La compañera permanece desde hace dos años en prisión incondicional y sin fianza, por orden del juez Garzón

El sindicato Confederación General del Trabajo de Catalunya (CGT) denunció hoy la situación de la afiliada Laura Riera, que continúa en prisión preventiva desde hace dos años, a la espera de juicio, a pesar de no existir prueba alguna que la inculpe de nada.

El secretario de Acción Social de CGT de Catalunya, Omar Lozano, exigió además en rueda de prensa la derogación de la Ley Antiterrorista "por la vulneración de derechos humanos que supone". Denunció también las supuestas "torturas" sufridas por Laura Riera durante los cinco días posteriores a su detención el 24 de agosto de 2001.

El secretario de Acción Social de CGT de Catalunya, Omar Lozano, exigió además en rueda de prensa la derogación de la Ley Antiterrorista "por la vulneración de derechos humanos que supone". Denunció también las torturas sufridas por Laura Riera durante los cinco días posteriores a su detención el 24 de agosto de 2001.

La joven, que tenía 22 años cuando fue detenida, trabajaba en un departamento del negociado de multas del ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Fue acusada de facilitar la matrícula del concejal asesinado a personas relacionadas con la banda terrorista ETA. Sin embargo, según el responsable de CGT Carlos Navarro, el ayuntamiento aseguró que Riera no tenía acceso desde su ordenador a esa información.

Los responsables de CGT afirmaron que la Guardia Civil "no encontró nada" en el registro domiciliario que demostrase la presunta relación de la joven con banda armada. Según Lozano, Riera firmó "el cuarto día de tortura" una declaración en que se autoincupaba para "acabar con la penuria" en que, según ella, se encontraba. Cuando fue trasladada ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la joven aseguró que era incocente y "negó la declaración".

Laura Riera permanece desde entonces en prisión incondicional y sin fianza, por orden del juez Garzón. CGT califica esta situación de "secuestro" y asegura que "se ha vulnerado la presunción de inocencia, amparándose en la Ley Antiterrorista". Lozano exigió además un juicio, para el que todavía no hay fecha, en el que Laura podría demostrar su inocencia.

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