Desobediencia civil: Las 8 de Caixabank de Guadalajara

En los años 80 del pasado siglo eclosionó en el Estado español la insumisión al entonces obligatorio servicio militar, un impuesto de sangre que los jóvenes varones se veían obligados a pagar dentro de un marco geográfico e histórico de marcada tradición militarista y golpista, para nutrir a un ejército especializado en aventuras coloniales y guerras contra su propia población.

No es intención de quien suscribe estas líneas hacer un balance de lo acertada o errónea de dicha estrategia, pero si es importante resaltar que algunos de los insumisos decidieron no solo negarse a realizar el servicio militar y la prestación social sustitutoria, sino también rehusaron presentarse a los juicios a los que se les citaban a consecuencia de su acción de desobediencia: argumentaban que tampoco reconocían que los tribunales pudieran juzgarles por actuar de acuerdo a su conciencia.

Quedaba así superada la tradición clásica de la propia desobediencia civil, cuyo precursor, Henry David Thoureau, se negó a pagar los impuestos a modo de protesta contra la esclavitud y la guerra de Estados Unidos contra México en 1846, pero se presentó ante el Juzgado para reclamar el derecho a adoptar dicha actitud omisiva como método de actuación conforme a su conciencia, en la convicción, un tanto ingenua si se quiere, de que la magistratura entendería sus motivaciones y le ampararía.

En este sentido, de desobediencia civil cabalmente entendida, se enmarca la decisión de las ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara que participaron en una protesta en el interior de una sucursal bancaria de CaixaBank en la localidad de Cabanillas para pedir la paralización del desahucio de una familia en el año 2017, de no acudir al juicio previsto para los próximos días 10 y 12 de febrero, ante el Juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara, donde se lleva el caso. Las acusadas se enfrentan a penas que van desde los 11 meses que pide la Fiscalía hasta los 3 años y medio que pide la entidad bancaria.

No señalo nada nuevo al recordar como la judicatura, dejando al margen declaraciones autocomplacientes del propio estamento, y propaganda institucional sobre su “independencia”, se ha visto salpicada de tantas actuaciones polémicas que no pueden ser considerada excepcionales ni anecdóticas, revelándose como un instrumento para dar a la represión un barniz de legitimidad. El poder es consciente del desprestigio de la administración de justicia, y por ello se insiste machaconamente con mensajes publicitarios tales como ¡Confía en la justicia!

La decisión de las 8 de Guadalajara es consecuencia de la convicción, compartida por el autor de este artículo, de que el juicio previsto tiene como finalidad no solo castigar el ejercicio de la solidaridad con una persona que iba a ser desahuciada, sino también como una medida disuasoria, en forma de condena, para que otras personas se lo piensen antes de sumarse a protestas similares.

Es un poco triste pero una evidencia que el poder judicial, pagado por todas, ejerce como cooperador necesario a la voracidad de empresas como CaixaBank, que antepone su beneficio empresarial al propio derecho a techo. Por otra parte, nada nuevo bajo el sol en un sistema social en el que se legisla y se juzga a favor de las empresas del IBEX35, las auténticas dueñas del país.

La decisión de las 8 de Guadalajara aúna desobediencia civil con el llamado derecho de resistencia.

En lo que tiene de desobediencia hemos de señalar que, como decía el filósofo Ronald Dworkin, este es un derecho “en el sentido fuerte” a desobedecer la ley. “Tiene ese derecho (la persona) toda vez que la ley invade injustamente sus derechos”. Y es que la desobediencia civil se ampara en el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la generalidad de constituciones (y también teóricamente la española): libertad de conciencia, libertad de expresión y participación política.

En tal sentido, las personas que practican la desobediencia civil ejercen su libertad de expresión por cuanto busca transmitir un mensaje de denuncia contra la ley injusta. También ejerce su libertad de conciencia, pues la ley choca contra sus principios éticos más elementales y sienten la necesidad ética de combatirla, ya que permanecer quietas ante la injusticia es incompatible con su conciencia. Finalmente, la desobediencia civil se ampara en la participación política, pues al ejercerla las personas participan en los asuntos públicos mejorando la realidad social a través de la denuncia de una ley que viola los derechos de sus semejantes.

La acción de las personas ahora citadas en aquel lejano 2017, y ahora en 2025 no reconociendo el derecho a ser juzgadas por ejercer la solidaridad (esa palabra tan proclamada como desvirtuada por el poder), se enmarca en esa línea de pensamiento, ejerciendo su libertad de expresión y acción transmitiendo un mensaje de denuncia contra la ley injusta, amparada por todos los poderes públicos. 

Entendemos en suma que es una aberración juzgar penalmente una acción de solidaridad frente a un desahucio. Aquí nos encontraríamos, en palabras de María José Falcón y Tella, ante un “estado de necesidad moral”, es decir, un imperativo ético que impide estar quieto a quien practica la desobediencia civil, y le obliga a luchar por los derechos de los demás.

En palabras de una persona del colectivo, se enfrentan a una pena de prisión «por el ejercicio de un derecho fundamental», remarca esta portavoz. «Entendemos que acudir voluntariamente a este tipo de procesos equivale a otorgar legitimidad a los tribunales para someter a examen el ejercicio de derechos fundamentales, algo que de ninguna manera estamos dispuestas a tolerar», afirman también desde dicha plataforma, y recalcan que no acudir al juicio es «una manera de resistencia» porque «no creemos que hayamos cometido ningún delito por defender estos derechos».

Afirmaba Eduardo Galeano “La ONU ha aprobado largas listas de Derechos Humanos, pero la gran mayoría de la humanidad solo consiguió uno de ellos: ver, oír y guardar silencio ¿Qué pasaría si empezamos a utilizar el derecho a soñar, nunca proclamado por nadie?” Tal vez el delito de las 8 de CaixaBank es soñar en vez de guardar silencio.

Francisco García Cediel