El Gobierno busca despedir de la Administración entre 700.000 y 900.000 temporales interinos

En septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta una sentencia que reconoce que los trabajadores temporales interinos tienen derecho a indemnización en caso de extinción de contrato al igual que los trabajadores del sector privado.

La llama la encendió una extrabajadora interina del Ministerio de Defensa que denunció la exigencia de una indemnización por despido objetivo como el resto de trabajadores. El caso de esta trabajadora no es el único. Hay más de 700.000 trabajadores en esta situación, un tercio de ellos con una antigüedad superior a seis años.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido con esta sentencia que los diferentes gobiernos estatales y autonómicos han estado durante años contratando en fraude de ley, encadenando nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada, que en realidad son de carácter estructural y permanente, incumpliendo lo establecido en la directiva 99/70/CE sobre trabajo de duración determinada. No se han convocado las plazas en el plazo que la ley lo exigía, por lo que ha dado lugar a un aumento de los trabajadores temporales frente a los fijos. Entre 700.000 y 900.000 trabajadores temporales están contratados en fraude de ley.

Por ello, dicho tribunal insta a que la ley española incluya más elementos disuasorios para evitar esta temporalidad, y expresa que los funcionarios interinos que encadenen fraudulentamente este tipo de contratos podrán ser considerados trabajadores indefinidos no fijos. La sentencia señala que la condición de indefinido no fijo es una condición aplicable al personal funcionario y estatutario víctima de un fraude en su contratación por las Administraciones Públicas, sin que ello suponga el reconocimiento de una categoría nueva para este personal. También declara que el personal estatutario y funcionario que ocupa una plaza vacante durante más de tres años, incumpliendo el art. 70 del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), está en situación de “fraude de ley” y puede ser declarado indefinido.

La sentencia señala así mismo que el fraude debe ser sancionado – con una multa de 100 millones de euros- para que se cumpla el mandato de la Directiva 99/70 de la UE, reconociendo a los funcionarios y estatutarios declarados indefinidos una indemnización de 20 días por año trabajado desde 2012, y de un máximo de 35 días en el caso de los trabajadores cuya relación contractual con la administración fuera anterior al 2012.

Las consecuencias económicas para la administración de esta sentencia son incalculables. De ahí las muchas objeciones que se pusieron para adaptar la directiva europea a la legislación española, ante una previsible avalancha de demandas por despido de trabajadores temporales de la administración.

La tasa de temporalidad de la administración se encuentra entre el 20% y el 40% que varía según los sectores. Esta alta tasa de interinidad genera la necesidad de regularización. De ahí el Acuerdo de Mejora de Empleo Público de 29 de marzo -actualmente recurrido- firmado por el gobierno y los sindicatos de concertación (UGT, CCOO y CSIF). Estos últimos sin consultar a sus bases, como de costumbre en decisiones de gran envergadura para los trabajadores, al amparo del artículo 19 de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) de 2017, pretenden convocar todas las plazas que hayan estado ocupadas durante 3 años por personal temporal; es decir, plazas en situación irregular, por lo que no se reconoce el fraude de ley.

Pero las trampas del Gobierno español no acaban ahí:

Por un lado, el gobierno y los principales sindicatos firmaron el acuerdo de estabilización de empleo, en el que el gobierno se compromete a convocar 250.000 plazas ocupadas interinos para convertirlas en fijas con personal más barato al que no hay que pagar antigüedad.

Por el otro, el gobierno hace presión en Europa para que el criterio de la nueva abogada general de la UE, que no reconoce el derecho a indemnización de interinos, salga adelante, dando el pistoletazo de salida para poner en marcha el mayor ERE de la historia de nuestro país y probablemente de la UE.

Con este plan de estabilización, lo que se pretende es despedir entre 700.000 y 900.000 interinos de todas las administraciones (estatal, autonómicas, locales...) muchos de ellos con más de 20 años en la administración, años que han estado a la espera de la convocatoria de su plaza, que nunca salía con la excusa de la crisis, y que ahora se pueden ver despedidos de forma fulminante y gratis, si al final se revoca la sentencia que reconoce el derecho a indemnización de los interinos en el caso de cese.

El plan de estabilización firmado entre gobierno y sindicatos de concertación esconde el mayor ERE encubierto de la historia de este país, superando los ya conocidos de Seat y Telefónica con 10.000 afectados en cada caso.

El impacto de este ERE va a tener consecuencias no vistas antes, no solo por cantidad de trabajadores que se va a ir a la calle gratis después de trabajar muchos años en la administración, sino que también se verán afectados los servicios públicos. Históricamente, en la administración la plantilla de trabajadores ha sido escasa, pero si echa a la calle a cerca de un millón de trabajadores, un tercio de todos los empleados públicos de este país, a lo que se le añade la amortización de plazas fijas por jubilación, abre dos vías que le vienen de perlas al gran Capital. Por un lado, el compromiso del estado español con la UE de reducir el Estado a la mínima expresión, para que la carga del pago de salarios a empleados públicos a través de los PGE no afecte por la vía del gasto a las rentas del capital, lo que generaría un gran ahorro a los más tienen, fundamentalmente empresas. Por otro lado, con la reducción del estado de la plantilla de la administración, los servicios de gestión y titularidad pública no estarían garantizados, lo que abriría la puerta a la gestión de esos mismos servicios desde el ámbito privado.

Para el Espacio de Encuentro Comunista (EEC), las exigencias que debemos plantear en relación a esta cuestión desde una posición de clase son claras:

En primer lugar, la defensa de todos los puestos de trabajo ahora amenazados en el conjunto de las administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales) de los empleados temporales interinos. La defensa de estos puestos no solo tiene la importancia del mantenimiento del puesto de trabajo de los afectados, sino que también supone defender la estabilidad de los puestos de los empleos futuros en la administración. No debemos caer en la trampa de creer que lograr mañana un puesto en una administración, que continuará con la precariedad y el interinato en el empleo nos garantiza nada. La estrategia del Estado capitalista no será nunca la de garantizar el empleo estable entre sus empleados sino la de ir adelgazando la administración pública con el fin de que los servicios de titularidad y gestión pública que ahora desempeña su personal se conviertan en el futuro en un suculento negocio para el sector privado. Defender que los puestos en fraude de ley se conviertan en empleos fijos y consolidados hoy, es defender que lo sigan siendo mañana en futuras convocatorias de empleo público.

En segundo lugar, la exigencia de que el Gobierno español cumpla con la sentencia de Septiembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en todas sus consideraciones.

En tercer lugar, la exigencia del reconocimiento de oficio por parte de la Administración del fraude de ley para todos los empleados públicos temporales, ya sean funcionarios, laborales o estatutarios.

En cuarto lugar, la exigencia de la suspensión inmediata de ofertas de empleo público y convocatoria de oposiciones que “incluyan plazas de estabilización”, hasta que las plazas que ocupan los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en fraude de ley no se regularicen.

En quinto lugar, la exigencia de la articulación de los mecanismos legales que permitan habilitar procesos de concurso de méritos abierto basado en el cómputo de la antigüedad como único criterio objetivo de valoración. Toda medida que no conlleve la consolidación del 100% de las personas afectadas -entre 700.000 y 900.000 trabajadores y trabajadoras- no será aceptada.

No es solo a un gran número de empleados públicos a los que se va a golpear con este ERE encubierto. Es a toda la clase trabajadora en su conjunto. Al adelgazar la administración se ataca al concepto de “salario indirecto” (el de los servicios públicos) de los trabajadores, dado que el funcionamiento de aquella con menor personal redundará en un empeoramiento de dichos servicios públicos, como ya se ha visto en sectores como la sanidad o la enseñanza, por citar solo dos ejemplos.

Igualmente, con este ERE encubierto se está atacando a nuestro “salario diferido” (las pensiones). Todos aquellos empleados públicos que pasen a engrosar las listas del paro verán disminuidos sus períodos de cotización para el cálculo de sus pensiones.

Ello nos lleva desde el EEC a plantear que la lucha por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de los empleados públicos que hoy ven amenazados sus puestos de trabajo no solo les concierne a ellos sino a toda la clase trabajadora en su conjunto.

Es necesario organizar esta lucha, ligarla solidariamente en un frente común con otros trabajadores de los sectores privados que ven amenazados sus empleos y con la pelea de los jubilados en defensa de sus pensiones, organizarse como clase para dar la batalla desde la clase, que el sindicalismo combativo y que las organizaciones políticas que se dicen de clase se impliquen en ella decidida y resueltamente, impidiendo que el “sindicalismo de pacto social”, así como los partidos reformistas, puedan pactar a espaldas de los trabajadores para rebajar los objetivos de esta lucha y consumar una nueva traición a cambio de nuevos favores para sus burocracias.

No os lamentéis, organizaos. Nos va la vida en ello.