Desalojan El Walili sin alternativas para sus habitantes

. “Han llegado cuando las personas aún estaban durmiendo”, comenta Serigne Mbaye, activista y diputado de la asamblea de Madrid que se ha trasladado hasta el Walili. A las 7.15 de la mañana los agentes han comenzado a desalojar a las más de 50 personas que quedaban en el asentamiento de El Walili, en ese momento una de las chabolas ha comenzado a arder por causas aún desconocidas, según informa el servicio de bomberos “lo que ha facilitado que las personas abandonen sus viviendas por seguridad”, comenta Fernando Plaza de la plataforma Derecho a Techo. La destrucción del asentamiento se realiza a través de una resolución judicial tras la solicitud de desalojo de la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez.

Durante el fin de semana, más de 350 de los 450 habitantes del asentamiento se han realojado por iniciativa propia en asentamientos cercanos como el de Atochares o la Barraqueta, para poder seguir trabajando. “La gente tiene miedo de encima, perder la casa, perder el trabajo”, comenta Miquel Carmona, del SAT, sindicato que ha convocado una huelga de los trabajadores del campo en solidaridad con el desalojo.

Desde el ayuntamiento de Níjar se lleva semanas prometiendo que tras el desalojo las habitantes de El Walili iban a contar con alternativas habitacionales suministradas por el propio consistorio, una promesa que ni siquiera se ha cumplido en la intervención de las fuerzas de seguridad, ni para llevar a las personas a un lugar de emergencia. “Solo ha venido policía, no ha venido nadie de servicios sociales, no ha venido el autobús a recoger a la gente que decían que iba a venir para trasladarlos a ese realojamiento de emergencia”, insiste Plaza. El realojamiento de emergencia se trata de un pabellón con camas supletorias situado en Los Grillos, a varios kilómetros de los puestos de trabajo de las personas que habitan El Walili.

En el asentamiento se encontraban tres personas enfermas que desde el consistorio aseguraba contarían con los servicios sanitarios para su traslado; sin embargo, han sido los propios habitantes y la plataforma Derecho a techo las que han tenido que llamar a las ambulancias para la atención de estas. “La alcaldesa nos comentó el viernes que iban a seguir el mismo protocolo que sigue la Cruz Roja cuando llegan las pateras. Pero claro, esto no es una situación de emergencia, esto es algo que ha provocado el Ayuntamiento. Se podía haber previsto un alojamiento, un poquito más duradero y con unas mejores condiciones”, se queja Plaza. El pasado viernes desde el ayuntamiento de Nijar se lanzaba un comunicado en el que se confirmaba la puesta en marcha de un protocolo de asistencia y reubicación que por lo pronto no se está cumpliendo.

A partir de las diez de la mañana han llegado a las inmediaciones unos autobuses para trasladar de la zona a los habitantes que se encuentran observando como destruyen el que ha sido su hogar en los últimos años. “Están diciendo a la gente que se suban a los autobuses sin darles información, lo que quieren es que se vayan para que no se vea esta imagen”, sostiene Mbaye

Asentamientos invisibles para preservar el turismo

El asentamiento de El Walili se encuentra en la carretera que va hacia el Parque Natural del Cabo de Gata. Una vía de especial tránsito turístico.
La zona es uno de los objetivos de inversión turística de la Diputación de Almería, como ya promocionó el pasado 17 de enero en FITUR. “El problema es que este asentamiento es muy visible, si hubiese estado escondido no habría problema”, comenta Plaza. Asentamientos como el de Atochares, que se encuentra menos visible desde las carreteras principales, superan en número al de El Walili albergando una población de 1.000 habitantes; sin embargo, este no cuenta con orden de desalojo.

En los últimos 20 años, Níjar ha duplicado su superficie de invernaderos, pasando de 3.373 hectáreas en 2001 a más de 6.500 en 2022, sin que se haya planificado alojamiento para las personas que allí trabajan, aumentando el déficit crónico que tiene la localidad en oferta de vivienda no turística, según informa CNT. El desalojo se realiza en un contexto de políticas institucionales por parte de la Junta de Andalucía en las provincias de Huelva y Almería, donde se encuentra una mayor cantidad de asentamientos relacionados con la actividad agrícola. El pasado agosto de 2022 la Junta ponía en marcha un protocolo para la erradicación de infraviviendas que está facilitando actuaciones como la de El Walili sin seguimiento y necesidad de realojo.

Las amenazas de estos desalojos sin consecuencias se une a la situación de atropello de los derechos humanos y laborales que sufren las temporeras en Almería y Huelva. “Están en un limbo legal, están explotados. Queremos visibilizar para que toda España se entere y que toda Europa sepa que la esclavitud sigue existiendo en Europa y los productos que reciben de España, del campo, muchos vienen de la gente de esta esclavitud”, sentencia Mbaye.

El Salto