Del ERTE al ERE, una historia de terror que sólo asusta a la clase obrera

Hace no tanto, el Gobierno se dio de bruces con una realidad aparentemente inesperada: la crisis del COVID-19. De ahí al Estado de alarma todas sabemos qué ocurrió. Se limitó la movilidad y permanecimos confinadas en nuestras casas, o al menos confinadas en nuestro tiempo “libre”, porque la clase trabajadora continuó levantándose cada mañana y viajando en un transporte público hacinado para servir a la empresa de turno.

Y llegaron los ERTE. A mediados de marzo ya teníamos el mecanismo perfecto de conciliación de intereses patronales y laborales, fruto de un verdadero diálogo entre agentes sociales para que nadie quedara atrás. Permítanme la ironía. Este mecanismo ni fue perfecto, ni concilió intereses, ni los agentes sociales resultaron ser sociales, ni el diálogo social fue un diálogo sino una imposición de la patronal, y por desgracia, mucha gente quedó atrás. Pero vayamos por partes.

La Ministra de Trabajo, después de meter en un cajón la derogación de las reformas laborales (del PSOE y del PP), fue pregonando la gran victoria del diálogo social con la patronal y sindicatos, que sirvió para sacar adelante los Reales Decretos Leyes que regularon, entre otras cosas, los “nuevos tipos de ERTE”. Pero resulta que el Gobierno no está obligado a mantener diálogo alguno con la patronal, ni con la CEOE, ni con la CEPYME, o al menos en teoría, porque ya sabemos quién manda (donde hay patrón no manda marinero…). Esto es, el Gobierno tiene plenas facultades para aprobar un Real Decreto-ley sin el apoyo de la patronal. Así que ya empezamos mal: todos los Reales Decretos-leyes sobre la creación de ERTEs y sus prórrogas, ayudas a las empresas (vía exoneraciones de cuotas de la seguridad social) etc, contaron con el beneplácito de la patronal y de CCOO y UGT. De hecho, el último Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno, no obtuvo el visto bueno de la patronal hasta el día previo a su publicación, y para ello, esta norma tuvo que ser “reconfigurada por completo”, pues así lo aseguró la propia Ministra de Trabajo en los medios de comunicación. No es difícil darse cuenta de qué está pasando aquí: sin la voluntad patronal no hay Real Decreto, leyes, ni reglamentos; y el Gobierno y el Congreso se revelan una vez más como representantes de los intereses de la burguesía, mientras simulan hablar por el pueblo.

La regulación de estos nuevos ERTEs implicaba varias cosas, entre otras, que las empresas que acudieran a ellos tenían el colchón económico del Estado, pues no estaban obligadas a pagar las cotizaciones de las trabajadoras en ERTE, eso sí, siempre y cuando se comprometieran a mantener el empleo durante 6 meses una vez finalizara el ERTE (o más concretamente, desde la reactivación parcial de la actividad empresarial).

Una tromba de ERTES fueron solicitados a la Autoridad Laboral, que apenas tuvo los medios para revisar alguno que otro, por lo que la mayoría de ellos fueron autorizados sin apenas oposición. Las trabajadoras afectadas perdieron poder adquisitivo, comenzaron a cobrar el 70% de lo que cobraban antes y perdieron la parte proporcional de vacaciones y pagas extra. Todo un chollo. Por su parte, las posibles pérdidas económicas de las empresas fueron asumidas por el Estado, ya que no estaban obligadas a pagar las cuotas de sus trabajadores.

Hubo incluso empresas que, sin necesidad de acudir a las ayudas del Estado porque tenían grandes beneficios, intentaron acogerse a los ERTE y sus jugosas ayudas, como la empresa de limpieza CLECE, propiedad de Florentino Pérez. Muchas de ellas retiraron el ERTE: estaban mirando más allá. Lo que parecía una victoria sindical por haber conseguido frenar el ERTE, escondía un verdadero rebrote del capital: venían los EREs. Empresas del IBEX 35 como Indra (con Fernando Abril-Martorell a la cabeza) renunciaron a la vía ERTE en primavera para anunciar despidos colectivos nada más entrar el otoño. Fuentes sindicales ya nos advierten de que hay muchas empresas que incluso están renovando sus ERTEs, pero sin acogerse a las exoneraciones de las cotizaciones (las “jugosas” ayudas del Estado) para poder desprenderse de la obligación de conservar los puestos de trabajo durante 6 meses. A las empresas les está saliendo más rentable renunciar a las ayudas de los ERTEs o devolver las ayudas recibidas, que mantener el empleo durante 6 meses. El capital echa cuentas y lo tiene claro: despidos masivos y nada de mantener los puestos de trabajo.

A bombo y platillo también se anunció por la Ministra de Trabajo otra de las medidas “protectoras” para las trabajadoras: la prohibición de despedir y extinguir los contratos de trabajo por causas relacionadas con el COVID-19. Así que las empresas, que ya no les resultan tan jugosas las ayudas de los ERTES y buscan el despido colectivo, tienen que ingeniárselas para desprenderse de las trabajadoras escamoteando la prohibición del despido de la normativa que la propia CEOE había avalado. Vayamos a un ejemplo. La empresa CPM (cuyo CEO es Mike Hughes), encargada del “call center” de Airbnb en Barcelona, anunció en mayo, un despido colectivo que afectó a 1.000 trabajadoras, las cuales recibieron cartas de despido con la excusa de que Airbnb había rescindido el contrato mercantil que les unía. Pero tiremos del hilo. Airbnb anunció en mayo el despido de casi 2.000 trabajadoras aludiendo a la necesidad de “reconfigurar su actividad” pero sin mencionar en ningún momento la palabra coronavirus. La pregunta se nos formula rápido: ¿cómo es posible que un despido colectivo de una empresa dedicada al turismo y a la especulación de la vivienda no tenga relación con el coronavirus? ¿Cómo es posible que el despido colectivo de un call center de Airbnb no tenga relación con el coronavirus? La nueva argucia empresarial para saltarse la prohibición del despido consiste básicamente en engañar y mentir sobre las causas del despido, sin mencionar la palabra coronavirus en ningún momento.

Hacemos un breve receso en este punto, porque aquellas reformas laborales de 2010 y 2011 que la Ministra de Trabajo se olvidó de derogar, están siendo ahora aprovechadas por las empresas que acuden a los despidos colectivos, pues aquéllas facilitaron la motivación, la tramitación y la aprobación de los despidos colectivos y redujeron la indemnización por despido. Es fácil, las empresas tienen leyes que las amparan, y si las tienen y no les satisfacen, se las saltan.

En este contexto, la Comisión Europea concedió este verano un préstamo de 21.300 millones de euros al Estado español para que pudiera financiar los ERTE (tanto las prestaciones por desempleo como las ayudas a las empresas) pero tendrá que ser devuelto con recortes de servicios públicos y medidas laborales que empobrecerán más aún a la clase trabajadora. Así operó el anterior Gobierno con la crisis capitalista del 2008, que no sólo recortó servicios públicos y derechos laborales, sino que además rescató a la Banca con dinero público. Otro chollo. Seguro que las últimas previsiones del gurú imperialista FMI no ayudarán a la devolución del préstamo, pues sitúan a la “economía española” como la más dañada por el coronavirus.

Nos encontramos ante una nueva oleada de crisis económica que empobrecerá más si cabe a la clase trabajadora, que una vez más está asumiendo todas las consecuencias. El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos repitieron hasta la saciedad que nadie iba a quedar atrás como en la anterior crisis, pomposo eslogan que choca con la cascada de EREs que llegan, con la privatización criminal de la Sanidad Pública, con la fracasada tramitación del Ingreso Mínimo Vital y el retraso en el pago de los ERTES. La clase trabajadora se queda atrás, atrapada en esta historia de terror que sólo le asusta a ella.