El País y la "Memoria Histórica"

Me ha parecido muy curioso, por no decir extraño, que en EL PAÍS de ayer, 14 de septiembre, se publicaran dos artículos (“Juicio a la barbarie” y “La justicia de los vencidos”), un editorial (“Las fosas”) y una carta (“Una historia aséptica”) sobre las posibles consecuencias de la intervención del juez Garzón en la batalla de la Memoria Histórica.

Es verdad que, desde hace días, diversos periodistas de ese diario han venido publicando artículos, reportajes y entrevistas a historiadores sobre el tema; pero dos articulos, un editorial y una carta, la mía, el mismo día me parece, repito, curioso, sorprendente. Sobre todo que mi carta, enviada el día 8 aparece publicada el día 14 con fecha del 14 y no del día 8. Además de que nunca figuró en la lista de cartas (al director) recibidas que cada día publica dicho periódico, y que ha sido publicada después de que la carta saliese en varias webs indicando que EL PAÍS no la había publicado.

Pero, dejémonos de especulaciones y vayamos al fondo del editorial, porque es éste, sin duda, el que más refleja la posición del periódico. El pretexto del editorial es que “la familia del maestro fusilado junto a García Lorca y supuestamente enterrado en la misma fosa que el poeta, en el barranco de Víznar, ha solicitado al juez Garzón la exhumación de su cadáver”. Pero el fondo del mismo es para justificar el subtítulo: “El Estado no debe abdicar de su obligación cuando tenga conocimiento de enterramientos clandestinos”. Pues, como es sabido, la familia Lorca se ha opuesto hasta ahora a la apertura de dicha fosa y por ello ésta no ha podido ser abierta.

Este editorial es pues una toma de posición favorable a la demanda de información del juez Garzón y de los colectivos que han pedido su intervención. Más aún, este editorial indica que el diario del Grupo PRISA se pronuncia claramente por que sea el Estado el que se encargue de los “enterramientos clandestinos” y por que éste no “abdique de sus obligaciones en favor de las asociaciones, como establece la Ley de Memoria Histórica”.

Ahora bien, el editorial también dice que “la eventual apertura de una causa penal contra los autores de las muertes” es “algo que resultaría inviable, excepción hecha de su conversión en genocidio”. Es decir, que esto es “inviable” salvo si el juez Garzón encuentra “la manera de tipificar la represión franquista como genocidio”, porque en ese “caso no existiría prescripción para los delitos cometidos y la Audiencia Nacional sería competente”.

En síntesis, toda esta argumentación me lleva a pensar que EL PAÍS, expresando la posición del grupo PRISA, refleja también la posición del Gobierno socialista y está tratando de orientar la opinión con vistas a la decisión final que tome el juez Garzón: sea declarándose competente o incompetente para proseguir la instrucción.

Pues bien, tanto en un caso como en el otro, EL PAÍS marca los límites de esa instrucción y por eso termina afirmando que, si bien la guerra civil y la dictadura fueron la causa de que “existan miles de cadáveres en las cunetas”, eso “no puede servir de excusa para que sigan yaciendo en ellas”. Además de insistir en que esto “nada tiene que ver con la memoria (…)sino con el cumplimiento de las leyes por parte del Estado”. Pues la memoria, es decir la llamada memoria histórica, “sólo incumbe a familiares, historiadores y, en general, a los ciudadanos”. O sea que el Gobierno socialista sólo tiene la obligación de poner fin a los “enterramientos clandestinos”; pero que no se le debe pedir que vaya más lejos de lo que “establece la Ley de Memoria Histórica, un texto jurídico sui géneris con el que el Gobierno quiso salir del embrollo político en el que se había metido”.

Y, en el caso de que Garzón encuentre la manera de “tipificar la represión franquista como genocidio”, dejar la cuestión en manos de la Justicia. Y ya sabemos el tiempo que ésta ha metido y lo que ha hecho con lo de la revisión de los juicios franquistas.

Octavio Alberola es miembro del Grupo pro revisión del proceso Granado y Delgado.

La Haine