Donde dije digo... digo la reforma laboral no se deroga

Una horas, eso es todo lo que duró el compromiso de derogar por completo la reforma laboral de 2012. Una renuncia que no es nueva y que deja claro que el gobierno del PSOE y UP, como ha hecho hasta ahora, no tomará medidas que tengan en contra a la CEOE y CEPYME.

La jornada parlamentaria de ayer concluyó cuando el edificio de la Carrera de San Jerónimo había cerrado sus puertas. Con el estado de alarma prorrogado, gracias nuevamente al apoyo de la derecha de Ciudadanos, saltaba la noticia de que uno de los acuerdos alcanzados durante el día quedaba anulado unilateralmente por parte del PSOE.

Nos referimos a lo que ha sido “carne de memes” desde la medianoche de ayer y noticia del día: el gobierno “progresista” confirma que no tiene la intención de derogar la reforma laboral del PP.

Una renuncia que no es nueva. Fue de las primeras anunciadas tanto por el PSOE como por Podemos e Izquierda Unida. La ministra de Trabajo, Yolanda Díez, llegó incluso a considerar una irresponsabilidad derogarla, tal y como todos ellos defendían en sus programas electorales.

EH-Bildu acordó abstenerse en la votación, manteniéndose así en su posición de apoyo crítico al gobierno,a cambio de un acuerdo que incluía textualmente “las fuerzas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular” e incluso marcaba plazo para esta medida “antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19”.

Que el papel todo lo aguanta y que la concreción de lo firmado iba a ser más que dudoso todo el mundo, empezando por los firmantes, lo podía imaginar. Pero que esto quedara en evidencia en apenas horas es un contundente mensaje del gobierno “progresista” a los empresarios: no temáis, seguiremos velando por vuestros beneficios.

Derogar la reforma laboral por completo, aunque dejaría intacto todo el andamiaje normativo de las contrarreformas previas, supondría por ejemplo limitar los descuelgues del convenio, o el cambio unilateral de condiciones laborales, de jornada y salariales de parte de la patrona. Y esto es justo lo que la CEOE y CEPYME, con el apoyo de las direcciones de CCOO y UGT, solicitaron y pactaron con el gobierno en su último decreto sobre la ampliación de los ERTEs por causa mayor hasta el 30 de junio.

El gobierno deja así manos libres para que los empresarios puedan hacer y deshacer a su antojo y sin control administrativo, mucho menos sindical. Rebajar salarios y condiciones es la receta con la que el gobierno, como el resto de gobiernos de la UE de diferente signo, quieren aceitar el rescate de las grandes empresas, junto con una lluvia de millones de dinero público que se convertirán en una pesada hipoteca para las futuras generaciones.

Pablo Iglesias ha querido salir hoy a asegurar que lo firmado se mantiene vigente, Lastra le ha corregido de nuevo. En esta, como en otras cuestiones previas, Unidas Podemos vende una imagen de ala exigente dentro del Consejo de ministros y ministras. Pero su exigencia no pasa de alguna filtración a la prensa o una declaración en redes sociales.

No será el gobierno que está rescatando a las grandes empresas y dejando atrás a millones -basta ver la situación de cientos de miles de familias obreras en el desempleo, sin ingresos o esperando el cobro del SEPE- quien acabará con la reforma laboral más lesiva de las últimas décadas.

Los sindicatos se mantienen en una posición de leal apoyo a este ejecutivo. Desde la izquierda sindical y política se debería exigir que rompan con esta actitud criminal y ponerse a la cabeza de organizar una respuesta desde los centros de trabajo. Los ataques que se están viviendo en forma de ERTEs, anuncios de cierre -como en Nissan- y despidos, solo se podrán enfrentar desde la organización y movilización de la clase trabajadora.

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