El 28 de febrero y la izquierda soberanista andaluza. ( Apuntes para un debate )

Si algo ha caracterizado al pasado día 28 de febrero ha sido el debate que ha propiciado en el seno de la izquierda soberanista andaluza la significación de ese día, planteándose cómo debe ser abordada esa fecha. Este debate debe ser enmarcado dentro de un moderado avance de la conciencia nacional andaluza, avance que implica un cuestionamiento más o menos explícito o radical de las instituciones andaluzas existentes, y con ella, la cuestión del simbolismo de fechas como el propio 28 de febrero, frente al 4 de diciembre.

El presente texto tiene como antecedentes dos artículos publicados recientemente, uno por el compañero de Nación Andaluza y del MAIS (Movimiento Andaluz de la Izquierda Soberanista), Paco Campos, titulado “28-F: del combate por una Andalucía libre al sometimiento a una Andalucía esclava” (http://laotraandalucia.org/node/1233) y el otro el artículo del camarada de Andalucía Comunista y de Jaleo!!! Francisco Ruiz León titulado “Los significados del 28-F, de la Autonomía y el Autogobierno andaluz” (http://laotraandalucia.org/node/1242).

Estas son unas reflexiones personales que traslado a las personas y organizaciones identificadas políticamente con la izquierda soberanista andaluza. Por tanto no han pasado por ningún trámite previo, ni por ninguna estructura organizativa y ha surgido al calor de los artículos sobre el significado del 28 de Febrero de 1980 que ha proliferado este año. Por otro lado, he querido dejar pasar los días con el fin de darle cierto distanciamiento y profundidad a estas reflexiones.

o cronológico fundamental

Para entender el significado del 28 de febrero de 1980 hay que ponerlo en un contexto, y ese es el de la llamada Transición española. Desde nuestro punto de vista general, se trató de la reconversión político-institucional del régimen fascista de Franco en un régimen asimilado a las democracias occidentales europeas. Decimos asimilado, porque ese régimen nacería con importantes taras democráticas en comparación con esos Estados a los que pretendía asimilarse. En este sentido, también cabe reflexionar sobre qué interpretación debemos hacer del término democracia, en su sentido burgués, en el contexto de la fase imperialista del capitalismo, independientemente ya del Estado que sea.

En general, durante ese periodo de transición se trató de reconducir todas las tensiones generadas por los diferentes movimientos reivindicativos: una clase obrera que ya venía desde la clandestinidad planteando sus reivindicaciones, movimientos nacionales, reivindicaciones políticas democráticas a favor de derechos democráticos, etc. Este proceso fue en todo momento monitorizado por los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría contra la Unión Soviética, para ello era fundamental que se dieran los cambios necesarios para mantener el poder económico de la gran oligarquía española bajo un régimen político favorable a los intereses globales de los Estados Unidos. A diferencia del régimen franquista, este nuevo régimen debía incorporar políticamente tanto a otros sectores burgueses no oligárquicos, especialmente las burguesías periféricas vasca y catalana, a la pequeña y mediana burguesía, así como a los partidos hegemónicos de la clase obrera: el PSOE, con escasa implantación, pero con peso histórico y muy influyente gracias a la financiación de la socialdemocracia alemana; pero sobre todo, el PCE, partido con influencia en las masas obreras del momento.

Por tanto, para entender y poner al 28 de febrero en su contexto y por tanto en su significado para la izquierda soberanista andaluza debemos hacer la siguiente sucesión cronológica de acontecimientos:

4 de diciembre de 1977. Ese día tienen lugar en Andalucía manifestaciones masivas reclamando autogobierno. En Málaga moriría asesinado el joven trabajador afiliado a las CCOO, Manuel José García Caparrós. También cabría destacar las manifestaciones de las comunidades andaluzas fuera de Andalucía, especialmente en Catalunya. Por tanto ese día se expresó claramente un movimiento nacional andaluz, con unos planteamientos políticos, sociales, económicos y culturales, si bien a veces difusos, a veces muy heterogéneos, pero, al fin y al cabo, eso es justamente lo que define a un movimiento nacional reivindicativo: la heterogeneidad. Pero lo fundamental del 4 de diciembre fue que las reclamaciones andaluzas fueron una auténtica sorpresa, es decir, ese día Andalucía se salió fuera de los planes establecidos para el cambio de régimen en el Estado español. Dentro de los cálculos políticos de la gran oligarquía española entraban las reclamaciones nacionales vasca y catalana, fundamentalmente, y en menor medida gallega y canaria (ésta última debido a las acciones del MPAIAC y su líder Antonio Cubillos), pero la “cuestión andaluza” se salía de todos los cálculos programados, por tanto, desde aquel momento la gran oligarquía española pondría en marcha un plan para desactivar ese movimiento. No podemos dejar de tener en cuenta que el asesinato del joven García Caparrós no solo exacerbó los ánimos del pueblo andaluz, sino que también de alguna manera trajo una radicalización política en general y más concretamente en la reclamación del autogobierno andaluz.

4 de diciembre de 1978, Pacto de Antequera. Básicamente, el llamado Pacto de Antequera, pretendía que Andalucía accediera al techo máximo de “autonomía” dentro de la legalidad vigente, en la misma situación que País Vasco, Catalunya y Galicia. Hay que tener en cuenta que dos días después, el 6 de diciembre, tendría lugar el referéndum constitucional. El Pacto de Antequera fue firmado por los siguientes partidos: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Comunista de España (PCE), Alianza Popular (AP), Partido del Trabajo (PTE-PTA), Partido Socialista de Andalucía (PSA), Democracia Cristiana Andaluza (DCA), Izquierda Democrática (ID), Reforma Social Española (RSE), Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), y Acción Ciudadana Liberal (ACL). Del Pacto se quedaría fuera el naciente independentismo político andaluz, representado por el PSUA-FAL (Partido Socialista Unificado de Andalucía, Frente Andaluz de Liberación), y las organizaciones nacionales andaluzas del MC (Movimiento Comunista) y la LCR (Liga Comunista Revolucionaria). Por tanto, desde ese mismo momento el autogobierno andaluz ya tenía unos márgenes establecidos, y por tanto, limitados, así el concepto de “autonomía” entendida como la capacidad política para resolver los problemas atendiendo a la voluntad del pueblo andaluz que era esgrimido por las organizaciones de izquierdas y nacionalistas quedaba mutilado. La posibilidad de ejercer la soberanía y la autodeterminación se hacían inviables. Las organizaciones de izquierda y nacionalistas que firmaron el Pacto argumentaron que, después de todo, aquello suponía un paso adelante, ya que, a pesar del grado de movilización y radicalización, la conciencia nacional andaluza era aún difusa y poco solida. Quizás también, aunque el texto constitucional era conocido eso no significaba que fuera comprendido, el Título VIII, donde se desarrolla el “derecho a la autonomía”, con toda su complejidad y extensión se podía prestar a muchas y diferentes interpretaciones, lo que llevó a determinadas organizaciones a poner sus esperanzas equivocadamente en un desarrollo constitucional legislativo posterior favorable a la conquista gradual de cotas mayores de soberanía, esperanzas que el tiempo se encargó de truncar en muy pocos años.

6 de diciembre de 1978, aprobación en referéndum de la Constitución española. No es cuestión de hacer una análisis pormenorizado sobre dicho texto constitucional español, pero en lo que a la cuestión nacional se refiere, dicho texto pretendía solventar la cuestión tanto con el artículo 2, todo un ejemplo del “café para todos” tan del gusto del Presidente español Adolfo Suárez, como con el largo y embrolloso Título VIII. Brevemente, dicho texto negaba el derecho a la autodeterminación, incluso hasta prohibía expresamente un modelo federal (artículo 145). Básicamente, el modelo autonómico ofrecido era una mezcla de descentralización y desconcentración de funciones y competencias administrativas •de arriba hacia abajo, a distintos niveles y ritmos, de ahí también las diferentes formas de acceso a la autonomía: la vía “normal” del artículo 143, la especial destinada para las llamadas “nacionalidades históricas”, del artículo 151 y, por último, el procedimiento extraordinario del 144. Nada que ver, por tanto, con el concepto de “autonomía” que se venía utilizando por las organizaciones de izquierdas y nacionalistas durante esos años. De nuevo nos encontramos con otro alarde del “café para todos” tan del gusto de Suárez, ya que con este procedimiento se pretendía dar solución a los problemas nacionales vasco y catalán, contentando a sus burguesías nacionales al concederle a esos territorios un acceso a la autonomía diferenciado del resto, a la vez que se trataba de aislar social y políticamente a los movimientos populares independentistas de inspiración socialista de esos territorios. La táctica era crear autonomías de “primera” y “segunda”, y dentro de los planes de la gran oligarquía española estaba previsto que Andalucía accediera a una “autonomía de segunda”, por la vía del 143.

En otro orden de cosas, la Constitución pretendía afianzar legalmente la transición hacia el régimen postfranquista, estableciendo la Monarquía parlamentaria y toda una serie de derechos, pero eso sí con escasas garantías de su cumplimiento, así como la “indisoluble unidad de España”. En realidad, se trataba de establecer un régimen que se insertase en los esquemas de las democracias capitalistas europeas, tal y como Washington había previsto.

Año 1979. Mirado desde la lejanía temporal, el año 1979 va a ser más importante para Andalucía de lo que generalmente se piensa. Ese año a diferencia de 1978, va a suponer de nuevo, como en 1977, una radicalización de las posturas. El régimen español, con el monarca a la cabeza, no se termina de afianzar, mientras en Andalucía, el temor a que las esperanzas de autonomía del pueblo andaluz terminen o bien en saco roto o bien en una “autonomía de segunda”, vuelve a movilizar masivamente al pueblo de Andalucía de cara a conmemorar el 4 de Diciembre, registrándose, como en 1977, importantes incidentes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Importantes sectores de la oligarquía española no terminan de imponer su visión de cómo se debe desarrollar el proceso de transición hacia un régimen postfranquista, había una profunda sensación de desgobierno y de desunión en el seno del poder; existía incluso la sensación de que a pesar de la aprobación de la Constitución, los procesos autonómicos podían llegar a desbordar los cauces establecidos, entre ellos, especialmente el andaluz; igualmente, la radicalización de las luchas obreras y populares se estaban haciendo evidentes, pero sobre todo, las acciones armadas de ambas ramas de ETA, la “militar” y la “político-militar” eran constantes y encima acompañadas de la fuerte y contundente irrupción electoral de la coalición abertzale de izquierdas Herri Batasuna. Especialmente atentos a lo que estaba sucediendo permanecían los altos mandos militares y los servicios secretos, por aquel entonces el CESID, hoy CNI, por eso, el 23 de febrero de 1981 entrarían en acción para dar un “golpe de timón” definitivo a la situación.

La llamada ya “cuestión andaluza” debía ser encauzada ante un posible estallido político y social. Ese mismo año la Junta Preautonómica, ya presidida por el dirigente del PSOE Rafael Escuredo, decidiría que Andalucía debía acceder a la “autonomía” por el artículo 151 de la Constitución. Por otro lado, en las elecciones legislativas de marzo de 1979, el Partido Socialista de Andalucía (PSA) cosecharía unos resultados espectaculares, manteniendo esos buenos resultados en las municipales de ese año. Esos buenos resultados fueron tomados como el hecho más que evidente del sentimiento nacional andaluz y de cómo ese sentimiento se estaba ya canalizando políticamente, sin embargo, al PSA le faltó tiempo para dilapidar ese capital político: el intercambio de alcaldías, la apuesta temporal y excéntrica por el acceso a la autonomía por el artículo 144, el apoyo a la investidura de un Adolfo Suárez tocado políticamente, el excesivo personalismo de Rojas Marcos, los bandazos repentinos, etc. , es decir, la política entendida como el “cambio de cromos”, como el cortoplacismo, como el oportunismo más mezquino en el que los principios ideológicos, si algún día se tuvieron, quedaron guardados en un cajón y su llave arrojada a lo más profundo del mar. De todo aquello sacó partido hábilmente un PSOE que supo jugar perfectamente sus cartas.

28 de febrero de 1980, referéndum de iniciativa autonómica. Finalmente, las ocho diputaciones andaluzas y el 97% de los municipios andaluces se pronunciaron a favor de acceder a la “autonomía” por el artículo 151. Sin embargo, el partido en el Gobierno español, la UCD pretendía que Andalucía accediera por el artículo 143, la llamada “vía normal”, tal y como estaba previsto, pero esa propuesta chocó en primer lugar con los sentimientos mayoritarios del pueblo andaluz que entendía que el Gobierno de la UCD estaba discriminando a Andalucía frente a Catalunya, País Vasco y Galicia. Todo aquello se vivió como una afrenta y un desprecio del Gobierno de Madrid y las pasiones se exacerbaron, las banderas andaluzas estaban por todas partes adornando balcones de pisos y casas, los murales y las pintadas reivindicativas decoraban los muros y paredes, cualquier comentario podía ser motivo de una acalorada disputa, la tensión se podía sentir en cualquier rincón, mientras la figura de Blas Infante rescatada del olvido lo presidía todo. Lo andaluz y el orgullo de ser andaluz o andaluza se vivía a flor de piel con fuerza de cara a un referéndum en el que la inmensa mayoría de nuestro pueblo entendía que se jugaba su futuro. Por todo ello, la victoria del “sí” en un referéndum en el que, en principio, se tenía todo en contra, empezando por el mismo articulado constitucional y sus complicaciones y terminando por el Gobierno de Madrid, fue épica.

Realmente, en todos estos años el PSOE se ha arrogado un mérito por el referéndum del 28 de Febrero que, en realidad, no le pertenece. Fueron muchas las intervenciones de importantes dirigentes del PSOE del momento, empezando por Felipe González, que estaban en contra de que Andalucía accediera a la “autonomía” por el artículo 151, es más, debido a esa sensación de desgobierno y de inestabilidad, el PSOE en no pocas ocasiones tendería a criticar la deriva que podría suponer el proceso autonómico abierto, sin embargo, debido a esa misma situación inestable, no resulta difícil explicar qué motivó el giro del PSOE en la “cuestión andaluza” instrumentalizando los sentimientos nacionales andaluces: la UCD de Suárez estaba ya en plena descomposición, la posibilidad de acceder al poder en Madrid se hacía posible, además, con este giro se pretendía acabar con un rival electoral directo, como era el PSA, y reconducir definitivamente la llamada “cuestión andaluza” hacia unos cauces aceptables para la gran oligarquía española. En definitiva, si el PSOE quería llegar al Gobierno de Madrid, tenía que ganarse el “voto andaluz”. Tal y como se afirma en el Boletín Andalucía Libre recordando el 25 aniversario del 28 de Febrero de 1980: “El 28 de Febrero a lo largo y ancho de toda la Nación, el pueblo andaluz ganó. Le ganó al Gobierno, a la derecha españolista de UCD y AP, a la televisión y a buena parte de la prensa, al trucado censo inflado, con muertos y emigrantes, al alienante discurso del consenso... Ganó hasta el punto de provocar una pelea carroñera por los despojos de su victoria que se prolongó durante meses y que, tras múltiples avatares, terminó resolviéndose políticamente en beneficio del PSOE; más por errores y carencias ajenos de sus competidores (PSA-PA, PCE, Clavero) que nunca tuvieron ni la intención ni el valor de romper el nudo gordiano de la cuestión -denunciando el modelo constitucional y a su Régimen- que por meritos propios. Ganó hasta el punto de forzar un desbloqueo para darle cauce a la demanda autonómica andaluza que era no sólo una descomunal aberración jurídica sino a todas luces un acuerdo palmariamente anticonstitucional, aun cuando se ejecutaba paradójicamente al amparo de la Constitución y al objeto de preservarla (y ninguno de los implicados tenía interés en reseñarlo, obviamente)”. (Boletín Andalucía Libre, 25 aniversario del 28-F, La victoria robada) http://www.racocatala.cat/forums/fil/11638/andalucia-25-aniversario-28-f-victoria-robada).

Habría que añadir que el otro gran competidor del PSOE, el PCE, había quedado ya fuera de juego desde el punto de vista ideológico con la adopción de las tesis eurocomunistas, como desde el punto de vista político aceptando la reforma postfranquista del régimen. Todo ello acercaba al PCE tanto política como ideológicamente al PSOE que salía evidentemente beneficiado de la deriva del PCE.

Sin embargo, el proceso autonómico andaluz seguía sin ser bien visto por importantes sectores de la gran oligarquía española, especialmente los militares, recelosos desde el principio a un modelo territorial que entendían en su fanatismo nacionalista español que podía provocar el desmembramiento del Estado español, sobre todo, al comprobar que Andalucía iba a tener un “desarrollo autonómico” similar al del País Vasco, Catalunya y Galicia, algo impensable y sintomático del “desgobierno” que se vivía en las mentes más furiosamente nacionalistas españolas.

23 de Febrero de 1981, el “golpe de timón”. Por supuesto, no se trata de hacer un análisis exhaustivo de lo sucedido durante los días 23 y 24 de febrero de 1981, pero sí que conviene aclarar que más que un golpe de Estado podríamos hablar de un “golpe de timón” con el fin de reconducir la situación hacia unos determinados cauces, ¿cuáles eran esos cauces? Básicamente, afianzar la figura del Rey Juan Carlos y la institución real, poner coto al “desarrollo autonómico”, acabar con las incertidumbres políticas de un partido gubernamental en descomposición (la UCD) y asegurar la entrada del Estado español en la OTAN y en el por aquel entonces Mercado Común, curiosamente tal y como Washington tenía en sus planes. En el caso que nos ocupa, tras el 23F vendría la LOAPA que suponía un claro freno al desarrollo autonómico, con ese precedente poco o nada se podía esperar ya del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En marzo de 1982, en plena celebración del juicio a los golpista, la Junta de Andalucía (PSOE) haría pública una declaración de apoyo al Rey y a la Corona española ante las muchas informaciones que estaban surgiendo que relacionaban al monarca con la trama golpista.

20 de octubre de 1981, referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Después del 23F y de la LOAPA, el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía, el llamado “Estatuto de Carmona” levantó pocas o escasas pasiones. El Estatuto consensuado decepcionaba punto por punto las aspiraciones populares andaluzas: ni reforma agraria, ni poder andaluz ni dignidad a las señas de identidad andaluzas, entre otras muchas cosas; todo por lo que se había luchado fue arrojado a la cloaca del consenso constitucional y de la estabilidad política. Recientemente, el antiguo diputado y dirigente andaluz del PCE e IU, Felipe Alcaraz, decía en un artículo que después de todo, es decir, del “golpe” del 23F y la LOAPA, el Estatuto andaluz no sufrió mermas, debido a la lucha masiva que se había desarrollado (23 F: algunas claves, Felipe Alcaraz http://www.andalucesdiario.es/mares_del_sur/23f-algunas-claves/). Justo lo contrario argumenta el antropólogo Isidoro Moreno, en aquellos años dirigente del PTE-PTA y poco después del PAU-PTA: “El Estatuto que se puso a referéndum en octubre de 1981 constituyó ya un recorte muy importante de lo que el pueblo andaluz había conquistado en las calles el 4 de Diciembre del 77 y en las urnas el 28 de Febrero del 80. Fue uno de los resultados del pacto, a nivel estatal, entre UCD, PSOE y PCE para frenar el desarrollo de las autonomías tras el golpe de estado del 23-F. Como algunos señalamos entonces, la que diseñaba ese Estatuto era radicalmente insuficiente para resolver los problemas de Andalucía y profundizar en su conciencia de pueblo” (“Andalucía es una nación con un déficit de pueblo”, entrevista a Isidoro Moreno, http://old.kaosenlared.net/noticia/especial-andalucia-entrevista-isidoro-moreno-andalucia-nacion-deficit-).

Por no extendernos en el necesario repaso cronológico, cabría señalar la celebración de las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía el 23 de mayo de 1982 en las que se consumó la reconducción de las ansias populares andaluzas: el PSOE conseguía la mayoría absoluta, tanto el PCE como sobre todo el PSA quedaban muy por debajo de las expectativas, con un 8,57% (8 diputados) y un 5,41% (3 diputados) respectivamente, mientras, Alianza Popular se situaba en segunda posición. El bipartidismo español quedaba oficialmente inaugurado en Andalucía con un Felipe González rumbo ya a la Moncloa.

La “autonomía” y sus significados

El camarada Francisco Ruiz León en su artículo antes citado saca a relucir una gráfica de la propia Consejería de Interior de la Junta de Andalucía que aparece en el libro del sociólogo sevillano José María de los Santos “Andalucía en la Transición (1976-1982)”, en la cual se expone qué entendían unos encuestados en los años 1979 y 1981 por “autonomía”. En ambos años, la mayoría de los encuestados opinan que “autonomía” es “autogobierno, capacidad de decisión”, incluso hay quienes la asocian con la independencia. Si tomamos la opinión mayoritaria, es decir, la que asocia “autonomía” con “autogobierno, capacidad de decisión” nos daremos cuenta de que esa opinión chocaba con el “derecho a la autonomía” establecido en la Constitución española de 1978. De este hecho, fácilmente apreciable, podemos suponer varias cosas: o bien determinados partidos se equivocaron creyendo que la “autonomía” que pedía el pueblo se podía conseguir en el marco constitucional español, o bien determinados partidos engañaron al pueblo andaluz haciéndole creer que esa “autonomía” que pedía podía satisfacerse constitucionalmente.

Pero más allá de los significados políticos o la relación de la “autonomía” con un determinado “estatus político”, nos tenemos que fijar por fuerza en el contexto socioeconómico de la Andalucía de la época, es decir, por “autonomía” el pueblo andaluz entendía mucho más que un determinado “estatus político” más o menos abstracto o concreto. La palabra “autonomía” iba en aquellos momentos asociada a otras como “democracia”, “libertad”, “trabajo”, etc., de hecho, era frecuente en aquella época ver murales en las ciudades andaluzas con la leyenda “Pan, Trabajo y Autonomía” o “Autonomía y Libertad”. También “autonomía” se asociaba a reivindicaciones sociales tan sentidas como la reforma agraria, o económicas como el desarrollo industrial o el fomento de iniciativas económicas en general en un país sin apenas inversiones productivas, o culturales e identitarias como el respeto y la dignidad a las señas de identidad culturales andaluzas, o incluso socioculturales como el fin del analfabetismo. En resumen, más allá de lo que se quería decir o no con “autonomía”, o de las equivocaciones o engaños, ante todo para el pueblo andaluz la “autonomía” tenía un valor político instrumental, es decir, era el instrumento político con el cual Andalucía iba a salir definitivamente del subdesarrollo, la postración y la dependencia, en definitiva, de su opresión nacional. Por supuesto, ese valor instrumental social, económico y cultural está relacionado con el “estatus político”, o sea, con el grado de soberanía política de la comunidad nacional dada, y de ahí, como pescadilla que se muerde la cola volvemos de nuevo a las presuntas equivocaciones o presuntos engaños que se dieron en aquellos años en torno a la “autonomía” que el pueblo andaluz reclamaba y la “autonomía” establecida en la Constitución de 1978.

Llegados a este punto habría que preguntarse sobre quiénes se equivocaron y quiénes engañaron. Nada más lejos de la intención de quien escribe estas líneas de erigirse en juez, pero es más que evidente que PSOE, PCE y PSA participaron en ese engaño, por muchos motivos, desde la participación en distintos pactos a diferentes niveles, como la participación de PSOE y PCE en la redacción de la Constitución española. En cuanto a quienes se pudieron confundir o equivocar podríamos señalar a la organización andaluza del PTE, el PTA, partido con una destacable implantación en el territorio andaluz y que asumió rápidamente las reivindicaciones andaluzas, con su líder, el citado Isidoro Moreno a la cabeza. Sin embargo, lo que hoy no tiene sentido por parte de Moreno es que a día de hoy en declaraciones y artículos persiste en esa confusión en los términos y los significados. Seguir hablando del 28F como una “victoria de la voluntad popular” traicionada posteriormente en la redacción del Estatuto de Autonomía de 1981, sin tener en cuenta que esa “victoria” estaba condicionada por el texto constitucional de 1978, da a entender una clara falta de sana autocrítica.

Algunas conclusiones de cara al futuro

Lo primero es una cuestión de principios de la cual se debe partir: el día nacional de Andalucía es el 4 de diciembre. El 28 de febrero no es nuestro día, es el día de las instituciones andaluzas, el día en el que ese entramado institucional celebra su existencia política. El día de la celebración para la izquierda soberanista andaluza debe ser el del día del “despertar nacional andaluz” el 4 de diciembre y no el de unas instituciones que ya han demostrado más que de sobra que no están al servicio del pueblo andaluz ni han ejercido ni ejercen una autonomía real.

¿Pero el que no celebremos significa que debamos estar ausentes? De ninguna de las maneras y por varios motivos. El primero de ellos es que la izquierda soberanista no puede ser ajeno a un episodio de lucha del pueblo andaluz, por muy condicionada que fuera esa lucha, por muy traicionada, o por muy encauzada que estuviera por el marco legal existente. Baste, de nuevo, recordar cómo nuestro pueblo vivió aquel referéndum, esta vez recurriendo otra vez al texto del Boletín Andalucía Libre sobre el 25 aniversario del 28F: “Roto el consenso, entró Andalucía en escena. El desprecio no generó abatimiento sino rabia. Las calles y balcones de los barrios se poblaron de verdiblancas, tanto como las puertas de las fabricas. La derecha españolista tuvo para su sorpresa que replegarse a sus medios de comunicación y ante el inmenso rechazo que mereció, pasar en Andalucía a la 'clandestinidad social'. Por ejemplo: comentar en voz alta en un autobús urbano que no se iba a votar en el referéndum era arriesgarse a ser arrojado del vehículo por el conductor -quizá para evitar males mayores- entre aplausos de los usuarios e improperios dirigidos al traidor y a su inocente madre (caso verídico); tirar desde avionetas en Granada panfletos sin firma con la frase "Papá: ¿Andalucía es Sevilla?" provocar el inmediato grito unánime de "¡Viva la Giralda!" coreado con fervor (caso verídico) o hacer campaña radiofónica por la abstención, seguro de eterna repulsión y fracaso profesional (caso Lauren Postigo, la voz del lema español: "Andaluz no votes; este no es tu referéndum"). La tensión llegó al extremo de que la UCD -partido entonces en el Gobierno español- hubo de recurrir a traerse sus interventores en autobuses formados en convoy desde Castilla ante la imposibilidad de conseguir que sus propios afiliados en Andalucía dieran la cara en las mesas electorales. Otro ejemplo de esa presión social a la hora del recuento fue que las papeletas en blanco superaran a los noes; votos en blanco de quienes no se atrevieron a señalarse en sus pueblos y barrios absteniéndose”. El 28F ha quedado grabado en la memoria histórica de lucha de nuestro pueblo y no solo porque institucionalmente se haya siempre querido hacer hincapié en el 28F en vez de en el 4 de Diciembre, sino porque realmente aquello fue vivido con fuerza e intensidad popular.

Por tanto, celebrar no, pero reivindicar sí, ese debe ser el planteamiento político correcto: aprovechar la memoria histórica de nuestro pueblo, incluso la propia propaganda institucional y los propios fastos institucionales para plantear que esa “autonomía” por la que tanto se luchó no se ha conseguido, y no se podrá conseguir hasta que rompamos el entramado político e institucional español existente en Andalucía, empezando por la Constitución española de 1978.

Pero sobre todo hoy debemos recuperar el valor instrumental de las palabras, la soberanía nacional es la llave que tiene que abrir la puerta de una transformación social, económica y social en Andalucía. La lucha por la soberanía nacional ha de ser una cuestión de clase, de la clase obrera y de sus aliados populares oprimidos, la columna vertebral de la nación andaluza actual.

Todos estos elementos van dirigidos como dardos contra un Gobierno andaluz que ni es de izquierdas ni ejerce ninguna autonomía real más allá de lo que el gran capital español le deja y le consiente.