¿Por qué Sánchez no derogará la "ley mordaza", ni las reformas laborales?

Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno de la Coalición PSOE-Unidas Podemos , no se cansó a la hora de reiterar, una y otra vez, durante el tiempo que estuvo en la oposición, que se comprometía a derogar la popularmente denominada "Ley Mordaza". Otro tanto sucedió también con los portavoces de los otros dos socios que componen la Coalición gubernamental: Izquierda Unida y Podemos.

Conviene recordar a los lectores que la "Ley Mordaza" fue aprobada por un Gobierno que estaba capitaneado por lo más granado de la derecha histórica española, en aquellos momentos encarnada en la inefable figura de un político ultraconservador de pura cepa como fue Mariano Rajoy.

Desde el punto de vista gubernamental y de la Gran Patronal española, cuyos intereses pretendía proteger la citada Ley, su aplicación poseía un explícito objetivo: reprimir las multitudinarias protestas sociales que se estaban generando en las calles de todo el Estado español, especialmente durante el período comprendido entre los años 2011-2014.

España había entrado en un difícil período económico en el  que la Gran Banca y el conjunto del establisment deseaba que fueran las llamadas "clases subalternas" las que pagaran el coste provocado por su propia picaresca y sus descalabros financieros. Pero su propósito no era solo evitar que la crisis económica pudiera sustanciarse en un serio descenso de la tasa de beneficios empresariales. Existía además la posibilidad de intentar, incluso, multiplicar sus dividendos, como, efectivamente, terminó sucediendo.

Las drásticas medidas de austeridad que la Unión Europea obligó a aplicar al Ejecutivo español, empujaron a los dos partidos que se turnaban periódicamente en la Administración del aparato del Estado a concertar un acuerdo para cambiar un artículo de la Constitución española, con objeto de permitir que el pago de la ilegítima Deuda Externa prevaleciera por encima de cualquier otro tipo de gasto social. Un cambio constitucional que llevó a cabo José Luis Rodríguez Zapatero, en pleno verano, en un tiempo récord y, huelga decirlo, sin ningún tipo de consulta popular.

Para que el tsunami de recortes sociales y privatizaciones que iba a tener lugar fuera posible, el Partido Popular de Mariano Rajoy implementó luego una Ley de altísimo contenido represivo -la Ley Mordaza-, a través de la cual se pretendía allanar de obstáculos el camino emprendido, coartando drásticamente las libertades de manifestación y de expresión. No fue aquel, por tanto, un gesto de simple "maldad legislativa". Se trataba de poner al Estado en situación de responder ante las demandas económicas de la clase social que lo dirige y lo controla.

Ni que decir tiene que tanto el PSOE como las formaciones que hoy forman hoy parte de su Gobierno de Coalición protestaron en su día de forma airada en contra de una Ley que, al menos formalmente, estimaban que era un "intolerable atropello" a las libertades públicas. Carece de sentido elucubrar ahora sobre si las tres formaciones políticas citadas eran sinceras o no en su discordancia con aquella represiva normativa legal. En cuestiones de Estado no son los sentimientos expresados los que determinan cúal es el grado de honestidad con el que actúan quienes protagonizan esta suerte de hechos. Es la praxis, la práctica política, la que define a los individuos a sus organizaciones y las ideologías.

EL COSTE DE LA LEY MORDAZA

Para evaluar con precisión algunos aspectos de lo que ha significado la "ley Mordaza" hay que recurrir necesariamente a la elocuencia que ofrecen los números. De acuerdo con los datos de que disponemos, desde que la citada Ley entró en vigor, en julio del año 2015, hasta diciembre del año 2019, se habían impuesto 197.288 sanciones en materia de "seguridad ciudadana". El monto total de la recaudación efectuada a través de la aplicación de las correspondientes sanciones alcanzaba, en esa fecha, la friolera de 73.000.000 €.

 
En el curso de los seis años transcurridos desde que fuera aprobada esta ley, 65 personas han sido condenadas por los tribunales españoles a penas de privación de libertad e inhabilitación, por un supuesto "enaltecimiento del terrorismo". Hasta en cuatro ocasiones el  Estado español ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sancionar penalmente los "insultos" a figuras públicas o institucionales. De ellas, dosfueron por la aplicación del artículo 490.3 del Código Penal, relativo al peculiar e insólito delito de "injurias a la Corona". Pero la "Ley Mordaza" tuvo, igualmente, otros costes sociales y humanos que no resulta posible evaluar ahora aquí.

LA "PROMESA IMPOSIBLE" DE PEDRO SÁNCHEZ Y DE SU GOBIERNO DE COALICIÓN PROGRESISTA

El actual presidente del gobierno y cabeza de la llamada "Coalición progresista", Pedro Sánchez, osó afirmar en su día que "la derecha recorta derechos y libertades", que la "Ley Mordaza" era una prueba evidente de ello, y que la derogaría nada más llegar a La Moncloa. Seis años después, parece claro que no estamos solamente ante otra "promesa incumplida" por Sánchez,  similar a tantas otras que son realizadas en los festivales electorales. Dada la importancia que tiene esta Ley, resulta inevitable buscar qué es lo que se esconde en la trastienda de este incumplimiento.
¿Qué imperiosos factores le habrán imposibilitado al presidente del Gobierno cumplir con una promesa tan profusamente aireada como aquella?

El "Consejo de Administración" de la gran patronal española, integrado por la Banca, los poderosos grupos financieros y las empresas del IBEX 35, que algunos denominan eufemísticamente con el nombre de "el Gobierno"  del país, se enfrenta de nuevo con un reto extraordinariamente similar al que tuvieron que afrontar, en su día, los presidentes Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Los miles de millones de la UE concedidos a España, y que tienen como objetivo el reforzamiento económico del flanco occidental mediterráneo de los consorcios europeos, tendrán como contrapartida una cadena de duros recortes sociales, pérdidas de puestos de trabajo, privatizaciones encubiertas en la Sanidad, la educación y las pensiones, disminución de las becas, etc.

Como resultado de las cada vez más frecuentes crisis capitalistas, que terminan asolando aquellos países más débiles que viven bajo ese sistema económico, normas legislativas como la "Ley Mordaza" se han convertido en un instrumento político imprescindible para contener la presión social de la calle. Con esto no estamos descubriendo nada nuevo. Al lector le bastaría con repasar las efemérides económicas del último siglo y medio de la Historia del planeta para constatar que situaciones como éstas han sido y son recurrentes.

No obstante, si por algún tipo de perentoriedad política fuera necesario "cambiar" la citada Ley Mordaza, las modificaciones introducidas sólo afectarán a sus aspectos más formales, menos sustanciales e importantes. Tanto su contenido fundamental, como su drástica y efectiva contundencia, continuarán intangibles. Con la Ley Mordaza sucede algo similar a lo que ha pasado con las Reformas Laborales de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Quienes hoy integran el "ejecutivo más progresista de la historia de España" prometieron con inusitada vehemencia que serían derogadas en cuanto alcanzaran el Gobierno del país. El tiempo transcurrido ha demostrado que no fue así. Y no se trata de que los coaligados constituyan una suerte de despreciable panda de mentirosos compulsivos, sino de que forman parte de un Consejo de Administración -el Gobierno- representante de un poder real que está en otros lugares. Y si no les parece acertada mi hipótesis, den tiempo al tiempo.

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