ELA, CIG e Intersindical anuncian movilizaciones contra los recortes de la reforma de las pensiones

Protestas del movimiento pensionista en las puertas del Congreso el 6 de abril de 2022. Foto: EH Bildu

A pesar del “envoltorio” y la “propaganda” mediática que ha rodeado la reforma de las pensiones acordada entre el Ministerio de la Seguridad Social de José Luis Escrivá y CC OO y UGT, y avalada por la Comisión Europea, el sindicato vasco ELA, el gallego CIG y el catalán la Intersindical han consensuado un calendario de movilizaciones con dos objetivos: alertar a la población de los recortes y amenazas que contiene la norma y pedir a los partidos políticos que voten en su contra.

La votación del decreto tendrá lugar el jueves en el Congreso de los Diputados y no se esperan sorpresas: la reforma de las pensiones de Escrivá saldrá adelante. Tanto ERC como EH Bildu han anunciado sus votos favorables al considerar que el texto incluye puntos que han negociado. En el caso de ERC, la cotización al 100% de la prestación de incapacidad permanente de las mujeres trabajadoras que realizan una reducción de jornada por guarda legal y el aumento de la pensión de incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo o la lactancia para aquellas trabajadoras en reducción de jornada. En EH Bildu, convertir en permanente la subida del 15% de las pensiones no contributivas (485 euros al mes; 6.412 euros anuales), no ampliar el periodo de cómputo de manera obligatoria y aumentar las pensiones mínimas.

Han convocado protestas el 29 de marzo en Galicia, el 30 de marzo en Catalunya y el 4 y 20 de abril en Euskal Herria

El BNG se ha posicionado al lado de los tres sindicatos y ha realizado un llamamiento a secundar las protestas del 29 de marzo en Galicia —el 30 de marzo en Catalunya y el 4 y 20 de abril en Euskal Herria—. “Vamos a votar en contra de esta reforma de pensiones y queremos aprovechar para manifestar todo el apoyo a las movilizaciones convocadas por el sindicato mayoritario de nuestro país para reclamar una política progresiva y progresista en materia de pensiones”, ha indicado Néstor Rego en rueda de prensa.

La lectura de estos tres sindicatos dista mucho del tono triunfalista del Gobierno y alertan de que la “propaganda” se ha instalado en la opinión pública. “A pesar de su envoltorio, la reforma contiene recortes”, resumen, y no incluye derogación alguna de los recortes efectuados por el Gobierno de Zapatero en la reforma de 2011, añaden.

“A un gobierno progresista se le debe exigir dar marcha atrás en los recortes aprobados por los gobiernos anteriores”, han señalado en una rueda de prensa conjunta. La reforma de Escrivá implica que las personas que hoy tienen menos de 50 años cobrarán menos, ya que el Banco de España calcula que un año más de cómputo implica casi un 1% menos de prestación. Antes de 2011 se computaban 15 años de vida laboral: tras Zapatero, los 25 actuales. Con Escrivá, hasta 29, pudiendo descontar los 24 peores meses para una capa demográfica de la población en el que el trabajo estable y los salarios dignos brillan por su ausencia y en la que las mujeres siguen pagando lo que en teoría económica feminista se conoce como “impuesto a la maternidad” —pérdida de poder adquisitivo tras la llegada del primer hijo, a través de las reducciones de jornada, excedencias y falta de promoción interna en el trabajo—.

Los sindicatos aseguran que los complementos para mitigar la brecha de género son “apenas imperceptibles” y que el aumento de los años de cómputo “perjudicará más a las mujeres”

Los tres sindicatos han asegurado que los complementos pactados entre el ministerio de la Seguridad Social y CC OO y UGT son “apenas imperceptibles”, mientras que la medida de pasar de 25 a 29 años para calcular la pensión “perjudicará más a las mujeres que a los hombres”.

Consideran que la reforma está tutelada por la Unión Europea, ya que condiciona el desembolso del tercer tramo de los fondos Next Generation —9.000 millones— y que no deriva de un “debate democrático” abierto a todos los agentes sociales, sino que se aprueba a través de un decreto ley “a pesar de su trascendencia social”.

“Pretenden que las pensiones públicas sean un sistema asistencial, por ello nos repiten esas consignas que amedrentan a la población y favorecen los planes de pensiones de empleo privados”

Favorece la privatización

A pesar de que la reforma aumenta la cotización de las pensiones altas para aumentar los ingresos —lo que se conoce como destope—, también implica una amenaza para el sistema público basado en la solidaridad. “La reforma es regresiva y se enmarca en un planteamiento en el que se están impulsando los planes privados de pensiones, como hizo el Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2022”, al aprobar la Ley de Planes de Pensiones de Empleo. Esta ley abre la puerta de par en par a entidades financieras y aseguradoras para gestionar planes de pensiones privados que se acordarían mediante la negociación colectiva estatal, un punto determinante para los tres sindicatos de contrapoder, acostumbrados a negociar aumentos de salario a través de la presión que ejercen los trabajadores con las huelgas.

Para el secretario general de la CIG, Paulo Carril, los planes de pensiones de empleo privados consisten, “sencillamente”, en la promoción de los planes privados, que se suman a los planes individuales: “Pretenden que las pensiones públicas sean un sistema asistencial, por ello nos repiten esas consignas que amedrentan a la población”. Y advierte que el dinero que va a parar a esos planes no sale simplemente de la empresa, sino del sueldo que ya no cobrará el trabajador.

Es precisamente la ley de Planes de Pensiones de Empleo la que debería “retirarse”, señala la economista especializada en pensiones Miren Etxezarreta, consultada por El Salto para valorar la reforma de pensiones. “La reforma no es una maravilla, pero la ley importante es la de los Planes de Pensiones de Empleo, una privatización directa a las pensiones, plasma toda la política económica del estado actual: pasar de apoyar a toda la población mediante derechos sociales a centrarse en las familias que ellos llaman vulnerables, en vez de pobres, transformando los derechos en caridad”, alerta.

Los sindicatos de contrapoder añaden un matiz que les afecta: la promoción de los planes de pensiones de empleo privados se realizará a través de la negociación estatal, la cual consigue históricamente menos mejoras salariales —alrededor de un 2% menos en 2022, respecto a los convenios provinciales y autonómicos, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo— y es precisamente los convenios estatales los que prima la reforma laboral de Yolanda Díaz.

Umbral de la pobreza

En cuanto al umbral de la pobreza, que se menciona en el decreto, los sindicatos insisten en que “la propaganda está sustituyendo a la realidad en lo que hace referencia a las pensiones mínimas: si bien hay una mejora progresiva durante cuatro años, es evidente que esta mejora es muy pequeña y apenas va a notarse”. Si se aplican los criterios acordados para 2027, “muchas pensiones mínimas seguirían por debajo e los 900 euros e incluso de los 800”.

“La reforma de Escrivá incluye recortes lesivos: nos hará trabajar más”, ha resumido Sergi Perelló, el secretario de la Intersindical, a lo cual Mitxel Lakuntza, su homólogo de ELA, ha indicado que “tenemos el reto de que se conozca la verdad de esta reforma frente a su contenido positivo”.

El Salto