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Globalización, Moneda Única:
De reforma en reforma hasta la derrota final
Agustín Moran - CAES
Los cambios contenidos en la actual Reforma Laboral, son poco más que
el desarrollo de los contemplados en la Reforma de 1.997, pactada por patronales
y sindicatos mayoritarios y posteriormente trasladados a norma legal por el
gobierno.
Abaratamiento del despido.- Esta medida, en la gramática de los negociadores y del gobierno, se llama "Extensión del contrato fijo de fomento del empleo". Su implantación en 1.997 afectó a jóvenes entre 18 y 29 y a mayores de 45 años, siendo su peculiaridad la rebaja de la indemnización en caso de despido improcedente por causas objetivas, de 45 a 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades frente a las 42 anteriores. Según reiteradas declaraciones de empresarios y sindicatos, la experiencia ha sido satisfactoria.
En los tres años siguientes a la firma de la anterior reforma laboral, se hicieron casi 35 millones de contratos. De ellos, más de 31 millones eventuales y algo más de 3 millones fijos. De estos últimos, el 75% fueron con la nueva modalidad (incentivada con bonificaciones en la cuota empresarial de la seguridad social), que contempla despido mas barato. El 25% restante, según la antigua modalidad con despido de 45 días por año. Es decir, con la reforma laboral de 1.997 no sólo no creció el ridículo porcentaje de contratos indefinidos, que era del 4% del total antes de su implantación, sino que incluso disminuyó, pasando del 4% al 3% del total, a costa de los nuevos contratos con menor indemnización por despido. De paso, se consiguió invertir la dirección del flujo de los recursos desde el bolsillo de las personas despedidas, en forma de indemnización, a la caja de los empresarios, en forma de bonificación. Tampoco se redujo significativamente la tasa de eventualidad, que ha pasado del 33 al 32 % en estos cuatro años.
El contrato con despido más barato se amplía en la actual reforma a: jóvenes de 16 a 30 años (antes de 18 a 29), mujeres desempleadas en sectores con bajo índice de empleo femenino (la mayoría de los sectores), _ HYPERLINK "mailto:parad@s" __parad@s_ con más de seis meses inscritos como demandantes de empleo y minusválidos. En realidad, el gobierno sólo lleva mas lejos las medidas pactadas en 1.997 por patronal y sindicatos. Quién calificó aquellas medidas de "empleo estable y con derechos", tiene dificultades para caracterizar estas medidas de "inestables, regresivas, lesivas y perjudiciales".
Flexibilidad de jornada.- El vehículo elegido es el de los contratos a tiempo parcial. Probablemente, el nuevo contrato a tiempo parcial sea una de las medidas mas radicales de la actual reforma para hacer mas flexible el trabajo asalariado.
El Gobierno suele poner a Holanda como ejemplo de las supuestas ventajas del contrato a tiempo parcial como instrumento de lucha contra el paro. En este país de la Unión Europea, cerca del 40% de la población ocupada tiene un contrato a tiempo parcial, siendo su tasa de paro de las mas bajas de Europa. Sin embargo, con el mismo entusiasmo que se dan estos datos, se omiten otros no menos importantes. Por un lado, la renta per cápita en Holanda es un 70 % mayor que la española. Esto permite trabajar menos horas cobrando menos y mantener un mínimo vital aceptable. Por otro lado, según la Encuesta de Población Activa ( E.P.A.) de Holanda, el 85% de la gente que tenía un contrato a tiempo parcial, lo buscaba. Por el contrario, en España, según la E.P.A., el 84% de las personas con contrato a tiempo parcial lo aceptaron ante la imposibilidad de obtener el contrato de jornada completa que buscaban. Esto nos exige llamar empleo a tiempo parcial lo de Holanda y paro a tiempo parcial lo de España.
La actual reforma laboral introduce una nueva regulación del contrato a tiempo parcial que corta de un tajo estas disquisiciones. Elimina el tope máximo del 77% de la jornada completa para poder firmar un contrato a tiempo parcial, dejando como única condición que la jornada a tiempo parcial sea "inferior" a la jornada completa. Además, permite la flexibilidad en la distribución de la jornada diaria, teniendo como única referencia el cómputo anual de las horas pactadas, con lo que se amplia enormemente la discrecionalidad empresarial para variar las horas de trabajo diarias. Esta disponibilidad puede ser incompatible con el trabajo doméstico y con los estudios. Ya no se habla de estudiantes y amas de casa como "beneficiarios" de este contrato. Ahora se trata simplemente de la "disponibilidad" del tiempo de vida para el tiempo de producción. Las amas de casa deben seguir recluidas en el domicilio familiar para administrar mejor los recursos menguantes.
Bonificaciones a la cuota empresarial de la Seguridad Social de ciertos colectivos. Es un mecanismo para aflorar el trabajo sumergido y sustituir puestos de trabajo fijos de los de antes por los nuevos, más flexibles y baratos.
Contratación Temporal. El contenido de estas medidas es puramente cosmético. Los empresarios deberán informar a los eventuales de las vacantes en contratos indefinidos que se produzcan en la empresa para que puedan optar a ellas. Se reduce la duración máxima del contrato eventual de los trece meses y medio actuales a doce meses. Para limitar la contratación temporal abusiva se establece una indemnización de ocho días por año trabajado en el momento de la finalización del contrato.
LA POLITICA DEL GOBIERNO DEL P.P. Y LA SITUACIÓN ECONOMICA INTERNACIONAL
En la reunión del G - 7 en Palermo el pasado 17 de Febrero, los ministros de finanzas de los mayores estados capitalistas intentaron hacer un diagnóstico realista de la situación económica mundial. El panorama no les resultó tranquilizador. La primera economía del mundo, EEUU, presenta un cuadro, todavía dudoso, entre bajo crecimiento y recesión. Japón, la segunda economía mundial está en recesión (dos trimestres seguidos con crecimiento negativo). La Unión Europea (U.E.) reduce su ritmo de crecimiento. Aznar no está dispuesto a quedarse atrás y se propone "convertir España en el país mas atractivo de Europa para los inversores". Esto implica hacer más flexible y barato el trabajo humano.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Es uno de los tres apartados de la reforma laboral de Mayo de 1.977, cuya vigencia de cuatro años se extingue en Mayo de 2.001. Han sido múltiples las declaraciones de la patronal acerca de la necesidad de eliminar los derechos adquiridos poniendo a cero el contador en cada negociación. En las condiciones actuales de decaimiento del pulso popular, los convenios serán al revés. Una fórmula de mejora de los resultados del Capital a costa de derechos sociales conseguidos históricamente. Si no se firma un nuevo convenio, tras el agotamiento del vigente, decaerán todas sus cláusulas hasta el suelo legal establecido por algún Convenio Colectivo de ámbito superior o, en su defecto, el Estatuto de los Trabajadores.
PENSIONES
Este es uno de los puntos fuertes para la mejora de competitividad del capitalismo español y europeo respecto a otros bloques capitalistas regionales. El sistema público de pensiones forma parte de la cultura europea. Esto explica las cautelas de los gobiernos para desmantelarlas. Pero debido al lastre competitivo que suponen en una economía global, se suceden las políticas para transformarlo.
Para el Capital, lo esencial en estos temas tan sensibles es legitimar el inicio de un proceso de privatización en el que lo importante no es la velocidad, sino la continuidad sin sobresaltos. Este proceso ya está iniciado en el Estado Español desde 1.995. En el Pacto de Toledo, tanto el Gobierno como patronal y sindicatos mayoritarios, están de acuerdo en: 1.- La necesidad de introducir cambios que aseguren la viabilidad, amenazada, de los sistemas públicos de pensiones. 2.- La necesidad de separar las fuentes de financiación de las pensiones contributivas. ( financiadas por empresas y trabajadores) de las pensiones no contributivas ( financiadas por el Estado). 3.- La constitución de un fondo de reserva que prevea posibles desequilibrios financieros en la Seguridad Social. 4.- La mejora de las pensiones mínimas de jubilación y viudedad.
A partir de aquí todo es posible. Pero cabe objetar: ¿porqué poner en tela de juicio la viabilidad de un sistema de pensiones para las personas jubiladas, haciendo depender sólo de las cuotas de la Seguridad Social de los que trabajan ?. ¿Qué cuotas cubren los gastos del ministerio de defensa, del ministerio del interior o de la casa Real ?, ¿Porqué se le exige autofinanciación a un derecho fundamental como es una remuneración digna para las personas mayores, sobre todo en un contexto tan celebrado de creación de riqueza y multiplicación de la productividad ?.
El gobierno propone el retraso de la edad de jubilación después de los 65 años. Eso sí, voluntariamente a cambio de incentivos. Una persona que acepte trabajar hasta el día de su muerte sale más barata, aunque se le pague por encima de su salario. No consume la pensión de jubilación, produce cuotas a la Seguridad Social, impuestos a Hacienda y beneficio a su empresario. ¿Cuántas personas mayores, de cuya remuneración depende una unidad familiar, aceptarán "voluntariamente " esta oferta?.
LA ENCRUCIJADA SINDICAL
Llamar estable a una relación laboral solo porque el contrato carezca de fecha de caducidad preestablecida, cuando al mismo tiempo, se hace mas fácil y barato para el empresario rescindir dicho contrato, es un insulto a la inteligencia. El problema no es tanto el de quienes insultan, sino, sobre todo, el hecho de que millones de personas, insultadas, no reaccionen.
Con la reforma laboral de 1.997 y el Pacto de Toledo sobre pensiones, ambos suscritos por CCOO y UGT, el gobierno ha demostrado que la precariedad y el recorte de pensiones fomentan el crecimiento económico y la estabilidad monetaria. Los sindicatos firmantes le han acompañado en ese razonamiento. El gobierno tiene legitimidad para continuar sin ellos. Máxime en un entorno de crisis económica que exige, para mantener el crecimiento, descargar las inestabilidades sobre la gente trabajadora. El gobierno conoce la debilidad sindical. Por eso, en la Mesa de Pensiones, con solo aplazar hasta el 2.003 su imposición de que la base reguladora de la jubilación sea toda la vida laboral, consigue que CCOO suscriba el acuerdo, legitimando con ello de forma indirecta la reforma laboral.
El penoso sindicalismo mayoritario que padecemos se sustenta en algunas nociones que es necesario revisar. Primera: Desde el horizonte político de la Moneda Unica, la competitividad y el empleo asalariado como única forma de pertenencia social, es imposible hacer nada más que gestionar la degradación del trabajo de la gente. Quién se oponga a dicha degradación, compromete la competitividad y por lo tanto, es responsable del paro. Esto es una trampa mortal en la que se encuentra instalado casi todo el sindicalismo.
Segunda: No "echarse al monte" es decir, no impugnar la lógica del capital (globalización, euro, competitividad, etc.), sirve para legitimarse frente al poder, el Estado y una opinión pública conservadora y adoctrinada. Pero también supone un tipo de actividad que debe ser cada vez más "eficiente", más compleja, más centralizada y sobre todo, más dependiente de los recursos ajenos y más alejada de la organización del conflicto social. Es decir, un nuevo Nacional Sindicalismo.
El sindicalismo mayoritario no se echa al monte, pero se deja en el monte, a merced de las leyes del mercado, a la mayoría de las personas asalariadas. Ese monte crece cada vez más. En él habitan, asalvajadas, cada vez más especies de "asalariad@s" trabajador@s, sobre todo jóvenes, compitiendo entre sí en una ciega carrera hacia los puestos de trabajo escasos, propiedad privada de los empresarios. Sin clarificar estos mecanismos y ensayar fórmulas para internarnos en esa selva, organizar y expresar el conflicto social oculto, sin un sindicalismo alternativo, no hay salida.
Una huelga general es absolutamente necesaria para expresar políticamente el destrozo material y moral de la clase obrera. Podría suponer un punto de inflexión en el deterioro sindical y social si fuera el resultado de un intenso y generoso proceso de confluencia en la acción de múltiples sujetos y movimientos sociales. Si se concibiera como un salto cualitativo en un proceso, hoy inexistente, de acumulación de fuerzas populares, que impidiera el avance de esta lógica brutal llamada globalización. El primer semestre de 2.002, con la Presidencia Española de la U.E. puede brindar un buen marco para desplegar una gran operación popular, cuya desembocadura fuese una forma primigenia de la democracia participativa. Una gran Huelga General contra la violencia del Euro.
Abril 2.001
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