El gobierno de España comenzó a aplicar ayer medidas de represión extraordinarias ante la proximidad de la cumbre europea que se celebrará en Sevilla entre el 21 y 22 de junio, un día después de una huelga nacional de protesta por 24 horas que podría paralizar el país.

Unos 9 mil policías y guardias civiles serán desplegados en la capital andaluza para garantizar la represión a los manifestantes y la inmunidad de los 26 jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la Unión Europea (UE) y de las naciones candidatas. Aunque según la experiencia de las últimas cumbres, también podrían ser utilizados para provocar violencia en el curso de eventuales manifestaciones contra la globalización.

Los acuerdos de libre circulación también fueron suspendidos desde el viernes en las fronteras españolas, lo que permite a la policía restablecer los controles para asegurar que grupos de izquierda no traten de llegar a Sevilla.

Además de ese temor a las manifestaciones, que en España son un derecho constitucional, el gobierno enfrentará el 20 de junio, un día antes del comienzo de la cumbre, una huelga general de 24 horas en protesta por una reforma de las prestaciones por desempleo, que fue convocada por diversos colectivos y partidos de izquierda, así como las centrales obreras CGT, CNT, UGT y CC OO.

La controvertida "reforma" de las prestaciones al desempleo fue adoptada el 24 de mayo por un decreto de ley, y ratificada el jueves por el Congreso de Diputados dominado por la derecha del PP y el PSOE. El decretazo, como lo denominó la prensa local, reduce de "manera inadmisible los derechos de los trabajadores" y las prestaciones sociales, y disminuirá, facilitándolo, el costo de los despidos, aseguraron los sindicatos.

Por otro lado Bélgica quiere que los líderes de la UE, cuando se reúnan en España la próxima semana, analicen la apertura de sus mercados como una forma de reprimir la llegada de inmigrantes indocumentados, dijo este sábado su primer ministro, Guy Verhofstadt.

Los jefes de Estado y de gobierno de los 15 países de la UE se reunirán en Sevilla el 21 y 22 de junio. La inmigración de indocumentados está entre las cuestiones que los gobiernos europeos quieren que aparezcan como más apremiantes. Al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, quieren mostrarse diferenciados de los partidos antinmigración en ascenso en varios países.

Verhofstadt, en declaraciones al periódico De Morgen, señaló que hay un vínculo entre el proteccionismo económico y la inmigración, y que planea plantear el tema en la cumbre. "Una de las principales razones para la inmigración es nuestro propio proteccionismo. Si la gente no puede vender sus productos en nuestros mercados, entonces con el paso del tiempo vendrán aquí", afirmó.