El fraude del 'tax lease', mentiras y medias verdades

Muchos intereses por el medio y más opacidad que transparencia. Demasiadas preguntas sin respuesta.

La Hacienda Pública es la defraudada con la ilegal e injusta aplicación del 'tax lease', y es a Hacienda a quien han de devolver, no la "ayuda", sino los impuestos evadidos mediante el truco del 'tax lease'.

La cuestión era muy sencilla, en el denominado Sistema español de arrendamiento fiscal (SEAF), se forma una Agrupación de Interés Económico (AIE) y, a través de esta, alguien que tuviera grandes beneficios por los que tendría que tributar a Hacienda, los "invertía" en el sector naval de modo que su cuenta de resultados quedaba reducida en dicha cantidad, eludía el impuesto de lo invertido. La segunda parte del truco estaba en que se amortizaba en tres o cuatro años.

Queda por saber cuáles eran los rendimientos globales obtenidos porque, la inversión, no debía de estar diseñada solo para evadir impuestos, para eso ya están las Sicav y los paraísos fiscales, sino para obtener unos rendimientos adicionales.

De lo que tampoco se ha dado explicación alguna es de cómo los responsables de la Hacienda Pública permitían tales "inversiones" desgravatorias sabiendo que contravenían el documento de la Comisión Europea (CE) "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea" (TFUE), principalmente en lo referido a los artículos 107 y 108 relacionados con la competencia, lo que motivó que la CE denunciara tal práctica el 21-09-2011 mediante el documento "Procedimientos relativos a la aplicación de la política de competencia" en el que se advertían estas infracciones y que ahora se han resuelto con tanta alarma, casi dos años después, y con tan poca transparencia y claridad en cuanto quiénes han organizado este tinglado financiero, sin que se mencione la identidad de los infractores, sin que haya sanción alguna ni siquiera política.

Tampoco se mencionan los documentos cuyo enlace se relaciona más arriba, algo que debiera de ser imprescindible para cualquier argumento, a favor o en contra, porque son los que contienen la normativa aplicable y la nota de la CE denunciando la infracción. La desinformación sobre el tema es alarmante. Claro está que no es de esperar que los medios, producto del sistema político-económico, vayan más allá de lo imprescindible o más allá de lo mínimo necesario, pero sin entrar nunca al fondo de la cuestión. Y, qué decir de las autoridades responsables políticos cómplices de la trama y del desastre de los astilleros.

Lo mismo sucede con los 87.000 puestos de trabajo perdidos o amenazados. El informe del Ministerio de Industria de 2011 "La construcción naval en España" dice que la Industria Auxiliar tiene 240 empresas con 18.000 trabajadores a los que hemos de sumar los 1.774 trabajadores de los astilleros. En total menos de 20.000 trabajadores y no los 87.000 que todos repiten una y otra vez. La información de los medios, para no variar, reincide, ni siquiera menciona este documento del Ministerio y mucho menos utiliza sus datos, datos oficiales.

Se habla reiteradamente de que ha sido Holanda la que ha presentado la denuncia, pero en el párrafo 1 del documento del 21-09-2011 de la CE, más arriba citado, dice que el año anterior, el 13-06-2010 "...asociaciones de construcción naval de siete países europeos firman una petición contra el denominado 'sistema español de arrendamiento fiscal'...." (SEAF). Es decir, la denuncia es de hace tres años, aunque anteriormente, desde el 2006, también se habían enviado otros escritos denuncia según consta el los párrafos 2 y 3 del documento de la CE citado.

Por supuesto que no se trata de defender el modelo económico de la UE, ni mucho menos, pero sí de que "nuestros" sindicatos oficiales, partidos y gobiernos implicados, central y autonómicos, no echen culpas a no se sabe quién de la incompetencia, despilfarro y corrupción existente en la construcción naval española que, aunque solo sean 19.774 trabajadores, ya son más que suficientes para que se enciendan todas las alarmas, pero no por culpa de la UE, que también, sino por todo lo más arriba dicho, junto con la complicidad de los Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar).

Y, hablando de Bruselas, ni el Sr. Almunia ni la UE se han movido porque en el reino de España se haya defraudando de las arcas del Estado, a las de la Hacienda Pública, cerca de 3.000 millones de euros, que buena falta nos hacen para pagar los servicios sociales básicos, tan recortados por este y otros fraudes, sino que la UE y el Sr. Almunia se ha movido por la denuncia de otros países. Nada de altruismos ni de solidaridad dentro de la UE, nada que ver, la cosa va de a ver quién gana más y más rápidamente, como decía el súper ministro socialista -Solana- del gobierno de don Felipe González.

En resumen, de las arcas del Estado, de donde ha de salir el dinero para cubrir las prestaciones sociales, han desaparecido 2.800 millones de euros, exactamente la misma cantidad que se ha defraudado, es lo que viene a decir la CE, con el denominado SEAF, en el que se ampara 'tax lease', modelo marca España.

Ahora el Gobierno del PP con el apoyo del PSOE y demás, en nombre de los defraudadores, anuncia que recurrirá. Recurrirá en nombre de los defraudadores, no de los trabajadores ni de los ciudadanos que son los perjudicados.

Porque los 2.800 millones, rebajas aparte, es seguro que todo ello irá al epígrafe de los recortes sociales, ya que está por ver cuándo y cómo pagarán los defraudadores.

También está por ver, con estos mimbres, cuándo, cómo y de qué manera mejorarán el empleo en el sector naval.

Enlace relacionado: El 'tax lease' y los astilleros, O la burbuja especulativa, despilfarro, Pymar, paro, más recortes y leyenda negra.

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