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El Gobierno amenaza con recurrir otras 3 leyes catalanas que defienden a inquilinos y pequeño comerc
El Sindicato de Llogaters denuncia que el Gobierno estudia recurrir en el Consejo de Ministros de este 20 de julio tres decretos ley catalanes ideados para proteger familias y pequeños locales de la especulación inmobiliaria en plena pandemia.
La Ley de Vivienda no está ni se la espera. Y el Gobierno sigue lanzando señales que alejan todavía más un posible acuerdo con los colectivos y formaciones políticas que defienden un marco legislativo que reconozca la vivienda como un derecho.
A mediados de junio, el Consejo de Ministros decidió recurrir ante el Constitucional la ley que regula los alquileres en Catalunya, al igual que hizo el PP a principios de año. Y para el Consejo de este 20 de julio, el Gobierno amenaza con presentar tres recursos de inconstitucionalidad contra tres decretos catalanes que “protegen a inquilinos y a pequeñas empresas” y que han sido “claves para proteger a la ciudadanía durante la pandemia”.
Así lo denunció el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya, el actor clave en la aprobación de la ley catalana de alquileres y uno de los motores, junto a otros sindicatos de inquilinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos barriales de una larga serie de iniciativas legislativas que intentan poner freno a la especulación inmobiliaria, muchas de las cuales ya forman parte de las leyes españolas y catalanas.
Según el Sindicato de Llogaters, el Gobierno de Sánchez “no solo es incapaz de aprobar una ley de Vivienda que proteja a los arrendatarios, sino que además se plantea boicotear las tímidas mejoras que hacen las administraciones catalanas”.
El decreto ley 34/2020 permite bajar los alquileres a empresas y comercios afectados por la pandemia; el 50/2020 impide subidas encubiertas de los precios de las viviendas de alquileres a través de gastos extra como el IBI o las cuotas de comunidad; y el 37/2020 “ayuda a detener desahucios”, según explican desde el Sindicat de Llogaters.
Para este colectivo “sería preocupante” que la primera actuación de la nueva ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sea “maniobrar para que se pueda subir el alquiler o desahuciar más fácilmente a cientos de miles de familias y comerciantes”.
Los planes de la nueva ministra sobre la Ley de Vivienda todavía no están claros. En su gestión como alcaldesa de Gavá (Barcelona) apoyó la declaración del municipio como “área tensionada”, un paso indispensable para poder aplicar la regulación catalana de los alquileres, que congela el precio y permite bajarlos cuando superan el índice de referencia.
Además de conocer bien la ley catalana de alquileres y haber reconocido con sus acciones políticas su utilidad, en su discurso inaugural hizo hincapié en la vivienda como un derecho, algo que supone un cambio de enfoque con respecto a su predecesor José Luis Ábalos, el que era hasta ahora el principal enemigo, junto a Nadia Calviño, de extender la ley catalana al resto de España.
“No hay derechos y no hay dignidad sin vivienda. Hablar de inclusión es hablar de vivienda y del derecho a disponer de ella a precios asequibles. Ese es el instrumento más poderoso del Estado del bienestar y la fuente de la que emanan los derechos fundamentales”, dijo la nueva ministra.
A pesar de estas palabras, la ministra se ha negado hasta ahora a desvelar su posición con respecto a la Ley de Vivienda y la regulación de los alquileres. Se ha limitado a afirmar que la negociación está abierta y “se está trabajando para garantizar el acceso a la vivienda y que los alquileres no suban de una forma abusiva”. Y que para esto existen muchos métodos, sin especificar cuáles serán estas fórmulas.
Tal como denuncia el Sindicat de Llogaters, lo que ocurra con estos tres decretos catalanes será el primer indicio serio sobre cuál será la política real sobre vivienda de la nueva ministra de Agenda Urbana.
