Felipe VI declara 2,5 millones € de patrimonio: ¿Qué pasó con los 2.000 millones de Juan Carlos I?
Desde Zarzuela han hecho público el patrimonio de Felipe VI, en una operación de propaganda para lavar la cara y “modernizar” a una Monarquía atravesada por los escándalos de corrupción.
Este lunes el rey Felipe VI ha hecho público por primera vez en la historia su patrimonio personal a través de un comunicado de la Casa Real. Las cifras ascienden a 2.573.392,80 euros, más de 2,2 millones de euros son depósitos en su cuenta corriente y valores de participación en fondos de inversión, y más de 300.000 euros en objetos de arte, antigüedades y joyas.
Este patrimonio del rey sería resultado de las retribuciones recibidas como Príncipe de Asturias desde el año 1998 y como Rey a partir de 2014, un total de 4.275.796,94 euros brutos. Según fuentes de la Zarzuela el rey carece de propiedades inmobiliarias y que todo su patrimonio se circunscribe a esta cantidad declarada.
Una cantidad de dinero que cualquier trabajador o trabajadora del Estado español necesitaría de muchas vidas enteras trabajando para reunir y que Felipe VI ha acumulado en 25 años, pero que se nos presenta como una “modesta” fortuna.
Por otra parte, la Casa Real también ha anunciado que no tienen la intención de hacer público el patrimonio de la reina Leticia, que al igual que Felipe VI recibe un sueldo público. De hecho, los sueldos de ambos suben este año un 2% según lo aprobado en los Presupuestos Generales del Gobierno “progresista” de PSOE y Unidas Podemos. 259.000 euros cobrará Felipe VI y 142.000 euros Letizia.
Esta declaración de patrimonio del rey es realizada acorde con un Real Decreto también del Gobierno para regular la Monarquía y que está sirviendo a Zarzuela para lavar su imagen, como señala en el comunicado: "Este Real Decreto reforzará la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de SM Felipe VI".
Una trasparencia que es pura propaganda, cuando hace unas semanas la Fiscalía del Tribunal Supremo archivaba las tres diligencias que tenía abiertas sobre los negocios opacos de Juan Carlos I: 1) el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a la Meca a empresas españolas, 2) el uso de tarjetas de crédito opacas por Juan Carlos y otros miembros de la familia real, 3) la existencia de una cuenta con 10 millones de euros en el paraíso fiscal de la isla de Jersey a nombre de Juan Carlos de Borbón.
La cantidad y el origen de la fortuna del Emérito sigue siendo un secreto de Estado blindado por la impunidad política y judicial del Régimen del 78, pero que The New York Times estimaba ya en el año 2012 en casi 2.000 millones de euros.
Del mismo modo, si bien desde Zarzuela aseguran que Felipe VI no cuenta con más patrimonio, el historial de corrupción de la Casa Real sigue sin investigarse. El diario The Telegraph desvelaba que el actual monarca es beneficiario de una sociedad offshore, la Fundación Lucum, creada por su padre Juan Carlos I, vinculada a una donación de 65 millones de euros desde Arabia Saudí realizada en 2008 por el entonces rey Abdullah bin Abdulaziz.
El Gobierno “progresista” lejos de garantizar la trasparencia de una institución reaccionaria establecida en la dictadura por Franco, lo único que hace es garantizar su impunidad y continuidad. El Real Decreto y esta declaración pública del patrimonio no son más que un intento de ocultar la profunda corrupción de la Casa Real que también salpica al actual monarca Felipe VI y al que quieren desvincular de las tropelías de su padre.
La inviolabilidad del monarca que garantiza la Constitución sigue vigente, y el gobierno ni piensa en tocarle una coma.