Aportación al debate sobre la prostitución y la regulación de esta actividad con motivo de la aprobación del decreto de la Generalitat sobre los locales dónde se ejerce.

Mucha gente aplaudirá el nuevo decreto de CIU sobre la prostitución y dirá "mira que 'progres' estos del Gobierno, ahora incluso regulan la prostitución. Así que es verdad que son de centro...". Pero no nos dejamos engañar, esta Ley sólo regula los locales de prostitución, marca unas condiciones de higiene y seguridad para los clientes, y para mejorar las conflictivas relaciones con el vecindario (horarios, ubicación, etc.). El objetivo es, en principio, proteger a los clientes y a la ciudadanía que todavía se escandaliza de esta forma de trabajo que es la prostitución, pero quién más se beneficia es "el empresariado del sector" o proxenetas; el decreto aseguraría -supuestamente- una mejora de la calidad y por lo tanto hace más provechoso su negocio, beneficia a los de siempre, a los ricos. Hipocresía y miseria. Nunca dejarán de sorprendernos estas dos características del capitalismo que tan bien saben aplicar los gobernantes actuales. Pero, hablemos en plata, ¿Quién protege a las personas trabajadoras? ¿Quién defiende los derechos de las prostitutas? ¿Ahora, aseguran el negocio y, para cuando una ley que nomativice las condiciones de las trabajadoras sexuales? ¿Cuando llegarán los derechos humanos a las prostitutas y prostitutos?

La situación de las personas trabajadoras en la prostitución es bastante dramática puesto que la inexistencia total de derechos laborales hace que no haya afiliación a la Seguridad Social, contratos, derecho a vacaciones, subsidios de paro o jubilación, regulación del horario, ningún criterio de remuneración, etc. Esto se traduce, en la práctica, en una situación de indefensión legal total y, en consecuencia, en abusos y explotación laboral tanto por parte del empresariado como por parte de la policía, tal y como manifiesta Regina de Paula Medeiros en "Hablan las putas", uno de los estudios antropológicos realizados en Catalunya.

Normativizar las relaciones de intercambio sexual-económico significaría regular o crear un marco laboral estable y unas condiciones de trabajo dignos, equiparables al resto de la clase trabajadora -partiendo de la presuposición de que el resto tengamos esta "dignidad laboral"-. Hace falta tener presente que la prostitución es, en la mayoría de los casos, una forma de trabajo decidido voluntariamente, y que la inclusión de las prostitutas en la red social significaría, entre otros cosas, la salida de la marginación y clandestinidad a qué se ven abocadas. Es, pues, necesaria una ley de la cual las prostitutas sean protagonistas y participen en su elaboración -en el actual decreto sólo se tienen en cuenta las aportaciones de los empresarios-, que incluya la capacidad de denunciar a la Inspección de Trabajo cualquiera forma de explotación y que haga real la persecución legal de su incumplimiento. Sería, también, una herramienta para acabar -o por lo menos intentarlo- con las mafias, que ya no podrían traficar con personas de otros países con falsas promesas de trabajo y obligarlas después a prostituirse, reteniéndolos la documentación, practicando amenazas y secuestros, tal como pasa en la actualidad.

Es necesaria una ley que permita ejercer la prostitución a cuenta de otros, de forma autónoma, en cooperativas autogestionadas, etc. Una ley que, como decía ya hace doce años la prostituta italiana Carla Caso, permita que las mujeres podamos volver a apropiarnos de nuestro cuerpo. Países como Holanda ya han seguido las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, regulando la prostitución de forma adecuada a la realidad. En Catalunya, esta ley será posible cuando en ninguna parte de pensar en el bolsillo primero se tengan en cuenta las personas.