x Marcos Roitman Rosenmann

Una cierta sensación de malestar invade al ciudadano medio español. El franquismo sociológico gana espacio social y la derecha consistente, apiñada en torno al Partido Popular (PP), se siente eufórica y se aprovecha para radicalizar su ideario liberal-conservador. El recurso fácil a la descalificación del adversario aduciendo motivos de deslealtad a la patria se convierte en el pan nuestro de cada día.

Para el actual presidente de gobierno, José María Aznar, la transición ha llegado a su fin. El proceso abierto con la muerte biológica del dictador Francisco Franco, en 1975, se cierra con su triunfo electoral de 1996. Su relección, cuatro años más tarde, constituye el inicio de una etapa de afirmación política en la que no hay nada que negociar o dialogar. El diseño de España ha concluido. Los más de 10 millones de votos obtenidos por el PP en 2000 se considera una afirmación de su ideario político y de sus reformas. Comienza una nueva etapa. Es su propuesta centro-reformista, defendida en enero de 1999 ante el décimo tercer congreso de su partido. Con él "podemos ganar el futuro (...) Es el momento para la reflexión, para la propuesta y para la acción. Son tiempos de reformas..."

Así, las fuerzas políticas de oposición, partidos y sindicatos deben cambiar su discurso y redefinir sus proyectos. El consenso está resuelto. No hay asignaturas pendientes. En este contexto no resulta difícil entender por qué el ex presidente Felipe González increpa en público al nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, diciendo que su partido carece de proyecto político. Los acuerdos de fondo se han consolidado. Por un lado, monarquía y terrorismo. Por otro, la concepción de una España unitaria fundada en el desarrollo de las autonomías regionales y el respeto a una economía de mercado capitalista. Cuando se ponen en riesgo dichos pilares emerge el pacto de Estado. La mayoría parlamentaria en sus votaciones ratifica continuamente estas bases de legitimación. La nueva ley de partidos políticos que permitirá la ilegalización de Batasuna es un buen ejemplo de lo apuntado.

Tras el fin de la transición, el discurso político debe modificarse. Los objetivos y la responsabilidad de los gobiernos postransicionales se encuentran abocados a cambiar sus argumentos retóricos. Los cambios propuestos se fundamentan en otro principio de explicación. La globalización condiciona y afecta el campo de decisiones política. Si los acuerdos firmados hasta 2000 entre empresarios, sindicatos y gobierno han estado marcados por el espíritu de la transición, el diálogo y la negociación política, hoy sus contenidos deben ceñirse a los requisitos que impone una obligada e irrenunciable reforma del mercado de trabajo y las relaciones sociolaborales. La racionalidad política de una economía de mercado capitalista condiciona y precede toda la discusión. Por ello el problema de fondo de la huelga general enfrenta dos criterios difíciles de congeniar. Uno, el defendido por los sindicatos, específico de la transición, abierto y dialogal, y otro cerrado e intransigente sin fundamento democrático argüido por el gobierno, el PP.

Resulta significativo que 35 catedráticos de derecho laboral de toda España, los más relevantes académicamente, hayan firmado un escrito de fondo en el que interpretan la decisión del gobierno, hacer uso del real decreto para imponer la reforma del desempleo, como un cierre patronal legislativo. En sus conclusiones señalan: "lo que los ciudadanos de este país no se merecen, en verdad, es que el gobierno adopte, sin otro arsenal argumentativo que su 'soberana voluntad', una medida que, además de poner en peligro valores tan estimables como la paz social o la cohesión social, degrada el sistema democrático, empujándole hacia una inquietante deriva autoritaria". Para el gobierno no existen recortes en los derechos por desempleo. Por el contrario, el decreto-ley supone, según sus ideólogos, favorecer la competitividad de los trabajadores en paro al tiempo que agiliza la lucha contra el fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo (fraude que no supera 2 por ciento, según cifras oficiales).

El decreto es considerado una ampliación y no una reducción en los derechos laborales. Su argumentación se obstina en señalar que la promulgación de la ley no tiene efectos retroactivos. Con ello están reconociendo implícitamente que a partir de su entrada en vigor sí los habrá. Resultaría contrario a derecho defender lo contrario. Por ello se empeñan en contra atacar a los sindicatos y tildarlos de falsos. Son caminos diferentes. El gobierno habla del presente inmediato y los sindicatos del futuro. Efectivamente, los actuales beneficiarios del desempleo no verán afectadas de inmediato sus prestaciones, no faltaba más. ¿Qué tal si mañana se impone por decreto-ley la pena de muerte por cualquier delito mayor y se aplica con carácter retroactivo a los presos condenados con anterioridad a otro tipo de condenas? Lo que resulta indigno es aprobar la pena de muerte. Por ello el argumento del gobierno del PP es espurio. Los cambios propuestos son para el mañana y afectan a todos los trabajadores que pretendan acceder a las prestaciones por desempleo.

Cuatro son los puntos centrales que avalan la huelga general: 1) El despido será más fácil y barato porque se eliminan los salarios de tramitación vigentes desde 1926. Es decir, y la justicia en España es lenta, en un juicio que tarde dos meses en declarar improcedente un despido el trabajador no percibirá estos meses. Serán imputados como un mes de paro. 2) Se recortan las prestaciones y se restringe el acceso de futuros beneficiarios al desempleo. Se consigue que la indemnización por despido y el patrimonio, vivienda por ejemplo, sean considerados parte de la renta. Con ello si se supera 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, 340 dólares aproximadamente, no se tendrá derecho a subsidio. Además, el decreto-ley incorpora el cambio de los llamados fijos discontinuos por la denominación de trabajadores de todo el año a tiempo parcial. Esta medida deja sin cobertura de desempleo a cientos de miles de trabajadores durante cuatro o cinco meses al año mientras los trabajadores a tiempo parcial no reciben prestaciones hasta cumplir un mínimo de meses de cotización. Educación, turismo y agricultura son los más afectados. 3) Se elimina el subsidio para trabajadores eventuales del campo en Andalucía y Extremadura al cambiar el número de peonadas exigidas al año. El resultado es la crisis de los jornaleros y un paro sin prestaciones. 4) Se reduce el tiempo de percepción de las prestaciones. Se considera que un trabajador en paro debe aceptar cualquier empleo ofrecido por la oficina de desempleo aun con un sueldo inferior al último trabajo o en condiciones de precariedad. De no hacerlo verá suprimido su derecho a desempleo. Además, se considera un trabajo adecuado la última labor realizada y cotizada. Así, por ejemplo si un médico, ingeniero o maestro han trabajado como camareros y cotizado por dicho oficio se considerará una oferta adecuada para ser aceptada como pertinente a su formación.

En conclusión, los derechos de los trabajadores se ven menguados. Los sindicatos llaman al combate después de una política conciliadora, cuyo resultado, se quiera o no, culmina con este decreto-ley. Los mayores beneficiarios: la patronal y las empresas privadas promotoras del trabajo temporal. Ahora podrán contratar la fuerza de trabajo a precio de saldo. La transición ha terminado. La democracia no está en el horizonte de la España diseñada por el PP.