario, y el mismo aparato institucional del estado. Todo, no sólo por sus actuaciones concretas, sino por ser la policía la principal base de datos de cualquier país.
Incluso determinados periodistas, sin ser necesariamente "conservadores", dependen tanto de la actividad policial como de la información que desde estos cuerpos se pueda filtrar. Esto teje una red a todos los niveles, en la que el rechazo de toda sospecha o el ensombrecimiento de cualquier evidencia, son los únicos terrenos delimitados, salvo en los momentos en que la madeja se enreda, y los poderes mas importantes están en peligro.
Es entonces, como con los GAL, cuando las altas instancias están dispuestas a sacrificar sus peones para salvarse, pero mientras tanto están a salvo de toda sospecha. La división de poderes, no es mas que un juego de contrapesos e intereses, es una ficción jurídica que da forma a la ficción del estado de derecho Y en el otro lado, el inversa al juego de poderes, pero directamente relacionados con ese juego, existen distintos colectivos de personas que en cualquier momento y circunstancia son sospechosos.
Disidentes politicos, los delincuentes habituales, los gitanos o los inmigrantes, son grupos humanos permanentemente bajo sospecha. El sistema judicial basa su funcionamiento, en una escala de valores en la que unos determinados perfiles sociales, políticos y económicos, están condenados de antemano. A lo que contribuye una prensa que afila los tópicos siempre que puede, ya sea en la crónica de una manifestación, o con la noticia sobre una reyerta.
El editorial que nombramos, la carta de Pedro J. Ramírez los domingos a sus lectores, afirma que "Todo indica que Fonseca era un broncas y es probable que traficara con drogas", aunque, generoso Pedro J., reconoce que "...no merecía la muerte".
¿Qué hechos indican que fuera "un broncas"? Si el Instituto Toxicológico no encontró ningún rastro de droga en las vísceras del cadáver, ¿qué indica que traficara con droga? Manteniendo el equilibrio difícil entre la devoción policial y lo políticamente correcto, de una forma sutil y repugnante, indica que la víctima se lo andaba buscando.
La ironía se completa, cuando el único testigo de los hechos, es un "...fulano con apellido de cirujano de cajas fuertes, sobrenombre de novillero y una trayectoria de encontronazos frecuentes con la policía...", mientras el máximo responsable de las diferentes versiones, de las mentiras y la oscuridad que envuelven la versión oficial, no es mas que "...un delegado de gobierno excesivamente crédulo...".
Se esta ocultando un crimen ocurrido en dependencias policiales, en el que han participado varios agentes, y otros tantos han callado, en el que el forense ha colaborado con el crimen y del que se dan cuatro versiones a cual mas inverosímil, y es alabada, la "lógica" de la "reacción inicial de un hombre tan prudente como Juan Cotino" al "...respaldar a sus subordinados...".
Entre la credulidad de unos y la prudencia de otros, al final solo se trata de "...averiguar si hay indicios" para condenar a los responsables.
¿Son pocos indicios la sarta de mentiras que se suceden desde hace tres meses? Por lo pronto, los portavoces policiales deberían estar en prisión preventiva por ocultar pruebas, y la única acción legal puesta en marcha hasta ahora es la apertura de un expediente a la abogada de la familia de Fonseca. Y después de toda la trayectoria zigzagueante entre lo políticamente correcto y el servicio al gobierno, el centro de la cuestión en las palabras del director de EL MUNDO, no son las garantías ciudadanas, los derecho humanos, las libertades... conceptos utilizados mil veces semanalmente por la prensa. "Para Mayor Oreja y para cuantos confían en su futuro papel político, en el país Vasco y fuera de él, seria una catástrofe que este cadáver quedara mal enterrado y resucitara en el momento más inapropiado".
Fonseca, a estas alturas desaparece, sus asesinos, y todo lo que ha dado lugar a estos hechos pasan al segundo plano. Todo se confunde dentro de un paisaje macropolítico, en el que el valor de una muerte es directamente proporcional al coste político que le suponga al ministro del interior, con lo que si tal coste fuera nulo el valor de esta vida seria cero.
Después de una muerte en comisaría, la responsabilidad y la justicia pasan a ser complementos mínimos, dentro de un panorama en el que están en juego, por un lado, la legitimidad para seguir defendiendo mediante la retórica política la estrategia de fortificación fronteriza del gobierno; y por otro, la carrera política del ministro más mimado por la prensa, el político del que más de un periodista desea ser albacea. ¿Pronóstico?. Caso cerrado.
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