A todos nos va mucho en el proceso catalán. Nos va nuestra libertad

En unas declaraciones realizadas a la cadena SER el pasado viernes en torno al proceso abierto en Cataluña, Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, manifestó con respecto a los andaluces que “a nosotros no nos va nada en ello". Y, una vez más, para no variar, se equivoca.

Lógicamente, los primeros a los que les va algo en ello es al propio pueblo catalán. Pero no sólo a él. Tanto a los andaluces, como al resto de los pueblos aún hoy bajo el dominio del Estado Español impuesto, nos va mucho también en dicho proceso. Nos va en él nuestra propia libertad, puesto que coloca en lugar preferente del debate político la cuestión más esencial y determinante para nuestro presente y futuro, el de la soberanía y los derechos de los pueblos. Cuestiones tan trascendentales que de su existencia o inexistencia depende la posibilidad de transformación real de sus respectivas realidades, así como el propio calificativo a utilizar para definir a este Estado: el de legítimo o el de ilegítimo, el de democrático o el de autoritario.

Una de las características de la incoherente izquierda estatalista española, entendiendo con dicha adjetivación a todas aquellas que, desde diversas posiciones y por distintas razones, tienen en común el defender la pervivencia de un Estado Español y/o las supuestas bondades de su propia existencia, es la de que reconocen, en la mayoría de los casos, la existencia de diversas naciones y pueblos dentro del mismo para, a continuación, negarle los derechos y libertades que les son propios, infravalorarlos o supeditarlos al Estado único español.

La soberanía de los pueblos y el caso catalán

Dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos “. Su libertad y sus derechos no se originan o derivan de ningún ser o entidad superior a ellos mismos que se los reconozca, conceda o permita su ejercicio. Les pertenecen por derecho propio, por el simple hecho de ser seres humanos, y cualquier ser o entidad que se los niegue, cercene o impida su ejercicio atenta contra esa libertad y derechos inalienables, es un ser o entidad tiránica, autoritaria y antidemocrática.

De igual manera, los pueblos, que no son más que conjuntos de seres humanos, sociedades humanas, y las naciones, que no son más que esos mismos pueblos más el territorio que habitan, poseen unos derechos colectivos equivalentes, por derivación, a los que detentan los seres humanos que los componen. A unos seres humanos detentadores de su libertad y sus derechos por el mero hecho de serlo, corresponden idénticos derechos y libertades colectivas conformados estos en naciones y pueblos. Una libertad y unos derechos colectivos, que como en el caso de los individuales, les corresponde por derecho propio, por el hecho de ser naciones y pueblos, y tampoco se originan o derivan de ningún ser o entidad superior a ellos mismos que se los reconozca, conceda o permita su ejercicio. Y cualquier ser o entidad que se los niegue o impida su ejercicio atenta contra esa libertad y derechos inalienables, es un ser o una entidad tiránica y, por tanto, igualmente autoritaria y antidemocrática.

En derecho internacional, a esta libertad y derechos colectivos de los pueblos y de las naciones se les denomina soberanía. La soberanía popular y nacional. Y con dicha denominación se subraya el hecho de que la posesión de esa libertad y derechos son también inalienables  y se encuentran asentados sobre el principio, como en el caso de los individuos, de ser sus propios y únicos dueños. De poseer el poder absoluto sobre sí mismos. De ser sus propios soberanos.

Y según el derecho internacional, esas soberanías son ejercidas por los pueblos y las naciones a través de sus estados. Los estados, por tanto, no constiuyen el origen de la soberanía, del poder, sino su consecuencia y sus depositarios. La consecuencia de la existencia de unas naciones y unos pueblos libres, soberanos, que deciden constituirlos y depositar su práctica en ellos. Es la nación y el pueblo, o las naciones y los pueblos, quienes, como consecuencia, les dan su legitimidad y sus poderes a los estados y no los estados a las naciones y a los pueblos.

Aplicando estos principios básicos a nuestro caso y a nuestra actualidad, habrá que afirmar que el admitir la existencia de diversas naciones y pueblos dentro del Estado Español conlleva ineludiblemente admitir la existencia de sus derechos y libertades. De sus soberanías.
Unos derechos y libertades, unas soberanías, que les corresponde, como ya se ha expuesto, por el mismo hecho de serlo. Que no están condicionadas al reconocimiento, aceptación, concesión o autorización de nada ni nadie ajeno a ellos mismos, dado que son sus propios soberanos.

Cuando el Parlamento de Cataluña “declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado independiente” y “proclama la apertura de un proceso constituyente” propio, y lo hace, además, “como el depositario de la soberanía” del pueblo catalán y la nación catalana, no hace otra cosa que poner en práctica el ejercicio de dichos derechos y libertades que les pertenecen por el hecho de ser pueblo catalán y nación catalana. Igualmente, cuando “insta al futuro gobierno a cumplir únicamente con aquellas normas o mandatos emanados de esta cámara”, puesto que el poder de todo gobierno emana de la soberanía de sus naciones y pueblos.

En cuanto a que apruebe “iniciar negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de la creación de un estado catalán independiente en la forma de una República y, al mismo tiempo, pone en conocimiento del Estado español, la Unión Europea y a la comunidad internacional en su conjunto”, tampoco hace otra cosa que proclamar su soberanía y ejercerla. El pueblo catalán no pide al Estado Español reconocimiento, autorización o aceptación, le comunica su decisión soberana y su disponibilidad a ponerla en práctica de forma negociada. Tampoco a la UE o al resto del mundo, se limita a comunicarles igualmente su decisión soberana.

El derecho a decidir

Decía en esas mismas declaraciones Teresa Rodríguez que Podemos está "por la defensa del derecho a decidir porque para nosotros no puede ser un problema que la gente vote". Añadiendo que igualmente los andaluces hemos sido "protagonistas de procesos de cambio constitucionales, de modelos de construcción del Estado de las autonomías", ya que "cuando se pretendía construir un Estado asimétrico", los andaluces "salieron a la calle y dijeron que también querían decidir, y decidieron a través de un referéndum el 28 de febrero".

El “derecho a decidir” es la versión lingüísticamente light de lo que siempre se ha denominado como derecho de autodeterminación. Un concepto surgido de la mentalidad supremacista, imperialista y  colonialista occidental, que en su “benevolencia” para con los pueblos “inferiores” o “atrasados” que mantenían oprimidos, les concedía la posibilidad de votar si querían, o no, ser libres, en lugar de simplemente marcharse y dejarlos ser libres. Un derecho que, además, sólo les correspondía a aquellos pueblos que los imperialistas determinasen y que sólo se les ofrecía a los que los colonialistas creían que estaban “preparados” para ser libres.

Lógicamente, los pueblos colonizados, ansiosos de lograr romper sus cadenas y conscientes de su propia capacidad y determinación mayoritaria de independencia, en lugar de darle la espalda a un “derecho” otorgado que en realidad era una muestra más de poder  y de opresión sobre ellos, lo utilizaron para deshacerse del ocupante, por ser la vía más corta, más rápida y menos costosa a la que tenían acceso en aquel momento.

Algo parecido les pasa actualmente en el Estado Español a los pueblos con mayor consciencia de sí mismos. No se “complican la vida” y, como aquellos pueblos colonizados del tercer mundo tras la segunda guerra mundial, retoman ese concepto neocolonialista aún vigente para utilizarlo en su favor, seguros de su éxito. Por el contrario, en el seno de aquellos otros pueblos donde el grado de consciencia identitaria es muy débil o minoritaria, el “derecho de autodeterminación”, como es fácilmente deducible, en lugar de una herramienta útil para lograr su libertad, se transforma en instrumento para el mantenimiento de su esclavización.

Y ni que decir tiene que los andaluces no nos “autodeterminamos” el 28 de febrero, como afirma Rodríguez. Mezclar o confundir el derecho de autodeterminación, que es una votación para decidir con respecto a la independencia del país, con un referéndum en torno a grados de descentralización administrativa  y la forma y tiempos en que esta se debe producir, que era lo que exclusivamente se debatía y podía decidir el 28F, sólo puede ser el resultado de la más profunda de las ignorancias políticas o el fruto de la más rechazable de las demagogias.

Con independencia de las estrategias a adoptar por cada pueblo, que sólo a ellos corresponde determinar,  hablando de forma genérica, un posicionamiento político, no ya transformador o revolucionario, sino tan siquiera coherentemente democrático y progresista, debería conllevar la superación del neocolonialista derecho de autodeterminación y su sustitución por el derecho de soberanía. Por el derecho al autogobierno.
Y ese avance superador ha sido el que se ha producido en Cataluña. Eso significa la declaración aprobada y “el inicio del proceso de creación del estado independiente catalán en la forma de una República”,  ir más allá del concepto de autodeterminación que conllevaba la exigencia de un referéndum  para decidir y apostar por el derecho de soberanía. Por su proclamación y el pleno ejercicio del autogobierno.

¿Qué es eso de conceder, o no, que los pueblos y naciones decidan si quieren o no ser libres? ¿Quién lo puede otorgar, con qué derecho lo puede permitir o  impedir? ¿Quién o qué está por encima de la voluntad del pueblo soberano para condicionarla, determinarla o dirigirla? Imaginaros lo mismo a nivel individual. ¿Os imagináis un referéndum para decidir si queremos, o no, detentar nuestros derechos y libertades? No se vota si se quiere poseer derechos y libertades, los derechos y libertades nos pertenecen incluso aunque no se deseen. No se elige o se decide tenerlos, sólo cabe escoger el ejercerlos, o no. Y el no ejercerlos tampoco conlleva carecer de ellos, perderlos o renunciar a detentarlos, sino sólo el no hacer uso de los mismos.

El falso federalismo españolista

El pueblo catalán ha metido el dedo en la llaga, en la mayor llaga de este régimen español. Su carácter ilegítimo y antidemocrático como Estado. Y no exclusivamente por estar conformado desde la llamada “transición” como continuismo de unas estructuras dictatoriales mediante su adaptación a formalismos democrático-burgueses meramente epidérmicos, que también, sino, ante todo, en su propio origen y existencia. Incluso habiendo nacido en un proceso rupturista con respecto al franquismo y aunque se hubiese  cambiado su forma de estado, proclamándose una nueva república, seguiría siendo un Estado ilegítimo y antidemocrático.

La razón es obvia. Dado que los estados que engloban a más de una nación y pueblo surgen de la libre voluntad de esas naciones y pueblos, no es que el Estado Español deba de admitir sus existencias, así como aprobar y permitirles determinados derechos  y capacidades, sino al revés. Son dichas naciones y pueblos, a través de sus respectivos estados soberanos, los que, en el caso de así decidirlo, tendrían que haber decidido la existencia del Estado Español y su propia pertenencia a él. Serían dichos estados nacionales soberanos los que deberían aprobar sus características y otorgarle determinados poderes, capacidades y  autonomía, y no al contrario. El mero hecho de que exista al margen de la voluntad de los pueblos y naciones, y encima imponiénsose a ellas, lo convierte en ilegítimo y antidemocrático. Pero es que, además, el que secuestre y se apropie de sus soberanías, el que les niegue sus derechos y libertades e impida su ejercicio, lo convierte en tiránico.

Un mantra repetido hacia la saciedad por las izquierdas estatalistas españolas es su supuesta apuesta por un Estado federal, español por supuesto. Pero un Estado federal, como hemos visto, se conforma como resultado de la libre alianza entre diversas naciones y pueblos. Para que pueda existir un Estado federal o confederal que englobe a la totalidad o a una parte de los pueblos peninsulares e insulares, hoy obligados a formar parte del Estado Español, estos tendrían no sólo que decidirlo así de antemano y libremente, sino que para poder hacerlo tendrían que estar, a su vez, constituidos previamente en estados soberanos. Unos estados instituidos a través de sus respectivos periodos constituyentes propios y exclusivos.

Una vez concluidos los procesos constituyentes propios y constituidos los respectivos estados soberanos, aquellos que creyesen en su necesidad y positividad, podrían proponer  en cada estado la conformación de esa federación. Posteriormente, y en el caso de aquellas  naciones y pueblos que así lo quisieran y acordasen, se daría inicio a un nuevo proceso constituyente, en este caso a la vez propio y común,  que daría lugar al nacimiento del Estado federal. Este es el verdadero federalismo y el proceso de conformación y constitución de un Estado federal.

Cuando lo que se defiende como tal “Estado federal” es el mantenimiento del Estado único preexistente y su preeminencia. Un Estado que, posteriormente, en un supuesto “periodo constituyente” global, que no determinaría su propia existencia sino sólo sus características, se dotaría a sí mismo de una supuesta estructura “federal” que conllevaría el reconocimiento de diversas naciones y pueblos en su seno, así como el de la concesión de determinados derechos y poderes a los mismos, lo que se pretende es sólo renovar el “Estado de las autonomías” con nuevas denominaciones y otra tipología de descentralización. Lo que se está propugnando, en realidad, es el mantenimiento de la España “una, grande y libre”, del propio Estado Español, pero mediante otros procedimientos y nomenclaturas.  Un falso federalismo españolista.

Esta intencionalidad queda expuesta en la reafirmación de españolismo que Teresa Rodríguez realizó en el contexto de las referidas declaraciones con respecto al proceso catalán, cuando afirmó, de ella misma y de Podemos: "lo que queremos es construir un modelo de país en el que todo el mundo se sienta a gusto y haya solidaridad interregional". Evidentemente para esta andaluza, pero sólo de nacimiento puesto que no ejerce como tal, ese “país” es España y con esa “interregionalidad” hace referencia a las partes, las regiones, de dicho país, de España.

La falsa dicotomía entre lucha nacional y lucha social

Además de en nombre de ese falso federalismo que no es más que el viejo españolismo de siempre envuelto en diferentes palabras y promesas hueras, las izquierdas estatalistas suelen  justificar su negación de la lucha soberanista de los pueblos con el argumento de la supuesta defensa y priorización de lo social. De nuevo las declaraciones de Teresa Rodríguez con respecto al proceso catalán son un ejemplo de ello, cuando en las mismas abogaba por "ver los problemas comunes" y "tratar de resolverlos en común, seamos catalanes, vascos, gallegos, extremeños o maños", así como "tratar de evitar cortinas de humo que se colocan para tratar de enfrentarnos a personas que tenemos los mismos problemas, vivamos donde vivamos".

Como ya se ha expuesto, los derechos y libertades de los pueblos, sus soberanías colectivas, constituyen una derivada de aquellos que les corresponden a cada ser humano que los conforman, de sus respectivas soberanías individuales. Unos derechos y libertades que cuando le son arrebatados y negados por parte de un determinado régimen político se dice que esté es una dictadura y el estado sobre el que se asienta un Estado totalitario.

Y allí donde hay una dictadura y un Estado totalitario se imponen para las izquierdas como primera y prioritaria tarea, no el cambiarlo o mejorarlo, sino el derrocarlo. Y se hace así porque la recuperación de esas libertades y derechos, aunque sea en su nivel mínimo y  formal, supone dotarse y dotar al pueblo de herramientas para facilitarles posibles  avances en su “empoderamiento”, como dirían hoy los “actualizados”. Porque sin libertad ni derechos, con unas clases populares  atadas y amordazadas, ninguna otra meta sería alcanzable. Por ello la lucha pro democrática se convierte en el leitmotiv de todas sus actividades y reivindicaciones, incluso de las más concretas e inmediatas.

Un ejemplo reciente y propio lo tuvimos durante el régimen franquista. La lucha por la democracia, por la recuperación de los derechos y libertades políticas más básicas, era en aquel tiempo una prioridad para las izquierdas, y la bandera de la reclamación de los derechos y las libertades políticas estaba presente en cualquier reivindicación, por específica que esta fuese. La lucha pro democrática y las luchas por las conquistas sociales  no eran divisibles. ¿Os imagináis a algún colectivo de aquella izquierda negando, ignorando o menospreciando la lucha por derechos y libertades pretextando  priorizar la consecución de determinados logros sociales debido a las necesidades y urgencias populares, o del momento especial existente?

Pues, ¡oh sorpresa!, sí que los había, pero no se encontraban entre las ziquierdas reales. Eran los grupos políticos y sociales de las “izquierdas” del régimen: falangistas, acción católica, etc. Aquellos que pretendían alcanzar logros sociales pero de tal forma que no lo pusiesen en peligro y que fuesen instrumentos para su asentamiento  y consolidación, así como para su aceptación entre las capas trabajadoras.
Incluso el propio régimen lo fomentaba con esos fines de perpetuación y de atraerse a más amplios sectores populares.

Realizar hoy una dicotomía entre la reivindicación soberanista y la lucha social constituye una falacia semejante y equivalente a la realizada entonces entre la lucha democrática y las “mejoras sociales”.
Adoptar el papel de las nuevas izquierdas del régimen.

Si las izquierdas independentistas de los respectivos pueblos priorizan hoy las luchas por sus soberanías nacionales  no es por meras cuestiones históricas o de principios, sino, por encima de cualquier otra consideración, porque son plenamente conscientes de que, al igual que sin derechos y libertades individuales, sin derechos y libertades colectivas ningún objetivo social se logrará. Porque saben que con un pueblo  atado y amordazado ninguna otra meta será alcanzable. Por ello la bandera de la reclamación de derechos y libertades políticas colectivas de sus pueblos se encuentra presente en cualquier reivindicación, por específica que sea. Porque la recuperación de la soberanía supone dotarse y dotar al pueblo de la herramienta capaz de facilitarle su “empoderamiento” y su emancipación social como pueblo trabajador.

Hoy, en el seno de este Estado ilegítimo y antidemocrático, como entonces, como durante ese otro ilegítimo y antidemocrático del que es continuación, el de la dictadura franquista, son los grupos políticos y sociales que representan a las “izquierdas” del régimen actual, aquellos que pretenden alcanzar logros sociales que no sólo no lo pongan en riesgo sino que sean instrumentos para su asentamiento  y consolidación, así como para su aceptación entre las capas trabajadoras de la población, los que realizan esa falsa separación y dicotomía entre la lucha por los derechos nacionales y las conquistas sociales.

Por eso el pasado lunes, en el Parlamento catalán, votaron en contra de la declaración que proclamaba la soberanía popular y la intención de ejercitarla. El que lo hagan conscientes o inconscientes de las consecuencias, por arribismo o por ignorancia, no modifica el hecho, así como su trascendencia y efectos. Evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, un asesinato que un homicidio. El asesino pretende matar, mientras que el homicida no, pero ambos matan.

La lucha nacional y social es también una única y misma lucha.
Contraponer o anteponer las cuestiones sociales a las nacionales es la mejor forma de imposibilitar las conquistas sociales. Negar, ignorar, minusvalorar o aparcar la lucha por las libertades y derechos colectivos es la mejor forma de imposibilitar los derechos y las libertades individuales, la democracia real. Pretender y propugnar que otro Estado Español, que otra España, es posible, es la mejor manera de imposibilitar la existencia de otra Andalucía, de otra Cataluña, etc.

Como el Príncipe de Salinas, el personaje creado por Lampedusa en “el gatopardo”, estas nuevas izquierdas del régimen aspiran a cambiarlo todo para lograr que todo continúe igual. El Sistema quiere repetir la jugada pero con otros actores. Los propios protagonistas de la obra lo reconocen. Quieren llevar a cabo  una “segunda transición”. Y ya sabemos dónde ha conducido la primera. A donde estamos ahora. ¿Vamos a tropezar dos veces en la misma piedra?