Cada vez más muertes migrantes en las costas españolas

[En la foto, un inmigrante maliense sentado en un «cementerio de pateras» en Gran Canaria.]

El 2024 ya terminó, pero no sin antes alcanzar un máximo histórico en el número de personas que mueren en las fronteras españolas. Según datos de la ONG Caminando Fronteras, al menos 10.457 personas murieron o desaparecieron intentando llegar a territorio español por rutas marítimas irregulares en los últimos doce meses, lo que supone un aumento del 58% respecto a 2023. La gran mayoría de estas víctimas (9.757) intentaban llegar a las Islas Canarias españolas, frente a la costa occidental africana, mientras la represión patrocinada por la Unión Europea (UE) en el Mediterráneo central y la guerra de Mali obligaban a decenas de miles de personas a arriesgar sus vidas en rutas traicioneras y de larga distancia por el océano Atlántico.

Viajando principalmente en embarcaciones pesqueras tradicionales de madera conocidas como cayucos o pateras, los migrantes que toman esta ruta pueden pasar entre cuatro días y dos semanas en el océano. Muchas de estas travesías se complican aún más por los habituales fallos en los motores de estas embarcaciones. «El barco empezó a ir a la deriva; las olas nos arrastraban», cuenta T. D., un maliense superviviente de una de estas tragedias. T. D. le cuenta a Caminando Fronteras que mientras la comida y el agua se agotaban a bordo de su cayuco, «las vidas se extinguían una tras otra». «Pensé que yo sería el siguiente, pero fue mi hermano», continúa. «Le dije que no bebiera agua de mar, que aguantara, pero siguió bebiendo, luego vomitando, y después se sentó y dejó de hablar. No me atreví a tirar su cuerpo por la borda; otras personas lo hicieron».

Antes de ser rescatados, T. D. y los demás sobrevivientes se vieron obligados a presenciar la muerte de toda una familia: «El padre terminó arrojándose al mar después de meter al agua al último de sus hijos. No nos quedaban fuerzas para detenerlo».

Entre estos miles que perdieron la vida se encontraban las aproximadamente doscientas personas que zarparon en un cayuco desde Mbour, Senegal, a mediados de agosto. Pescadores senegaleses dieron con la embarcación más de un mes después, a la deriva a casi cincuenta millas de la costa de Dakar. A bordo había treinta cadáveres en avanzado estado de descomposición, mientras que el resto de los pasajeros se encontraban desaparecidos y fueron dados por muertos. Las víctimas más recientes fueron las seis personas no identificadas enterradas en El Hierro, la más pequeña de las Islas Canarias, el 13 de diciembre, tras haber muerto de hipotermia en su travesía de cuatrocientas millas desde Mauritania.

«Mientras que el número de vidas perdidas aumenta sin cesar, el Estado español sigue aplicando políticas centradas en el control de la migración, con el apoyo de Europa, y negando su impacto sobre el derecho a la vida», insiste el informe de fin de año de Caminando Fronteras. «Estas políticas [fronterizas] se basan en deshumanizar y criminalizar a los migrantes, dejándolos vulnerables a violaciones de derechos humanos y haciendo que sus vidas sean desechables».

En este sentido, el fenómeno de la muerte masiva en las fronteras españolas no puede entenderse simplemente como una serie de tragedias aisladas. Quienes pierden la vida son víctimas del brutal régimen fronterizo de la Fortaleza Europa, que, en nombre de desincentivar los viajes de migrantes y refugiados del Sur Global, los obliga a exponerse a cada vez más peligros mortales. Sin embargo, el aumento histórico de la migración a Canarias en los últimos dieciocho meses también pone de manifiesto la limitada eficacia de estas políticas de contención, que, al tiempo que condenan a tantas personas al sufrimiento y la muerte, sólo simulan de manera fraudulenta abordar las razones más profundas por las que la gente se arriesga a emprender este tipo de viajes.

Externalizar la represión

Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, insistió en este punto cuando hablé con él en octubre. «La migración humana, sobre todo cuando implica desplazamientos forzosos, es imparable», insistió. «La política de la UE de externalizar la seguridad de las fronteras a terceros Estados [no pertenecientes a la UE] como Marruecos o Túnez podría contener temporalmente los flujos migratorios a lo largo de ciertas rutas, mediante su compromiso con medidas represivas. Pero esas reducciones temporales sólo se consiguen empujando a la gente hacia puntos alternativos a lo largo de la frontera sur de la UE y obligándolos a seguir rutas aún más arriesgadas, como las que van de Mauritania y Senegal a Canarias».

De hecho, más de 46.000 migrantes llegaron a las Islas Canarias en los últimos doce meses, una cifra un 20 por ciento superior al total de 2023 (que a su vez era la cifra más alta de los últimos treinta años). En una reciente entrevista con El País, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en la región del Sahel, Xavier Creach, explicaba este aumento en función de dos factores. En primer lugar, el agravamiento del conflicto armado en Malí, que provocó el desplazamiento de al menos 200.000 refugiados a la vecina Mauritania. Como consecuencia, los malienses se convirtieron por primera vez en el grupo nacional más numeroso entre los que llegarán a Canarias en 2024, por delante de senegaleses y marroquíes.

Pero Creach considera que este cambio demográfico entre los que llegan a España está estrechamente relacionado con un segundo punto: el endurecimiento de los controles fronterizos a lo largo del Mediterráneo central está dificultando cada vez más que los refugiados y migrantes lleguen a Italia, que este año ha registrado un descenso del 60% de la migración irregular. Este país había sido uno de los principales destinos europeos para quienes huían de Mali. Pero tras el acuerdo de asociación estratégica de Túnez con la UE por valor de 1000 millones de euros, firmado el verano pasado, el Estado norteafricano lanzó una brutal represión contra los migrantes, complicando así la ruta hacia el norte del Mediterráneo y redirigiendo los flujos migratorios del Sahel a Canarias.

En respuesta, España y la UE prometieron un paquete combinado de 500 millones de euros para reforzar la capacidad de Mauritania para frenar la emigración, ya que sus fuerzas de seguridad incurrieron en muchas de las mismas prácticas abusivas contra los emigrantes utilizadas en otros Estados ahora «asociados» con la UE, como detenciones arbitrarias, violencia física y desplazamientos forzosos al interior del país. En noviembre aparecieron imágenes estremecedoras de cientos de migrantes encerrados en un almacén abarrotado de Mauritania, que recordaban a los centros de detención de Libia. Sin embargo, este Estado escasamente poblado, con una costa de ochocientos kilómetros de longitud, aún no logró desarrollar una estrategia sostenida y global de contención, y cada vez son más los migrantes procedentes de lugares tan lejanos como Pakistán, Bangladesh y Egipto que llegan a Mauritania, como punto de entrada alternativo al Mediterráneo central.

Responsabilidad española

Pero está claro que las políticas del gobierno de coalición de centroizquierda de España están teniendo un impacto directo en el creciente número de muertos en el Atlántico, incluso cuando muchos comentaristas liberales del mundo anglosajón alaban la retórica del presidente Pedro Sánchez sobre los beneficios de la inmigración. Discursivamente, en los últimos meses Sánchez destacó claramente de entre los líderes de la UE, sobre todo por su tajante rechazo al plan de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de enviar a los solicitantes de asilo a centros de internamiento en Albania. Esto, a su vez, llevó al conservador Partido Popular a acusarlo de crear un «efecto llamada» y hacer que España aparezca como un destino atractivo para los inmigrantes irregulares. En paralelo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viene adoptando cada vez más el tipo de tácticas de miedo antiinmigración que antes eran dominio de la extrema derecha de Vox.

Además, el gobierno de Sánchez también parece dispuesto a regularizar la situación de 900.000 inmigrantes indocumentados en los próximos tres años, después de que el Parlamento español aprobara un proyecto de ley al respecto en noviembre. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes que se beneficiarán de esta medida proceden de América Latina y llegaron a España en avión, sin arriesgar sus vidas en el océano.

En cambio, en lo que respecta a la inmigración en las fronteras del sur de España, el gobierno de Sánchez impulsó políticas que ponen aún más en peligro la vida de las personas. En primer lugar, intensificó las operaciones de vigilancia aérea y marítima de la costa senegalesa, en colaboración con la agencia fronteriza de la UE, Frontex, y la marina senegalesa. Los drones aéreos españoles vigilan ahora la zona, y cada vez son más las embarcaciones interceptadas y devueltas a Senegal, por lo que los cayucos se ven obligados a adentrarse cada vez más en el mar para evitar ser detectados, corriendo así riesgos aún mayores.

«Lo primero que busco cuando tengo noticias de que se avistó una embarcación cerca de la isla es su trayectoria exacta, por si existe la posibilidad de que pierda El Hierro por completo», explica Juan Miguel Padrón, alcalde de la ciudad portuaria de El Pinar, donde este año llegaron miles de personas. Como las pateras ya no pueden acercarse a la costa africana, El Hierro, la más occidental de las islas Canarias, se convirtió en los últimos dieciocho meses en el principal punto de llegada de las embarcaciones procedentes de Senegal. Sin embargo, dadas las fuertes corrientes oceánicas de esta ruta, las embarcaciones corren el riesgo de ser simplemente arrastradas hacia el Atlántico. «Ha habido casos de embarcaciones con entre quince y dieciocho personas muertas a bordo que llegaron hasta las costas de América Latina», me cuenta Padrón. «Más allá de El Hierro, sólo hay océano».

El informe de Caminando Fronteras también señala otro aspecto crítico del régimen de seguridad fronteriza externalizada de España, al constatar que «la inacción directa de los servicios de búsqueda y salvamento fue decisiva» en al menos 150 casos de pérdida de vidas humanas. La ONG, que gestiona una línea de emergencia para inmigrantes, pone como ejemplo el caso de un cayuco con 150 personas que zarpó del norte de Senegal en octubre. Caminando Fronteras recibió una llamada de socorro de su embarcación de madera a los cinco días de travesía, y los guardacostas españoles la localizaron en un área que se encontraba en el límite de las zonas de búsqueda y rescate de España, Marruecos y Mauritania. Según la ONG, los tres países pasaron varios días transfiriendo la responsabilidad de su rescate de un país a otro, hasta que la embarcación finalmente llegó a la deriva a Mauritania tras diez días en el mar. Para entonces, ya habían muerto veintiocho personas.

Describiendo estas muertes como «una tragedia totalmente evitable», Caminando Fronteras ve en este caso un ejemplo de cómo el Estado español llegó a transformar a los servicios de búsqueda y rescate en «un instrumento más para el control migratorio, lo que conduce directamente a un aumento de las cifras de muertes en las rutas migratorias». «Lo principal es impedir que lleguen a España, nada más importa», le dice a la ONG un político guineano. «España le dice [a los guardacostas marroquíes] que vayan al rescate, Marruecos puede ir o no, lo importante es que ha dicho que lo hará y así España deja de ser responsable (...). No importa si nuestros jóvenes no sobreviven».

Desapariciones colectivas

De los que mueren intentando llegar a las Islas Canarias, la gran mayoría simplemente desaparece en el Atlántico. Se calcula que sólo se recuperan los restos de un 4% de las víctimas. Del pequeño porcentaje de cuerpos recuperados por las autoridades españolas, menos de la mitad son realmente identificados. Un contundente informe sobre España realizado en 2022 por la Organización Internacional para las Migraciones denunciaba que es «prácticamente imposible que los familiares de los migrantes desaparecidos o fallecidos lleven a cabo o participen en los procesos de búsqueda, identificación o repatriación». A su vez, esto ha dado lugar al fenómeno de cientos de tumbas de migrantes sin nombre a lo largo de los cementerios costeros de España --muchas ubicadas a sólo unos metros de las fosas comunes de la Guerra Civil española--, dejando a las familias con una incertidumbre perpetua sobre el destino de sus seres queridos.

«Estamos hablando de desapariciones colectivas», insiste la directora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, en una entrevista de 2023. «Las autoridades españolas y europeas están dejando morir selectivamente a determinadas poblaciones --abandonando deliberadamente a las pateras en el mar-- o incluso, en algunos casos, llevando adelante masacres, como hemos visto en Tarajal y Melilla».

Como argumentaron numerosos expertos y ONG, cualquier alternativa a esta necropolítica despiadada debe pasar por la apertura de vías de migración seguras, ordenadas y regulares para las personas del Sur Global, en particular para las que buscan asilo. Sin embargo, el rumbo político de la UE lo impide claramente, ya que es probable que el nuevo pacto migratorio del bloque para 2026 refuerce los aspectos más represivos y punitivos de su régimen fronterizo. En concreto, se pretende aumentar las deportaciones de inmigrantes irregulares y acelerar el proceso de expulsión, al tiempo que con su nuevo mecanismo de «control» se crea otra ambigüedad jurídica en torno al derecho de los rescatados en el mar por los servicios europeos de búsqueda y salvamento a entrar en territorio de la UE.

Al mismo tiempo, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, miembro del Partido 'Socialista' (PSOE) de Sánchez, está presionando para que Frontex amplíe su mandato en África Occidental y se le permita a la agencia realizar patrullajes directamente frente a las costas de Mauritania, Senegal y Gambia. Si en 2024 la ruta atlántica hacia Canarias vuelve a confirmarse como la travesía marítima migratoria más mortífera del mundo, las condiciones podrían empeorar aún más a medida que se intensifique la militarización de la frontera.

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