De la ceca a la meca: Juan Carlos I

La corrupción y el latrocinio del emérito monarca sigue haciendo aguas por todas partes. Gracias a las denuncias formuladas desde la prensa internacional y al trabajo de la justicia suiza, lo que era un secreto a voces, pero innombrable, se va llenando de pruebas tangibles y de relatos de acusación. El mismo estado español se ve en esta ocasión obligado a actuar, rompiendo el silencio autoimpuesto en nombre del constitucionalismo del 78 del “todo vale” para lo que haga el rey.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

En una nota remitida este lunes, la Fiscalía General del Estado explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.

«Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo», ha señalado el Ministerio Público.

La investigación la llevará el fiscal de sala especializado en delitos económicos Juan Ignacio Campos Campos. Las pesquisas pasan por tanto de la Fiscalía Anticorrupción, que ha decidido no archivarlas, al Ministerio Público del Tribunal Supremo que ahora tendrá que decidir si denuncia o no al monarca emérito ante la sala de lo penal. Ya en septiembre de 2018 la Audiencia, a petición de la misma Fiscalía, archivó la causa en torno al posible uso de Corinna zu Sayn-Wittgenstein como testaferro al no ver indicios de delito pero siguió adelante con las pesquisas en torno al proyecto de 2011 de llevar el AVE a La Meca.

Anticorrupción arrancó estas diligencias en diciembre de 2018 en torno a este supuesto pago de mordidas millonarias después de que el juez dedujese testimonio: según el testimonio de Corinna recogido en las grabaciones del comisario jubilado y encarcelado José Manuel Villarejo el monarca llegó a embolsarse 80 millones de euros, según su versión, procedentes de los adjudicatarios de la obra.

Este pasado domingo un reportaje del programa 360ª, de la televisión vasca, emitía un reportaje en el que se explicaban las actuaciones de la Casa Real española con Juan Carlos I a la cabeza, de una de ellas hoy se hace cargo la fiscalía española: las comisiones del AVE a La Meca.
Recordamos el artículo 23.5 de la Ley General del Poder Judicial (revisión introducida por Ruiz Gallardón, en 2014) que impide juzgar aquí si ya hay un proceso en marcha en otro país. Esto, que era para obstaculizar la justicia universal, se les va a volver en su contra: no van a poder parar la causa en Suiza.