Juan Carlos I es un delincuente en serie, en la jefatura del estado

“Si la democracia española quiere sobrevivir y regenerarse debe llevar cuanto antes a los tribunales al hombre que aprovechándose de su alto estatus político y social y de la confianza de millones de españoles cometió todo tipo de despreciables delitos”

Coronel Martínez Inglés

 Parece ser que el fiscal de Suiza, señor Ives Bertossa, ha conseguido con sus investigaciones sobre el ex monarca español, Juan Carlos I, despertar a este país de una vez de pasotas y deprimidos. Tras sus pesquisas en torno a los millones y millones recogidos por semejante personaje en diferentes y espurios escenarios internacionales y sus posteriores derivadas - también millonarias - hacia las cuentas corrientes de algunas de sus amantes de cabecera (que han impactado y de qué manera en el morbo popular) todos los súbditos del reino, con los políticos y periodistas en vanguardia, han iniciado el vergonzoso escrutinio de sus hazañas delictivas a lo largo de los casi cuarenta años en los que ha tenido la desfachatez de ocupar la más alta magistratura de la nación. Por mandato testicular del dictador Franco, todo hay que decirlo.

 Pues bien. Algunos pocos españoles, muy pocos (yo de momento hablo solo por mí ya que no me acuerdo de ninguno más) ya conocíamos de sobra, desde hace bastantes años, todas las andanzas fuera de la ley: administrativas, familiares, comerciales, penales, castrenses, incluso de lesa patria y lesa humanidad… desarrolladas por este despreciable borbón de nuestra desgraciada historia reciente. Y en mi caso, me he desgañitado desde el año 1994 en el que escribí mi primer libro, y a partir de 2005 hasta el año 2011, enviando un Informe tras otro a los sucesivos presidentes del Congreso de los Diputados denunciando una y otra vez sus presuntos delitos para que en vista de su inviolabilidad judicial el Congreso de los Diputados actuara en consecuencia. Informes exhaustivos acompañados de irrefutables indicios racionales de culpabilidad y que tendrían su continuación en los que envié al señor Procurador General/Fiscal General de Portugal para que investigara el presunto asesinato del infante Alfonso de Borbón a manos de su hermano Juan Carlos y al Fiscal General del Estado español para que instara a su procesamiento en el Tribunal Supremo una vez desprovisto de su inviolabilidad tras su abdicación.

 Y en vista de todo ello y para contribuir a que el lector/a español de a pie conozca de verdad toda la información que existe, después de muchos años de investigación y trabajo personal, sobre el amplio abanico de presuntos delitos cometidos por el antiguo rey de España, que obviamente, desbordan ampliamente el ámbito del lucro personal, el fraude, la malversación, las comisiones ilegales, el blanqueo de capitales… etc, etc, voy a transcribirle extractados los diferentes tipos de delito atribuibles al nefasto Juan Carlos I “El Casto”; de momento, con carácter todos de presuntos, en espera de que la ley, LA LEY con mayúsculas, si de verdad existe en este país, aborde cuanto antes su procesamiento de cara a que purgue como todos españoles los delitos cometidos.

 El fundamento último de mis denuncias, tanto las institucionales como periodísticas, reside, obviamente, en mis largos años de investigador militar. Como coronel de Estado Mayor, historiador castrense y profesor de esta última materia en la Escuela de Estado Mayor del Ejército español, me he dedicado durante más de tres décadas, concretamente desde mediados de los años ochenta del pasado siglo, a estudiar y analizar la vida del actual rey de España Juan Carlos I tanto en su ámbito personal como en el público e institucional. 

 Como consecuencia de esas investigaciones y estudios profesionales, a partir de mediados de los años ochenta del pasado siglo comenzaron a llegar a mi conocimiento abundantes indicios racionales de la comisión por parte del monarca español de variados y presuntos delitos. Puestos por orden cronológico, y muy extractados, éstos son los siguientes:

 A) «Homicidio imprudente» o «fratricidio premeditado» (esta disyuntiva nunca la han dilucidado los jueces españoles o portugueses que deberían haberlo hecho) cometido en la persona de su hermano pequeño, en 1956.

 B) «Alta traición a la nación española», al haber pactado en secreto, en noviembre de 1975, con el Departamento de Estado norteamericano, la entrega unilateral a Marruecos y Mauritania de la antigua provincia española del Sahara Occidental.

 C) «Cobardía ante el enemigo», al retirar en esa fecha de manera humillante y sin combatir las fuerzas militares españolas de ese territorio ostentando provisionalmente la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas.

 D) «Genocidio de la antigua población del Sahara español en grado de colaborador necesario» (más de tres mil víctimas), al haber entregado al rey alauí Hassan II, totalmente indefensos, la totalidad de los cuarenta mil habitantes de la misma. 

 E) «Golpismo de Estado», al haber autorizado a sus militares cortesanos (Armada y Milans del Bosch) la planificación, preparación y ejecución de la maniobra político-militar desarrollada en España la tarde/noche del 23 de febrero de 1981, conocida popularmente como «la intentona involucionista del 23-F». 

 F) «Terrorismo de Estado», al tener previo conocimiento, como comandante en jefe de los Ejércitos españoles, de la guerra sucia que preparaban los servicios secretos militares y de la seguridad del Estado (Grupos Antiterroristas de Liberación: GAL) contra ETA y no haber impedido su puesta en marcha.

 G) «Malversación de caudales públicos», de los denominados «fondos reservados» adscritos a Defensa, Presidencia del Gobierno e Interior, al conocer y no desautorizar el pago a determinada vedette del espectáculo español por las prestaciones sexuales que le había realizado durante más de quince años y que ella, en 1996, amenazaba con hacerlas públicas a través de documentos audiovisuales de su propiedad.

 H) «Corrupción generalizada», al recibir, durante décadas, regalos multimillonarios procedentes tanto del exterior como de la propia España: yates, fincas de recreo, petrodólares en forma de créditos a fondo perdido…, etc, etc. 

 I) «Enriquecimiento ilícito», como consecuencia de todo lo anterior y de oscuros negocios de todo tipo que en los últimos años han trascendido a la opinión pública española a través de libros y documentos, nunca desmentidos oficialmente, hasta convertir a su familia en una de las mayores fortunas del mundo (la 134, con 1.790 millones de euros en su haber).

 El 23 de septiembre de 2005, y ante la incompetencia constitucional que presentaban los tribunales españoles (y de todo el mundo) para juzgar los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, Juan Carlos I, envié mi primera denuncia al presidente del Congreso de los Diputados: un exhaustivo informe (40 páginas) sobre las muy claras y decisivas responsabilidades del monarca español en la ya señalada «intentona involucionista del 23-F», solicitándole la creación de una Comisión parlamentaria que depurara esas presuntas responsabilidades, tanto en el terreno personal como en el histórico e institucional.

 Posteriormente, el 25 de enero de 2006, remití el citado informe al presidente del Gobierno de la nación, al del Senado y a los de las más altas instituciones del Estado: Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder judicial…, etc., etc.

 Asimismo, en años posteriores (12 de febrero de 2007, 4 de abril de 2008, 8 de octubre de 2008 y 13 de diciembre de 2011) seguí enviando al Congreso de los Diputados periódicos y detallados informes que he ido extendiendo y ampliando a la totalidad de los presuntos delitos cometidos por quien fuera jefe del Estado español. Del remitido con fecha 4 de abril de 2008, y con casi un año de retraso, recibí acuse de recibo por parte de la Cámara Baja del Parlamento español, comunicándome que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la misma para su oportuno «estudio y tramitación».

 El 8 de septiembre de 2008, y en relación con el «homicidio imprudente» (así lo admitieron, en su día, su noble autor y su familia) o «flagrante asesinato» (eso deberían haberlo ya dilucidado los jueces portugueses o los militares españoles, ya que en marzo de 1956 «el caballero cadete Juanito» era un profesional de las FAS españolas), cometido por Juan Carlos I a las 20:30 horas del día 29 de marzo de 1956 , me permití enviar al fiscal general de Portugal (procurador-general de la República) un prolijo estudio profesional (sin duda el único en el que se incluyen amplias valoraciones técnico/balísticas en relación con este caso) sobre las condiciones y las circunstancias en las que se desarrolló el supuesto accidente familiar que le costó la vida al infante Alfonso de Borbón a manos de su hermano mayor Juan Carlos; solicitándole la apertura de una investigación judicial al respecto. El fiscal general del Estado portugués admitió a trámite el informe y prometió textualmente: «o caso vai ser analisado». Sin embargo, a los pocos días, por presiones del Gobierno español, según medios portugueses, me comunicó su archivo debido al tiempo transcurrido y a la complejidad de abrir en esos momentos un caso judicial tan delicado.

 Después de conocer, amigo lector/a, todos estos presuntos delitos a cuenta del antiguo rey de España, quiero que piense para sus adentros qué es lo que hubiera pasado en cualquier país occidental, de nuestro entorno o fuera de él, cuyo Congreso de los Diputados, Jefatura del Gobierno y demás altas instituciones del Estado hubieran recibido denuncias de uno de sus ciudadanos similares a las que yo me permití enviar en nuestro país relativas a la figura del rey Juan Carlos I.