El “Gobierno de Progreso” es un “Gobierno de Continuidad”, también en lo relativo al Sáhara

Antigua colonia, el Sáhara Occidental fue “ascendido” a la categoría de provincia española entre 1969 y 1975 para evitar su proceso de descolonización, que debería haberse alcanzado siguiendo la Resolución 1514 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1960.

En encuentros a tres bandas entre Kissinger (Secretario de Estado de los EEUU y máximo responsable de su política internacional), Juan Carlos y el rey de Marruecos, Hassan II, se selló en 1975 el destino del Sáhara Occidental. En aquella época Kissinger desplegaba una intensa actividad contra la influencia del comunismo en Portugal, España e Italia, además de en América Latina y otras regiones del mundo. El papel de Juan Carlos de Borbón, el rey desertor, fue en este aspecto (como en muchos otros) más reaccionario que el desempeñado por el mismísimo Franco. España se retiraba y dejaba hacer a Marruecos a cambio del apoyo de EEUU a la Corona española en el reto de pilotar una transición controlada y favorable a los intereses de Estados Unidos y del capitalismo occidental. La llamada “Marcha Verde” el 6 de noviembre de 1975, la invasión del Sáhara por parte de cientos de miles de marroquíes, fue la teatralización pactada que propició la ejecución de decisiones ya tomadas. El 14 de noviembre, agonizando el dictador, se firman los “Acuerdos de Madrid” entre España, Marruecos y Mauritania, por los que España cedía a estos dos países el control administrativo del Sáhara.

Mauritania, que también aspiraba a hacerse con una parte del Sáhara, pronto saldría de la ecuación al ser derrotada militarmente por el Frente Polisario. Pero la guerra entre Marruecos y la organización saharaui de Liberación Nacional se alargaría cruentamente hasta 1991. Fue entonces cuando se alcanzó un alto el fuego, llegándose al compromiso de realizar un referéndum de autodeterminación. Para garantizar la organización de ese plebiscito se designó a la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), sin que en los 29 años siguientes esta haya avanzado un ápice en su cometido.

El alto el fuego entre el Polisario y Marruecos en 1991 dio lugar a una división en dos partes del Sáhara Occidental, con la instalación de un vergonzoso muro y una línea fronteriza de 2.700 km sembrada con 7 millones de minas. El Oeste, donde se encuentran los principales centros urbanos, la costa y los yacimientos mineros y petrolíferos, quedó en manos de Rabat; el Este, el Sáhara liberado, está desde entonces controlado por el Frente Polisario, pero apenas alberga recursos y asentamientos. El Sáhara Occidental en su conjunto, lejos de lo que se suele creer, dispone de unas reservas naturales importantes de petróleo y gas, pero sobre todo aloja yacimientos de fosfatos (empleados especialmente como abonos), arena (destinada a la elaboración de cemento y a otros productos y procesos de la construcción) y, sobre todo, una costa marítima con caladeros de gran riqueza, hoy explotados por la flota pesquera marroquí y la española. Como decíamos, la práctica totalidad de esos bienes están en la actualidad en el Sáhara ocupado y son aprovechados por las multinacionales extractivas extranjeras sin dejar apenas beneficios para los saharauis.

Entre el pueblo saharaui que se manifiesta en las ciudades del Estado español se escucha habitualmente un grito: “Marruecos culpable, España responsable”. Y es que, durante todo este tiempo, según el derecho internacional el Estado español ha sido y sigue siendo la responsable jurídica de lo que ocurre en el Sáhara en tanto potencia administradora de una colonia aún por descolonizar. Sin embargo, el Régimen del 78 y sus diferentes gobiernos, independientemente de su signo partidario, ha demostrado su nula voluntad de proponer y acompañar una salida democrática, tal y como le correspondía. La aparente neutralidad española no disimula con eficacia suficiente el apoyo implícito a las aspiraciones de Marruecos, que obviamente no tiene ningún interés en alterar el statu quo vigente. No obviamos que existen numerosos elementos e intereses cruzados entre el Reino de España y el de Marruecos que se pueden enrarecer: Ceuta y Melilla, el (des)control sobre la presión migratoria en Canarias y Andalucía, la colaboración en política antiyihadista, el alto volumen de los acuerdos comerciales, la disputa por las aguas territoriales, etc. Pero por delante de esos intereses, costes y riesgos, los pueblos y los gobiernos siempre deben situar la dignidad y la justicia.

El espejo roto de Timor Oriental

El “desentendimiento” español sobre el asunto saharaui contrasta plenamente con la experiencia de Timor Oriental, antigua colonia portuguesa pretendida por Indonesia en aquellos mismos años, cuando el país vecino renunció a los últimos territorios de su imperio colonial tras la Revolución de los Claveles (1974) y abandonó Timor.

A finales de 1975 Timor fue invadida por Indonesia, tal y como el Sáhara fue invadido por Marruecos. Ambos países anexionistas reclamaron su soberanía, conquistaron los territorios y los convirtieron en provincias, originando con ello larguísimas guerras con la población autóctona. Los beneficiarios de aquella política fueron dos regímenes autoritarios pro-occidentales: Marruecos e Indonesia. Estos países actuaron bajo la aquiescencia de EEUU, que recelaba de la orientación democrática y socialista de las fuerzas políticas hegemónicas que estaban en condiciones de dirigir el proceso de autodeterminación del Sáhara y Timor (el Frente Polisario y el FRETILIN respectivamente). Aunque poco conocido en nuestras latitudes, el Régimen indonesio de Suharto, plenamente apoyado por Occidente, venía de ejecutar en los años 60 un genocidio en el que pudieron ser asesinados cerca de tres millones de comunistas de aquel país.

Pues bien, en ninguno de los dos casos la ONU reconoció como legítimas tales anexiones, y siguió considerando a España y a Portugal como países administradores encargados de facilitar una salida descolonial para el Sáhara y Timor. En 1999 Indonesia finalmente se vio empujada a atender a la voluntad política de los timorenses, que en referéndum optaron por la independencia en una amplia mayoría. El proceso fue posible por la presión internacional, sobre todo por la implicación de la antigua potencia administradora, Portugal, que no eludió su papel histórico. En aquel momento el Primer Ministro portugués no era otro que António Guterres, quien hoy ejerce como Secretario General de la ONU. Aquel proceso político no estuvo exento de riesgos y violencia, pero hoy Timor Oriental es un país que vive en paz y los timorenses tienen derecho a gobernar su propia tierra.

Estudiar y comprender estos procesos, contextualizarlos históricamente en paralelo, nos acerca a una conclusión: Portugal, que había dejado atrás una dictadura fascista (la de Salazar), sí asumió su responsabilidad con respecto a Timor. Para ello fue imprescindible la existencia previa de un proceso de ruptura del pueblo y las instituciones portuguesas con la herencia del Régimen fascista de Salazar; ello contrasta con el continuismo español a través de un Régimen que simplemente modernizó los aspectos más brutales del franquismo.

Algunas consideraciones finales

No entender el hermanamiento entre las dos monarquías reaccionarias (Borbón y Alauí), lazo forjado en su historia compartida de corrupción y represión, supone no comprender el fondo del asunto del Sáhara. El estudiado “desentendimiento” de España, desde los primeros gobiernos tras la muerte de Franco hasta el actual “Gobierno de Progreso”, es una evidencia más de que los asuntos estructurales y la política internacional del Estado español no dependen del color del Gobierno de turno, sino de las propias características y naturaleza del Régimen del 78. Si el Régimen español le ha fallado al pueblo saharaui, no ha ocurrido así con los pueblos bajo jurisdicción del Estado, especialmente sensibles con esta causa, que se ha materializado en multitud de ejemplos de cooperación y solidaridad. El sentir general, la opinión pública, es favorable a cumplir nuestros compromisos con el Sáhara. Es la falta de voluntad política lo que lo impide.

Por desgracia, la resolución pacífica prometida a los saharauis ha resultado ser un callejón sin salida, un viaje a ninguna parte, un señuelo con el que enfriar sine die el conflicto sin resolverlo, manteniendo las expectativas de una solución que nunca llegó. Para el pueblo saharaui, después de décadas de inacción y ausencia de legalidad internacional, de agresión y colonización marroquí y de calculada pasividad española, parece no quedar ya otra alternativa que la de volver a las armas. ¿Acaso alguien piensa que pasar toda una vida exiliados en campamentos bajo condiciones lamentables como el de Tinduf en Argelia es peor para los jóvenes saharauis que la perspectiva de la guerra?

Como dice un refrán de este pueblo, “la muerte es una ley natural, pero la humillación no”.

¡Viva la lucha del pueblo saharaui!

Izquierda Castellana, a 17 de noviembre de 2020

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