La cara oscura de ACS

“La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional) desvela una trama del agua en Murcia: el PP ‘regaló’ 600 millones a ACS”; “ACS pagó un millón en regalos y facturas falsas para entrar en la trama del agua”, tituló los días 23 y 24 de abril el periódico El Confidencial. El grupo ACS es una de las seis grandes constructoras españolas y primera contratista internacional en el sector de la Construcción y la Ingeniería, seguida por su filial alemana Hochtief (según la ratio de la revista Engineering News-Records); en el primer semestre de 2018 obtuvo un beneficio neto de 774 millones de euros (un 7,4% más que en el mismo periodo del año anterior) y tiene como presidente a Florentino Pérez, cuya fortuna personal asciende según Forbes a 2.000 millones de euros. La noticia de El Confidencial hace referencia a presuntas irregularidades en la construcción y gestión de la desaladora de Escombreras, en Cartagena, que actualmente investiga un juzgado de Murcia.

El digital Vozpopuli informó de las comisiones pagadas por ACS al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, del PP, para que éste adjudicara a la empresa la construcción de un campo de golf en terrenos del ente público Canal de Isabel II. El digital destacó asimismo que en 2015 ACS donó 100.000 euros a la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, y la misma cantidad a la Fundación Pablo Iglesias, vinculada al PSOE. El nombre de la constructora figuró entre los donantes a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), actualmente PDeCAT, a cambio de adjudicaciones de obra pública; y en los llamados “papeles” de Bárcenas (por el apellido del extesorero del PP), por la presunta entrega de dinero “negro” al partido conservador para la obtención de contratas.

Según eldiario.es, el ejecutivo de Rajoy abonó 200 millones de euros en sobrecostes de obra pública al grupo ACS durante los últimos tres años. Eldiario.es también dio cuenta el 23 de julio de las sanciones impuestas por el Banco Mundial a ACS, por no informar de las comisiones abonadas para lograr las contratas de construcción de dos centrales eléctricas en Egipto -El Tebbin y Giza North Power- financiadas por el organismo internacional. En Guatemala, la multinacional española participa –a través de una de sus filiales, el Grupo Cobra- en la construcción de la central hidroeléctrica Renace en el departamento de Alta Verapaz, cuyos impactos en el río Cahabón han denunciado los indígenas quekchí; como consecuencia de las movilizaciones, el líder comunitario Bernardo Caal Xoc se halla encarcelado desde enero en el municipio de Cobán.

En el análisis de 2015 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, ACS era la segunda empresa española tras el Banco Santander con más sociedades en paraísos y “nichos” fiscales (152). También el grupo de construcción e ingeniería lidera otras ratios; su consejero delegado, Marcelino Fernández Verdes, fue el mejor pagado entre las empresas del IBEX 35 en 2017, al sumar una retribución de 20,4 millones de euros. Las ventas del grupo alcanzaron el año pasado los 34.898 millones de euros, de las que el 45% corresponden a América del Norte, el 29% a Asia Pacífico y el 13% a España; actualmente África es una de las posibles zonas de expansión de ACS; por ejemplo, forma parte del consorcio –también integrado por la francesa Eiffage Génie Civil- seleccionado para la construcción de una desaladora en Yibuti por 46 millones de euros (40,5 millones financiados por la Unión Europea).

La constructora que capitanea el presidente del Real Madrid se ha beneficiado de los “rescates” con dinero público. Entre los casos más significativos figura el de las nueve autopistas de peaje en quiebra, concesionadas a empresas como ACS, Ferrovial, Sacyr, Abertis, Ferrovial o Acciona; la cifra final del “rescate” a las adjudicatarias oscila entre 2.000 millones y 4.500 millones de euros. Asimismo en diciembre de 2016 los Estados español y francés asumieron la explotación y mantenimiento del tramo de Tren de Alta Velocidad (AVE) entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia), incluido el túnel de El Pertús, tras la quiebra de la sociedad adjudicataria integrada por ACS y Eiffage; la concesionaria declaró la imposibilidad de afrontar una deuda de 557 millones de euros.

Otro de los ejemplos es el Proyecto Castor, un depósito artificial con capacidad para almacenar hasta 1.900 millones de metros cúbicos de gas natural –uno de los mayores del estado español-, ubicado en el subsuelo marino, a 21 kilómetros de las costas de Castellón y Tarragona. En septiembre de 2013 el Gobierno suspendió el proyecto, después que se registraran centenares de seísmos en el litoral norte de la provincia de Castellón por las inyecciones de gas. En julio de 2014 la empresa concesionaria ESCAL UGS -participada en un 67% por ACS y en un 33% por CLP, filial de la canadiense Dundee Energy- renunció a la concesión de explotación, otorgada en 2008 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Uno de los puntos centrales del recorrido se sitúa en octubre de 2014, cuando un real decreto-ley del ejecutivo de Rajoy aprobó una indemnización de 1.350 millones de euros a ESCAL UGS, que se cargaría a la factura del gas de los consumidores durante 30 años (la concesión de 2008 establecía, en caso de caducidad o extinción, “compensaciones” a la empresa concesionaria por el valor neto de las instalaciones, salvo en los casos de dolo o negligencia empresarial). En diciembre de 2017 el Tribunal Constitucional anuló los artículos del real decreto-ley que establecían las indemnizaciones. Tras la sentencia, Banco Santander, CaixaBank y Bankia pidieron al Estado español el retorno de los 1.350 millones de euros que adelantaron para indemnizar a las empresas por el cierre del almacén gasístico.

Los movimientos sociales han plantado cara al macroproyecto. El Observatori del Deute a la Globalització (ODG), Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya han promovido una querella ciudadana por el “Caso Castor”, presentada el pasado 27 de febrero ante la Audiencia Nacional; la jueza Carmen Lamela desestimó la querella de los activistas el 21 de junio y procedió al archivo de las actuaciones. Contra el auto de Lamela, las organizaciones presentaron un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entre los argumentos de la apelación, destaca el resultado del proyecto: “Una deuda de 1.350 millones de euros más intereses (2.400 millones de euros) para la ciudadanía y una empresa beneficiada con sumas importantísimas sin concurrencia pública que, además, ha desarrollado la obra con importantes sobrecostes”. La querella de los colectivos sociales ya apuntaba que la realización de los trabajos de construcción “se encuentra plagada de irregularidades e inexplicables ilícitos (…) que siempre redundan en un incremento de costes y en la adjudicación de la mayor parte de los trabajos a ACS o empresas vinculadas a su grupo”.

Otro punto de discrepancia con el auto hace referencia a los estudios de impacto ambiental: “Es evidente que algunas de las alegaciones que alertaban de los riesgos no fueron tenidas en cuenta; debió actuarse por principio de precaución (seguridad de las personas y el medio ambiente), pero se primó el negocio en la construcción”. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), presentado en mayo de 2017, atribuyó a las inyecciones de gas los más de 500 seísmos en las proximidades del almacén submarino; informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero de España apuntaron la misma relación. Además, una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 estableció que la conexión del sistema gasista con el almacén Castor requería una Evaluación de Impacto Ambiental, lo que anuló la resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 2009 que señalaba lo contrario.

El recurso de las organizaciones sociales añade, como factor de relevancia, “la modificación de lindes marítimos entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, precisamente para evitar los informes técnicos que exigía la administración catalana”; esta modificación de límites se publicó en el BOE como una “corrección de errores”. Otro aspecto señalado por los recurrentes es el de las “puertas giratorias”, que concretan en la figura de Ignasi Nieto Magaldi. Secretario General de Energía entre 2006 y 2008 (gobierno de Rodríguez Zapatero), Nieto Magaldi fue años después socio en la empresa Irem Energy de Recaredo del Potro, presidente de ESCAL UGS. Otras medidas denunciadas por los querellantes es “la ampliación de la posibilidad de la renuncia de cinco a 25 años para los almacenes de gas, es decir, prácticamente durante la totalidad de las concesiones”.

Además el Proyecto Castor tiene su laberinto financiero. El Banco Europeo de inversiones (BEI) concedió en 2013 un préstamo de 100 millones de euros a ACS para actividades de investigación, desarrollo e innovación empresarial. También en 2013 el BEI reconoció una aportación de 500 millones de euros al proyecto Castor: 300 millones en adquisición de bonos “para transmitir al mercado de capitales su confianza en el proyecto” y una “línea de liquidez” de 200 millones, según un comunicado de esta institución de la UE. ¿De qué modo se produjo la emisión de bonos? “Los responsables de ESCAL UGS y ACS crearon al efecto una sociedad mercantil –Watercraft Capital SA-, con domicilio social en Luxemburgo, con la única finalidad de obtener beneficios fiscales”, sostienen los activistas.

En la campaña Querella Ciudadana han colaborado los colectivos 15MpaRato, Xarxa per la Sobirania Energètica, Aliança contra la Pobresa Energètica, Observatori DESC, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y APLACA (Afectados Plataforma Castor). La querella criminal se interpuso en la Audiencia Nacional contra los exministros de Industria del PSOE, Joan Clos (2006-2008) y Miguel Sebastián (2008-2010) y del PP, José Manuel Soria (2011-2016); la exministra de Fomento (2004-2009) y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (2010-2014), Magdalena Álvarez, del PSOE; la exministra de Medio Ambiente (2008-2010) Elena Espinosa, del PSOE; el exconseller de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana (2009-2011), Juan Cotino, del PP; y los empresarios Florentino Pérez y Recaredo del Potro, por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración.

Otras acciones destacadas fueron el juicio popular al proyecto Castor promovido por el Observatori del Deute a la Globalització y celebrado en junio de 2017 en Barcelona; y la Campaña contra el Pago de la Deuda Ilegítima del Castor, iniciada en noviembre de 2014. Aunque ya en diciembre de 2007, más de mil personas convocadas por la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia organizó una marcha que, con el lema de “Fem la botifarra al gas”, partió del municipio de Alcanar (Tarragona) hasta la carretera CN-340 para mostrar su rechazo al proyecto de ACS.