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Día internacional derechos de las trabajadoras sexuales: estigma e invisibilización institucional
Desde 2002 el 3M está reconocido internacionalmente como el día por los derechos de las trabajadoras sexuales, un movimiento que sigue generando tensión en la sociedad dejando de lado a sus protagonistas
Día internacional por los derechos de las trabajadoras sexuales: estigma e invisibilización institucional
Desde 2002 el 3M está reconocido internacionalmente como el día por los derechos de las trabajadoras sexuales, un movimiento que sigue generando tensión en la sociedad dejando de lado a sus protagonistas.
El 3 de marzo de 2001, el Comité Durbar Mahila Samanwaya compuesto por más de 25.000 trabajadoras sexuales de la India, tomaron las calles de Calcuta, en India, para exigir derechos humanos que protegieran su integridad física y la protección de sus vidas ante una escalada de violencia contra ellas. La acción se llevaba a cabo a pesar de las presiones de los grupos prohibicionistas y la violencia social contra ellas. Desde ese año, el movimiento internacional por el reconocimiento de derechos para las trabajadoras sexuales conmemora el 3M como el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales.
Un homenaje a las trabajadoras sexuales que componen Durbar que desde los años 90 del siglo pasado llevan “trabajando por los derechos de la mujer y en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, en contra de la trata de personas y a favor de la prevención contra el VIH/sida”. La organización tiene como objetivo romper las barreras que forman la realidad cotidiana de la vida de las trabajadoras sexuales “en relación con su pobreza o su ostracismo”.
El movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales se extiende por todo el mundo en distintos países, donde los contextos en torno a esta cuestión son muy diversos. Desde 1992, La Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) tiene como objetivo conectar los distintos movimientos regionales por el derecho de las trabajadoras sexuales en torno a un marco común: “La oposición a toda forma de criminalización o a cualquier otra forma de represión legal del trabajo sexual y el apoyo a la auto-organización y la autodeterminación de las personas que ejercen el trabajo sexual”. Desde el pasado 2 de junio de 2022, los movimientos por los derechos humanos de las trabajadoras sexuales tienen el apoyo de Amnistía Internacional. La organización pide a los estados del mundo que “reformulen las leyes para reorientarlas a la protección jurídica plena e igualitaria, en lugar de a la criminalización, y conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura”.
En el estado español el movimiento de las trabajadoras sexuales por la consecución de sus derechos sociales no ha dejado de aumentar a nivel político de base y a nivel mediático. El marco legislativo español no reconoce la prostitución como actividad legal, sin embargo, en las distintas regiones del estado se encuentra regulado a partir de las Ordenanzas Municipales y el alterne fue legalizado durante el gobierno de Felipe González. En el año 2000 el gobierno de España dio luz verde a la creación de ANELA (Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne) compuesta por miembros de agrupaciones de ultraderecha.
Sin embargo, en 2018 Magdalena Valerio, la ministra de trabajo socialista, intentó anular el sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS, considerándolo: “un gol por la escuadra”. Desde hace años los colectivos de trabajadoras sexuales del estado español se manifiestan en contra de las ordenanzas municipales que la criminalizan, la ley de extranjería que las persigue y el avance de una posible ley abolicionista auspiciada por el PSOE que las puede llevar a un recorte mayor de sus derechos como personas.
Los feminismos se han visto fracturados por un falso debate en torno a la regulación o la abolición de la prostitución, una cuestión mediática que emborrona los esfuerzos de los diversos colectivos de trabajadoras sexuales que llevan décadas persiguiendo los derechos sociales, el fin de la estigmatización y el cese de la violencia contra ellas.
Estigma y silencio institucional
Linda Porn es trabajadora sexual y activista, utiliza el arte para expresar sus reivindicaciones en torno al antirracismo, la quita de custodia de niñez por parte del estado español y los derechos de las trabajadoras sexuales: “El estigma mata, es una de las violencias más fuertes que sufrimos las trabajadoras sexuales”. Lucía Fernandez, es trabajadora sexual y activista y define así el estigma: “El estigma te atraviesa en todos los ámbitos de la vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas siempre hay alguna situación de la vida que te va a recordar que por ser puta eres peor que el resto de personas”.
Paula Sánchez Perera, activista feminista y filosofa, hace una cartografía del estigma en su libro Crítica de la razón puta, editado por la Oveja Rosa. “El estigma es una percepción social que surge de un proceso de esencialización y deshumanización, es decir, una es puta, no ejerce o trabaja. No es una actividad, sino que se percibe como una identidad fija que ya va a establecer una serie de juicios sobre la persona”. Sánchez sostiene que el estigma no es solo asumido por la sociedad, sino que se interioriza por parte de las trabajadoras sexuales, lo que produce: “una serie de costes psicológicos muy graves y desalienta la autoorganización política”.
A pesar de que el estigma sea la principal barrera para la reivindicación política de las trabajadoras sexuales, en los últimos años el movimiento por sus derechos ha aumentado y diversificado gracias a activistas que han conseguido dar un paso al frente para romper el estigma. “El activismo de las trabajadoras sexuales ha crecido bastante, de un par de personas que estaban hablando de trabajo sexual con unos perfiles muy concretos, de repente empezamos a salir mucha gente de muchos contextos sociales, de muchas experiencias, de muchos ámbitos del trabajo sexual. No solamente scorts blancas, empezamos a salir muchas: trabajadoras de calle, migras, trabajadoras de clubs, de pisos”, comenta Linda Porn.
Lucía Fernandez añade que gracias a las trabajadoras sexuales activistas, como ella, la opacidad que había en torno a la situación trabajadoras sexuales se va rompiendo: “El acceso a la información que hemos dado las activistas ahora es más abierto y el que no se entera de lo que les pasa a las putas, es porque no quiere”.
A pesar de que el movimiento de las trabajadoras sexuales ha proliferado y se ha diversificado en los últimos años, siguen sin ser tratadas como agentes políticos en los espacios de discusiones y decisiones que les afectan: “Lo más urgente es que el Ministerio de Igualdad y todas las personas encargadas de hacer políticas públicas empiecen a escuchar a las putas”, sostiene Lucía Fernandez.
La situación de falta de derechos de las trabajadoras sexuales es una cuestión compleja en la que entroncan muchos puntos de intersección: mundo laboral, feminismos, acceso a la vivienda, derechos humanos, migraciones, maternidades, diversidad sexoafectiva, identidad de género, estereotipos…
A pesar de ello, el discurso social y mediático que se encuentra desde hace años es en posiciones enfrentadas entre la abolición y la regularización de la prostitución, que poco o nada tiene que ver con lo que se reivindica desde los colectivos de trabajadoras sexuales del estado español.
