Cospedal inicia en Castilla La Mancha el programa que Barreda programó

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha cumplido un mes al frente del Gobierno de la región, que ha estado marcado por las polémicas sobre el estado de las cuentas heredadas del anterior Ejecutivo de José María Barreda y por los conflictos con varias empresas, instituciones y asociaciones que reclaman impagos heredados del anterior gobierno. La solución propuesta por el PP manchego es el avance en las privatizaciones de empresas públicas y duros recortes en los planes sociales que llevaba a cabo el PSOE. El argumento es que de esta manera "la Administración tendrá las manos libres, sin ataduras ni deudas, y podrá cumplir con los objetivos de déficit presupuestario", reiteran desde la derecha autonómica.

El punto de discusión más relevante durante el último mes ha girado sobre la cantidad de millones de euros en facturas sin pagar que ha dejado el Gobierno de José María Barreda. El nuevo Ejecutivo de Cospedal aseguró en un primer momento que el Gobierno socialista había dejado a deber más de 1.700 millones de euros, cifra que más tarde elevó a más de 2.600 millones, situando el déficit en el 4,9 por ciento.

Ante estos datos hechos públicos por el nuevo Gobierno, el expresidente del Ejecutivo regional ha subrayado durante todo este tiempo que él dejó la cifra de obligaciones pendientes de cobro en 700 millones de euros a 30 de abril, y el dato del déficit en el 1,7 por ciento. Según dijo, el número de facturas presentadas ante la Junta podría haber aumentado en esas semanas debido a la "tensión política y económica" provocada por el cambio de Gobierno. Pero todo indica que el nuevo gobierno necesita instalar un clima de desconfianza hacia la administración pública, facilitando un ulterior proceso privatizador. La idea es que el presupuesto regional de 2012 incluya todos los recortes sociales previamente acordados, así como un ritmo de trabajo en la Administración que imponga la lógica privatista.

Reunión urgente con Salgado

Una vez evaluado el estado de las arcas, Cospedal pidió una reunión "urgente" con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, quien instó a la presidenta regional a no exagerar el déficit, añadiendo que se reunirá con ella para abordar cuestiones políticas pero precisando que serán los servicios técnicos los encargados de examinar las facturas.

De hecho, Salgado apuntó la posibilidad de que el Gobierno de Cospedal estuviese contabilizando facturas anteriores a este ejercicio dentro de ese informe económico al cual no daba validez "por no estar firmado por el interventor", algo que ya manifestó el PSOE de la región. Además, los socialistas de la región aseguraron tras conocer los datos del informe que el método utilizado para elaborarlo no era el oficial, algo que fue desmentido por el PP. De alguna manera, ha sido la propia debilidad del PSOE la que ha facilitado que sea la derecha quien marque el ritmo del proceso económico. Incluso desde antes de las elecciones, ya eran numerosos los dirigentes socialistas que esperaron una victoria de la derecha, sin oponer demasiada resistencia, ya que eran los propios técnicos nombrados por la administración de Jose María Barreda los que generaron rumores de impagos en el sector público, que nunca se cumplieron, pero que tuvieron un "efecto terror" que puso en bandeja la victoria del PP.

Denuncias de impagados

Otros de los puntos de conflicto que han marcado el primer mes de Gobierno ha sido las continuas denuncias de varias empresas e instituciones reclamando las cantidades que se les adeuda por parte de la Junta, y es que durante este mes, varios colectivos han reclamado el pago de los compromisos adquiridos por el Gobierno.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez Ataz, reclamó una cifra cercana a los 100 millones de euros; los empresarios farmacéuticos de la región en torno a unos 50 millones de euros en facturas impagadas; distintas entidades sociales tasaban el montante de la deuda en 24 millones; y la empresa concesionaria del transporte sanitario, Ambulancias Transaltozano, 17 millones de euros, entre otras.

En el caso de los farmacéuticos, que llegaron a amenazar con paralizar el suministro, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha mantenido dos reuniones con los empresarios del sector primero y con los colegios provinciales de farmacéuticos después para intentar desbloquear la situación, tras las que se comprometió a abonar parte de la deuda -unos 24 millones- aunque los farmacéuticos aún no se han dado por satisfechos. Pero las soluciones previstas por la administración del PP indican un empeoramiento general, dado que los pasos dados en los meses previos en relación a la privatización de Caja Castilla La Mancha, impide la posibilidad de llevar a cabo una política fiscal inclusiva o un aumento del crédito a los pequeños y medianos productores no ligados a los negocios especulativos. Los recortes anunciados por el PP para pagar esas deudas supondrán una contracción económica más aguda todavía.

Órdenes de pago

Además, en la última semana se ha aprobado el pago distintas facturas pendientes heredadas del anterior Gobierno, y se abonarán 9,6 millones de euros a las residencias de mayores; 2,1 millones de euros de la gratuidad de libros de texto; y 9 millones de euros pendientes del transporte escolar.

Durante este tiempo Cospedal ha trabajado por terminar de formar su Ejecutivo. La estructura de Gobierno todavía no está concluida, a falta de la toma de posesión de seis directores generales, hecho que ha sido criticado por el PSOE.

El viernes eran nombrados nueve altos cargos, entre los que destaca el nombramiento del periodista Nacho Villa como nuevo director general de Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM). El nombramiento de Villa ha sido uno de los que más en secreto se ha llevado hasta hacerse efectivo, y con él se ha puesto fin a los rumores de quién podría hacerse cargo del Ente en sustitución del anterior director general, Jordi García Candau. El nuevo director del Ente público proviende de la ultraderechista cadena COPE "la radio de los obispos"(en relación a la participación accionarial que la Conferencia Epìscopal tiene sobre la misma), que ya ha anunciado un modelo de gestión similar al que Esperanza Aguirre lleva con Telemadrid, cadena regional que acumula demandas por acoso laboral, despidos y censura.

Con estos nombramientos, Cospedal ha llevado a cabo su promesa de "adelgazar la estructura del Gobierno", que tendrá un 60 por ciento menos de altos cargos y un 40 por ciento menos de personal eventual. En esta línea, además, hace dos semanas se suprimían oficialmente los órganos de defensa de la competencia de Castilla-La Mancha -Comisión Regional de la Competencia y Consejo Regional de la Competencia.

Menos altos cargos, pero con mejores sueldos

De esta manera se han reducido los cargos en un 50 por ciento, lo que supondrá según el PP "un ahorro de 25 millones de euros", después de reducir a cinco los delegados de la Junta y de 46 a 28 las direcciones generales con respecto a la anterior legislatura, además de la intención de suprimir varios organismos más como el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social. Sin embargo, poco se ha dicho de los ingresos mensuales que tiene la nueva presidenta, que compatibiliza este cargo, junto con el de diputada regional y como secretaria general del PP. Asimismo el Tribunal de Cuentas tiene abierto un sumario para aclarar la declaración de bienes de la dirigente conservadora.