Contra la Ley de responsabilidad penal del menor

El Ministerio del Interior recoge un total de 25.294 delitos cometidos por menores de entre 14 y 17 años durante el año 2001. De ellos, 23.186 fueron cometidos por "hombres" y 2.119 por "mujeres": abrumadora descompensación.

No todos estos delitos son considerados "violentos". Bajo esa denominación sólo se incluyen las "lesiones" (873), los "robos con violencia" (4.077), las agresiones sexuales (266) y los "homicidios" (58). La suma total asciende a 5.274 delitos controlados. Todo hace suponer que sólo una ínfima minoría de actos violentos acaban convirtiéndose en "delitos", de modo que estas cifras sólo representan una punta de iceberg de la "jungla" en la que vivimos.

Pero no vivimos en ninguna jungla. En la jungla se respetan las leyes de la naturaleza; las sociedades humanas, por el contrario, están sometidas a las leyes que elaboran, aprueban y hacen cumplir los grupos de poder.

Responsabilidad y Orden.
La reciente Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor -que según la Fiscalía General del Estado ha sido aplicada por el momento a 98.272 menores entre 12 y 18 años(2)- ha introducido una serie de medidas novedosas -eso sí, perfectamente adecuadas con la Carta de las Naciones Unidas- que ya son antiguas en otros países de "nuestro entorno".

En el rotundo trabajo del que hemos extraído la cita que abre este comentario, Meyer diseccionó las medidas tomadas en Francia a principios de los setenta: la libertad vigilada en familia, el internamiento y las "medidas de asistencia educativa en medio abierto". Pero lo fundamental, el salto cualitativo, era -como lo es ahora y aquí- la irrupción de los expertos: psiquiatras, psicólogos y sociólogos que definen, asesoran, asignan, estipulan, clasifican y trazan las fronteras de la responsabilidad.

La labor de los especialistas es lo que permite "asignar a cada uno su lugar" con criterios indiscutibles, de modo que el espacio social quede configurado milimétricamente bajo los designios de las élites que ostentan el poder, espacio en el que la familia juega un papel fundamental:

"La progresiva destrucción de la sociedad por el Estado, la organización de las ciudades como espacio de normalización, la rapiña y la inspección del espacio común por los poderes públicos, la imposición de una antropología basada en la relación productor-consumidor, la uniformización de la masa en familias estandarizadas, la persecución sistemática de los irregulares, los lisiados, los incapaces o rebeldes, han terminado por configurar en la amalgama social la imagen de la familia como la entendemos ahora"(3).

Control y gestión de la diferencia.
Estos cambios se insertan en el proceso de evolución de las estrategias de Poder que abandona los viejos y brutales modos de las llamadas por Foucault "Sociedades disciplinarias" y van incorporando lenta pero inexorablemente los dispositivos de coacción sutil propios de las bautizadas por Deleuze "Sociedades de Control".

De las ejecuciones en la Plaza pública a la reinserción; de las "penas" a las "medidas de seguridad’; de los castigos físicos en las aulas a las adaptaciones curriculares de los equipos de orientación pedagógica; del pecado a la enfermedad... de los regímenes dictatoriales a los democráticos...

Asepsia, profesionalidad, gestión de la diferencia. El problema es que los impulsos contenidos, encerrados, aplastados... acaban explotando. Y la "opinión pública" acaba volviendo varios siglos atrás para exigir sangre en la plaza del pueblo:

"Una diferencia tradicional entre la derecha y la izquierda consiste en que para la primera el delito debe ser castigado, mientras que para la segunda debe ser comprendido; pero en España ambos sectores comparten idéntica concepción: la pena se orienta exclusivamente a la reinserción. Aunque no dice eso la Constitución, hasta los jueces miembros de institutos religiosos católicos parecen haber olvidado los fines del castigo, el ejemplo y la reparación, destacados por teólogos y papas"(4).

Perfecto ejemplo de lo que Wilhelm Reich llamó "Plaga Emocional"(5).

Leyendo estas y otras críticas uno se pregunta cómo es que el Partido Popular ha podido aprobar una Ley que pueda ser criticada desde su derecha, especialmente cuando parecía que no podía haber ya casi nadie más a la derecha que el gobierno de Aznar.

La respuesta es sencilla: todo depende de con qué se comparen las cosas. Es fácil comprobar que la Ley del menor endurece las condiciones previas -las que establecía el Código Penal del 95(6). Además, ha sido recientemente modificada para elevar las penas de reclusión, y ya se ha anunciado otro inminente endurecimiento. Y ello sin contar los efectos esperpénticos producidos por la legislación antiterrorista.

Coraza y explosiones de violencia.
Sin embargo, la "opinión pública" (y la publicada) no entienden de exigencias internacionales ni de adecuación a las directrices de las Naciones Unidas. Y ello por la simple y llana razón de que son movidos exactamente por los mismos mecanismos que los menores que delinquen: los mecanismos de poder que actúan sobre las criaturas humanas en los momentos cruciales de su formación: las aberraciones cometidas durante el embarazo y el parto, la ruptura de los vínculos biológicos de los recién nacidos, las agresiones que representan las concepciones educativas dominantes... todo ello fuerza un encogimiento biológico, un acorazamiento físico, psíquico y emocional que reduce para siempre la capacidad para el placer y predispone a la enfermedad, a la dependencia, a la sumisión y a las explosiones de violencia destructiva(7).

Exactamente los mismos procesos que fomentan la violencia, fomentan la plaga emocional que grita reclamando castigos ejemplares.

Quienes califican de benignas estas o aquellas medidas está atrapados en criterios cuantitativos de castigo y venganza, que son absolutamente comprensibles en las víctimas y en sus seres queridos, pero que en modo alguno pueden guiar a quienes pretenden ocuparse del problema global de la violencia en un grupo humano.

Retroalimentación, cinismo y extravío.
En este contexto, la irrupción de los expertos no ha venido sino a agravar más aún la situación.

La Ley del Menor prevé que equipos de psicólogos, psiquiatras y sociólogos aconsejen al fiscal, que sustituye al juez en la instrucción de los casos. Pero, puesto que esos equipos son representaciones de los paradigmas epistemológicos imperantes, se produce un previsible círculo vicioso: los expertos realizan su trabajo de "reinserción" sobre la base de los mismos presupuestos que constituyen las raíces mismas de la violencia. Dicho de otro modo: el 80% de los jóvenes reinciden al salir de su encierro.

Esto nos lleva a otro efecto más perverso, más cínico y más injusto: las medidas prevén agravar las penas de los reincidentes. Sin embargo, además de la constatación de que la reincidencia ha sido provocada por las mismas condiciones sociales que provocaron la situación inicial de "riesgo", no debemos perder de vista que, puesto que el objetivo de la Ley era la "resocialización" y el sujeto reincide, ello significa que la Ley ha fracasado; pero quien paga el fracaso es el propio sujeto que se ve sometido a penas por "reincidencia".

Bastará un ejemplo para poner de manifiesto el absoluto extravío al que se ve condenada la asistencia por expertos en tanto estos se atengan al discurso oficial sobre los factores a considerar:
"Crimen del Ramón y Cajal: La víctima, una señora de 64 años, fue asesinada por tres menores de 15 y 17 años: le asestaron sesenta puñaladas, dos de ellas en el corazón". ¿Podemos imaginar el desarreglo emocional y mental necesario para que un chaval de 15 años se lance a tamaña carnicería? Pues bien, la sentencia -es de suponer que con el asesoramiento de los mencionados expertos- resaltó que "estos menores pertenecen a un entorno social normalizado de clase media, con padres profesionales, vivienda adecuada y amplia, ámbito cultural elevado y sin factores de riesgo (las cursivas son mías)"(8).

La única esperanza de poder afrontar el problema de la violencia profundizando en sus raíces sin recurrir al recurso fácil de ocuparnos de los síntomas en una absurda escalada de violencia institucionalizada, es iniciar una crítica radical de los mecanismos formativos, combatir los dogmas de las ciencias que sirven de base a la educación, a la crianza, a la asistencia de los partos y a los cuidados durante el embarazo.
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