Esta no es la reforma de pensiones que necesitamos

Los movimientos y plataformas de pensionistas de los pueblos y comunidades del Estado español que suscribimos este documento, queremos hacer pública nuestra valoración de la reforma de las pensiones (RDL 2/2023, de 16/3), publicada en el BOE del pasado día 17 de marzo y pendiente de su ratificación por el Congreso.

Aunque con concesiones menores de las que exigía Bruselas y con aspectos puntuales que suponen mejoras, sobre todo en los ingresos de la Seguridad Social, nuestra posición sigue siendo la de denunciar que esta reforma es el peaje que, a costa de las y los pensionistas, el gobierno del Estado (PSOE-UP) hace a la Comisión Europea para librar un nuevo tramo de fondos europeos, que irán destinados en su mayor parte a financiar a las grandes empresas.

La oposición de los movimientos de pensionistas a las últimas reformas de pensiones (Decretos Ley 21/2021 y 12/2022), ha sido una circunstancia determinante para que se rompiera el consenso dominante, y para que la nueva reforme se retrasara varios meses. El conjunto de las organizaciones pensionistas que subscribimos este texto, consideramos que la nueva ley (RDL 2/2003) no soluciona, ni de lejos, las necesidades urgentes de las personas pensionistas, recogidas en las justas reivindicaciones que unitariamente estamos planteando en las calles, desde hace seis años. Además:

Denunciamos la forma en que se está dando a conocer la Reforma. Se ha lanzado una fuerte campaña mediática basada en medias verdades, en un lenguaje que aparenta coincidir con las exigencias de las personas pensionistas que estamos peleando desde hace más de 270 semanas en las calles, pero se ha ocultado que su contenido concreto no se conoció hasta la publicación final del RDL en el BOE, lo que no ha permitido un debate público y transparente, hasta que se convertió en un hecho consumado.

Esta ley llega sin que el gobierno haya cumplido sus obligaciones legales anteriores. Nos referimos a la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, prevista en la Ley 21/2021, que el gobierno debería haber encargado y haberse realizado antes del 30 de junio del pasado año 2022. El asunto tiene vital importancia, porque esa auditoría (independiente y transparente, claro está) demostraría que, sin soportar gastos impropios, las cuentas de la Seguridad Social están saneadas, y que los recortes como los que se están haciendo no tienen ninguna justificación. El propio Tribunal de Cuentas ya ha acreditado una deuda del Estado con la Seguridad Social de 103.690 millones de euros. Por lo tanto, el no haber hecho la auditoría, aparte de vulnerar la Ley, demuestra a las claras la falsedad del objetivo declarado de buscar “la viabilidad del Sistema”, y que el verdadero objetivo de las reformas no es otro que el negocio privado que se quiere montar esquilmando las pensiones públicas, para el cual el ministro Escrivá ya ha puesto “el pie en la puerta”.

¿Qué sentido tiene la ampliación del período de cómputo? En el punto 23 de la Ley queda reflejada la ampliación hasta los 29 años del período para el cálculo de las pensiones futuras (descontando los 24 peores meses), desde los actuales 25 (reforma de 2011). Aunque se establece la posibilidad de elegir entre el actual período y el futuro, durante las próximas dos décadas, está muy claro que las personas a las que les quede 20 o más años para jubilarse (la mayoría de nuestros hijos y nietos) verán mermadas sus pensiones por esta ampliación aún más, en el momento de su jubilación. Es falso que la ley busque adecuar la prestación a la realidad de precariedad laboral de la que es víctima la mayoría de la juventud. Si así fuera, el período de cómputo se debería reducir, en vez de ampliarse. Se debería atender nuestra demanda de volver a los quince años anteriores a la reforma de 2011, porque, con la precariedad generalizada, la gente trabajadora actualmente en activo no tiene, ni tendrá, 25, ni 29 ni 30 años de cotización decente.

El llamado “Mecanismo de Equidad Intergeneracional”, que ya analizamos en su día, se incrementa desde el 0,6% al 1,2% (1% aportado por las empresas y 0,2% por la persona trabajadora). Las dudas que nos generó cuando apareció en la Ley 21/2021 se mantienen, en el sentido de que, dada la debilidad sindical en la negociación colectiva, al final el grueso de esa aportación mucho nos tememos que sea soportado íntegramente por las y los trabajadores, recortándola de su salario directo. Consideramos como una victoria de los trabajadores y del movimiento pensionista la derogación, en su día, del “factor de sostenibilidad” del gobierno de M. Rajoy, pero consideramos injusto que esa factura acaben pagándola las y los de siempre.

La llamada “Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal” (AIReF) tendrá, según la nueva Ley (disposición adicional segunda), la capacidad de valorar el proceso de ingresos y gastos, a partir de 2025, en informes trianuales. Se trata de un organismo que presidió el propio Escrivá desde su fundación en 2014, hasta que éste fue nombrado ministro en enero de 2020. Un organismo neoliberal, ligado a la banca como el propio ministro, parece que de “independiente” tiene más bien poco. El control (mediante “informes al gobierno”, eso sí) de un ente semejante sobre las cuentas de la Seguridad Social deja la puerta abierta a recortes futuros.

A pesar de los esfuerzos mediáticos del gobierno para vender el RDL, las pensiones mínimas siguen muy lejos de nuestras demandas y de las necesidades de las personas pensionistas. La pensión mínima de referencia de persona pensionista con cónyuge no a cargo que se situará para el año 2027 en 873 euros queda muy lejos de los 1.080 euros que reclamamos para 2023. Cambiar la referencia del SMI para fijar la pensión mínima contributiva por la renta mediana es una medida más para reducirlas e impedir pensiones mínimas suficientes

Denunciamos que una vez más los sindicatos de la Mesa del Diálogo Social, CCOO y UGT avalen la nueva reforma, reforma que da cobertura a los recortes de las pensiones procedentes de la reforma de 2011 (que también firmaron estos sindicatos) tales como el aumento hasta los 67 años de la edad de jubilación, el aumento de los años necesarios para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años e incluye nuevos recortes como el aumento de este periodo de cálculo a 29 años. que se ha producido sin debate alguno en el interior de esos sindicatos y menos aún en el mundo del trabajo que pretenden representar, El nuevo RDL fija y amplía la nefasta reforma de 2011, y en la que se amplió el período de cómputo para el cálculo de las pensiones, desde los 15 a los 25 años, y se retrasó la edad de jubilación hasta los 67 años.

El ejemplo del sindicalismo francés, que de manera unitaria lleva ya dos meses de encarnizada lucha contra el aumento hasta los 64 años de la edad de jubilación, debería hacer reflexionar a los afiliados y delegados de esos sindicatos, sobre el papel de unos dirigentes que han olvidado sus intereses de clase entre despachos enmoquetados.

Consideramos, por tanto, conjunta y solidariamente dentro de nuestra diversidad y pluralidad, que esta reforma recorta las futuras pensiones, profundiza los recortes de las anteriores reformas, no sitúa las pensiones mínimas en niveles de dignidad, y mantiene y amplía la brecha de género. La nueva reforma se enmarca en la política de pensiones del actual gobierno que no ha realizado la auditoría que por ley tenía que realizar, que ha abierto la puerta a las pensiones privadas, que no ha reducido la edad de jubilación ni ha eliminado los coeficientes reductores en las personas jubiladas anticipadamente con 40 años cotizados.

Por todo ello expresamos nuestro rechazo, y llamamos a todas las personas trabajadoras y pensionistas a desplegar una amplia movilización para cuestionar, limitar y revertir la ampliación del período de cómputo y los demás efectos regresivos que contiene el nuevo RDL. De hecho, esta ha sido la forma en que rompimos la congelación de las pensiones, impedimos la aplicación del factor de sostenibilidad de Rajoy o retrasamos las medias exigidas por Bruselas durante meses.

Esta no es la reforma por la que llevamos tantos años luchando; exigimos a los grupos del Congreso que en la tramitación del RDL nuestras reivindicaciones sean incluidas con en el objetivo de garantizar pensiones públicas, dignas, justas y suficientes.

Seguiremos por tanto manifestándonos en calles y plazas defendiendo las necesidades de las y los pensionistas, actuales y del futuro, y el Sistema Público de Pensiones. Seguiremos dando respaldo y explicando la tabla reivindicativa que las plataformas y movimientos que firmamos este escrito defendemos unánimemente:

Pensión mínima de 1.080 euros.

Eliminación efectiva de la brecha de género.

Período de cómputo para el cálculo de las pensiones, de los mejores quince años de cotización de cada persona.

Auditoría ya, de las cuentas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley.

Jubilación a los 65 años, en camino hacia los 60.

Actualización de pensiones y salarios según el IPC real y anual, y recuperar la paga compensatoria anual para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

Derogación de las reformas de 2011 y siguientes de 2021, 2022 y 2023.

No a los planes de pensiones privados de empresa, ni a la gestión privada de las pensiones públicas.

Jubilación anticipada sin penalización a partir de los 40 años cotizados.

No a la descapitalización de la Seguridad Social, ni a la liquidación de su patrimonio inmobiliario.

¡¡¡ GOBIERNE QUIEN GOBIERNE,

LAS PENSIÓNS PÚBLICAS SE DEFIENDEN !!!

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar),

COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones),

EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria),

MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas),

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos),

UNIDAD-COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas),

PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles,