Barcelona. LiberInfo/La Haine. 08/11/02.- El Observatorio Penal de la Universitat de Barcelona ha emitido un comunicado de denuncia por el encarcelamiento de cuatro jóvenes okupas en la ciudad de Valencia, que están en la prisión de Picassent desde el pasado 18 de octubre. El informe del Observatorio denuncia el carácter político de la actuación del juzgado de instrucción 2 de Valencia.

Este documento aparece horas antes de que se conociera una nueva detención en la capital del Túria. Un joven fue conducido a la Jefatura Superior de Policía de Valencia el mediodía del 6 de noviembre, detenido por policías de paisano. Este joven fue puesto en libertad ayer sin que se conociera con exactitud el motivo de su detención. Familiares y amigos sospechan que esta actuación policial forma parte de la operación que llevó a la prisión a los cuatro okupas valencianos.

Recordemos que el próximo 16 DE NOVIEMBRE A LAS 17H EN LA PLAZA UNIVERSITAT DE BARCELONA, se ha convocado una manifestación para protestar por los encarcelamientos y la represión a la okupación.

Pronunciamiento público, traducido del catalán por La Haine

El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (UB) queremos manifestar que:

1. - Consideramos totalmente desproprocionada (desde un punto de vista jurídico penal) la decisión de encarcelar los cuatro detenidos en Valencia el pasado 15 de octubre.

2. - No parece adecuado a las normas penales, la imputación de un delito de "asociación ilícita" (no se sabe ni de cuál asociación se habla), y menos entiende la aplicación de tipos penales incluidos entre los delitos de terrorismo puesto que tan solo se fundamentan en indicios indeterminados, deducidos de los informes policiales. La inconcreción de tales conceptos evidencia una ambigüedad que nunca puede fundamentar jurídicamente una medida tan restrictiva y excepcional como lo es la prisión.

3. - Esta desproporción en la calificación jurídica de los hechos responde a criterios de prevención especial y general negativa (escarmiento de los detenidos y intimidación de la ciudadanía), y se enmarca en las políticas criminales de la "emergencia" y la "excepcionalidad" con las cuales los poderes públicos intentan canalizar la conflictividad social.

4. - Los mencionados informes policiales suponen una nueva manifestación del permanente acoso y criminalización de los movimientos y expresiones sociales que muestran su desacuerdo con el modelo único de pensamiento y de sociedad civil y política que pretende imponerse. Concretamente en Valencia como en otros sitios del Estado español, la Brigada de Información de la Policía Nacional ha realizado informes sobre la actividad de los movimientos sociales locales, claramente criminalizadores.

5. - Reiteradamente, se descalifica y se sitúa "bajo sospecha" a colectivos sociales (especialmente de jóvenes) que muestran su rechazo a un modelo político, social, cultural y económico con el cual no se sienten identificados, y que padecen los efectos de la precarización del mercado laboral, la especulación inmobiliaria, la falta de espectativas, etc.

6. - Denunciamos el uso del sitema penal para la gestión de unas problemáticas sociales de raíces muy profundas y complejas que -sin duda- tendrían que ser abordadas desde otras instancias de naturaleza muy diferente.

7. - Desgraciadamente, el Estado español ya presenta inquietantes signos de políticas criminales de tolerancia "cero" y de "emergencia penal", nefastamente conocidas en otras áreas en las que el descontento social es siempre criminalizado. Y, así, se contribuye de manera preocupante a empequeñecer un sistema de libertades y por esto tiene que ser cuestionado.

En Barcelona, a 29 de octubre de 2002.

Dr. Iñaki Rivera Beiras (Director)
Sr. Juan Berasategi Lachén (Portavoz)