El precio de privatizar

Ayer al mediodía un apagón generalizado dejó sin electricidad a toda España y Portugal, así como a una parte de Francia, con afectaciones al tránsito, al transporte público, a las telecomunicaciones, a la industria y a todos los hogares e instituciones que no cuentan con fuentes de respaldo. El servicio comenzó a restablecerse seis horas después y pasaron 10 horas antes de que se recuperara una relativa normalidad tras el evento que ya se clasifica entre los 15 cortes de electricidad más importantes de la historia mundial por los más de 58 millones de habitantes afectados. El presidente del Estado español, Pedro Sánchez, dijo que se trabaja en averiguar la causa, pero por el momento sólo se sabe que una fuerte oscilación [...] en el sistema eléctrico europeo ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro.

En espera de conocer los motivos, está claro que el reparto del sector entre varias trasnacionales –Iberdrola, Naturgy, Endesa, EDP y Repsol– complica la coordinación para el restablecimiento del servicio y las investigaciones pertinentes. En el mismo sentido, el apagón confirma que entregar a la iniciativa privada éste y otros servicios esenciales no garantiza un mejor funcionamiento, algo por demás conocido a partir del propio ejemplo español y de otros como el estadounidense.
En 2003, la superpotencia sufrió un apagón que afectó a 50 millones de personas en Nueva York y otras urbes tanto en ese país como en el vecino Canadá, cuya causa fue la falta de inversión y mantenimiento por parte de las empresas. En 2021 y 2023, Texas padeció inviernos especialmente crudos que se saldaron con importantes apagones con duración de varios días. En el primero de esos años, las firmas eléctricas privadas, lejos de indemnizar a los usuarios, remitieron facturas con un sobrecosto de hasta 7 mil por ciento con el pretexto de los elevados precios del gas usado en la generación de energía. Los usuarios debieron pagar costos altísimos por un servicio que, además, fue inestable e incierto.

Entre 2018 y 2021, las compañías que controlan el mercado eléctrico español aumentaron sus tarifas hasta 500 por ciento, con un impacto en el bolsillo de los consumidores que fue desde lo incómodo hasta lo trágico: mientras algunas familias tuvieron que optar por lavar la ropa de madrugada (puesto que las tarifas varían de acuerdo con el nivel de la demanda), a otras no les quedó de otra que recurrir a las velas ante la imposibilidad de pagar los recibos. Dado que la vida cotidiana está fuertemente electrificada en el país, los comedores sociales se vieron desbordados porque miles de personas no podían permitirse el lujo de cocinar en casa. Cuando el presidente Sánchez intentó tímidamente frenar la escalada de los precios en 2021, Iberdrola recurrió a sus estrechas relaciones con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para chantajear al Ejecutivo: si éste aplicaba medidas contra el abuso de las empresas eléctricas, el PNV se retiraría de la coalición de gobierno, haciéndolo caer.

Las poderosas energéticas hispanas no sólo son un peligro para la democracia, sino también para el medio ambiente. En julio y agosto de 2021, Iberdrola vació dos embalses en las provincias de Zamora y Cáceres para beneficiarse con la venta de energía, con lo que dejó sin agua a los pobladores y ocasionó pérdidas a los sectores agrícola y turístico. En el mismo periodo, Iberdrola y Naturgy vaciaron pantanos de la comunidad autónoma de Galicia con el propósito de lucrar con un esquema perverso que fija el precio por subasta, pero no para ofertar a los consumidores el precio más bajo, sino para permitir a la industria vender al más alto ofrecido en el pool. Así, al desecar los embalses, estas empresas generaron energía a precio bajo para vender a los precios inflados por los costos internacionales del gas natural, con un coste ecológico y social que nada tiene que ver con la sostenibilidad de que presumen.

Ésas son las multinacionales que aprovecharon el entreguismo y la corrupción de los gobiernos neoliberales para apoderarse del mercado eléctrico en el Estado españool y en buena parte de América Latina y que, cuando fueron denunciadas en México a partir del sexenio pasado, instigaron una campaña de desinformación y golpeteo político a fin de hacer pasar sus negocios sucios como una especie de cruzada ecologista bajo el ataque de un estatismo trasnochado. Cabe congratularse de que ese supuesto estatismo, que no es sino sentido común y rescate de la soberanía, haya puesto a México a salvo de lo que ofrecen las compañías privadas: precios inflados de manera artificial, maniobras golpistas, desastres ambientales y graves apagones.