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1.184 vulneraciones de derechos en el contexto de protestas entre 2022 y 2023
España no es país para quejarse
Las acciones ecologistas y las movilizaciones en favor del derecho a la vivienda son los casos de protestas más perseguidos y criminalizados en los últimos años, según recoge un informe de la plataforma Defender a quien Defiende.
La plataforma Defender a quien Defiende, mediante su herramienta de monitoreo de vulneraciones de derechos en contexto de protesta, ha registrado 1.184 vulneraciones de derechos en un total de 261 casos sistematizados durante los años 2022 y 2023. Las vulneraciones engloban detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica y encauzamientos y han sido recogidos por la plataforma en el estudio Diagnóstico del derecho a la protesta. Vulneraciones de derechos en el Estado español 2022-2023.
Para Defender a quien Defiende, en los últimos dos años, y particularmente en 2023, “la reactivación de protestas y acciones de desobediencia se ha acompañado del aumento de la represión y de nuevas metodologías represivas que han vulnerado gravemente derechos fundamentales”.
Esta organización entiende que el derecho a la protesta “se sigue vulnerando de manera constante” y precisa que el marco legislativo estatal continúa siendo “uno de los elementos que, de manera recurrente, se utiliza para criminalizar y reprimir indebidamente actos de desobediencia civil no violentos, imponer sanciones y penas desproporcionadas contra diferentes expresiones de protesta, ya sean de carácter sindical, feminista, ecologista, independentista, antirracista o de cualquier otra lucha social”.
También advierten que los datos publicados en este informe no representan los números totales de la vulneración a la protesta en España, ya que “no existe ningún mecanismo de recuento global por parte de la Administración, no hay cifras oficiales”. Lo que hace Defender a quien Defiende es, por tanto, una fotografía aproximada y parcial del mapa de la represión y vulneración a la protesta.
Desde 2017 se ha documentado que las protestas vinculadas al derecho a la vivienda y la ocupación han sido las más represaliadas y criminalizadas. En los últimos años ha entrado en juego la persecución de las acciones de protesta de movimientos ecologistas.
En 2022 se sistematizaron 314 vulneraciones en contexto de protesta. Más de la mitad fueron detenciones (124), represión judicial (82) e identificaciones (60). El movimiento ecologista contó 27 detenciones y 16 procesos judiciales abiertos ese año. El sindicalismo, a pesar de tener solo diez casos recogidos en 2022, sufrió multas y procesos judiciales “desproporcionados”, según Defender a quien Defiende, que señala que solo durante las cuatro huelgas vascas de 2022 se contabilizaron un total de 28 imputados y más de 15.000 euros en multas entre los trabajadores de Tubacex.
Madrid y Catalunya también registraron casos que recogen sanciones y procesos judiciales “desproporcionados”: el Sindicat d’Habitatge del Raval, en Barcelona, denunció en noviembre de 2022 que la Fiscalía reclamaba penas de más de 12 años de prisión a siete personas y multas por valor de 57.000 euros. En enero de 2022, varios grupos antimilitaristas recibieron multas por un importe de 16.800 euros.
En 2022, destaca el informe, se vuelve a manifestar la tendencia de un uso desproporcionado de la fuerza contra activistas por el derecho a la vivienda. En Granada, por ejemplo, la Oficina de Okupación, Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos presentaron en febrero de ese año una denuncia penal señalando un caso de desalojo ilegal, abuso de autoridad, agresiones y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía local y nacional.
En cuanto a 2023, la plataforma registró un total de 178 casos, de los que se desprenden 870 vulneraciones distintas. Se sigue la lógica de que cuando hay incremento de la protesta, hay también un incremento de la represión. El año pasado se produce una “ola represiva contra colectivos y organizaciones ecologistas”. Al menos 74 personas fueron detenidas en un total de 43 casos. Aparece como novedad la vigilancia sobre las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino, continúa la persecución de la movilización a favor del derecho a la vivienda y el informe menciona también el incremento de las vulneraciones relacionadas con la libertad de expresión e información.
Entre las principales novedades de 2023, Defender a quien Defiende destaca “con mucha preocupación” el uso de balas de goma por parte de la Policía Nacional. En junio y julio, durante la huelga del metal en Vigo, en noviembre en Madrid. También se documentó un aumento de denuncias y quejas por malos tratos bajo custodia policial.
Sobre la represión de las protestas de grupos ecologistas, las vulneraciones que sufren los activistas tienen relación con la detención y privación de libertad, con un total de 52 personas detenidas en 2023. Un hecho sorprendente, según el informe, que resalta el carácter no violento de estas acciones. Aún más grave, considera Defender a quien Defiende, es la acusación de pertenencia a organización criminal por la que 22 personas integrantes del colectivo Futuro Vegetal están siendo investigadas.
El movimiento de defensa del derecho a la vivienda es uno de los colectivos más afectados por las detenciones, principalmente durante los desahucios, y ha recibido 171 multas en 2023 en relación al libre ejercicio del derecho a la protesta: 89 contra 46 activistas del Sindicat de Llogateres en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y 77 al Sindicato de Vivienda de Carabanchel (Madrid).
El informe también subraya un tipo de vulneración que requiere “especial atención por la gravedad que supone”, que es la infiltración policial en colectivos y movimientos sociales. Menciona el trabajo de medios como El Salto o La Directa en la detección de seis policías infiltrados que fueron descubiertos en 2023.
Tras el análisis de las cifras, esta plataforma concluye que “la criminalización y persecución de movimientos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil tiene un efecto de desaliento evidente y generalizado” y afirma que todo el tejido asociativo es “susceptible de verse afectado por este tipo de metodologías que producen un efecto intimidatorio para toda la ciudadanía y restringen y reducen el espacio de la sociedad civil”.
Defender a quien Defiende también presenta una batería de recomendaciones, entre las que aparecen la derogación de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y establecer un marco garantista del derecho a la protesta. También sugieren un par de reformas del Código Penal para garantizar que el derecho de manifestación, la desobediencia civil y la lucha no violenta no puedan ser investigadas bajo la atribución indiciaria de delitos de terrorismo o de organización criminal, y para suprimir todos aquellos artículos que atentan contra la libertad de expresión.
En cuanto a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante manifestaciones, proponen que se prohíba el uso de las balas de goma, asegurar el derecho a grabar y monitorear la conducta y actuación de los agentes, una adecuación de la política de transparencia de los cuerpos policiales a los estándares internacionales y la creación de un mecanismo externo e independiente de supervisión e investigación de las actuaciones policiales.
También exigen que el Estado asuma responsabilidades e investigue los casos destapados de agentes de la policía infiltrados en movimientos sociales y que se implanten medidas para asegurar mecanismos de protección para los periodistas cuando desarrollan su tarea, particularmente en contexto de protesta.
Defender a quien Defiende se creó en 2014 como una plataforma de personas, colectivos, organizaciones sociales que trabajan frente a la criminalización de la protesta y las vulneraciones de derechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la actualidad, componen la plataforma el Instituto Novact de Noviolencia, el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, la Comisión Legal Sol 15-M, la Confederación de Ecologistas en Acción, el Institut de Drets Humans de Catalunya, la Red de Observación de Vulneración de Derechos en Contexto de Protesta de Granada, el sindicato CGT, el grupo de Derechos Civiles y Políticos Zaragoza 15-M, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Grupo de Acción Comunitaria.
