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La ampliación del puerto de El Musel de Gijón: costes, sobrecostes y secretismo
¿Si como parece ha habido adjudicación directa, a dedo, cómo es que no están procesados todos los que en ella han intervenido?
Hace tres años, en enero de 2011, Álvarez Areces, presidente de Asturias y José Blanco, ministro de Fomento, inauguraban la Ampliación del puerto de El Musel. Durante los cinco años de obras los sobresaltos y las irregularidades fueron continuas, pero el conocimiento en detalle de lo que ocurría se ocultaba a los ciudadanos, precisamente a los que lo financian. Tampoco nadie nos explicó para qué podría servir tan descomunal gasto cuando el puerto existente podía aumentar su capacidad con alguna inversión asumible, cosa que ni siquiera ha sido necesaria y, mucho menos, cuando la descarga de minerales y de carbón, el 90% del tráfico, habían tocado techo o incluso estaban disminuyendo, como así sucedió. Ni la siderurgia iba a más ni tampoco el carbón, si no al conterario. El presente y el futuro del tráfico de carbón es a disminuir y el de los minerales, no es de aumentar. Avilés medio cerró y, en Gijón, con una siderurgia de hace casi medio siglo no parece que haya para mucho más. De las inversiones intensivas en capital, en consumo de energía, en utilización de infraestructuras, en degradación medioambiental, contaminantes y con poco valor añadido, que no sea lo antes mencionado, y con una ratio inversión/empleo enorme, es decir, mucha inversión y poco empleo, aunque sí está muy relacionado con la Ampliación del puerto, ahora, todo esto es mejor dejarlo para otra ocasión.
En la inauguración no podían ir más allá de hacerse la foto porque quedaban, y aún quedan, cientos de millones para terminarlo. Salvo la regasificadora que, además de innecesaria, y que de momento es ‘ilegal’, en las 145 hectáreas de tierra firme no hay nada que no sean los rellenos, nada de infraestructuras, grúas, pórticos, alumbrado, vías de tren o para camiones, servicios generales, etc. La cuestión, el problema, está en qué hacer con semejante súper puerto, a parte de tener que amortizarlo, es decir, pagarlo con más recortes sociales, que es como se pagan estas cosas y otras similares.
Sirva lo anterior para ubicar la situación en la que nos encontramos y para saber lo que nos espera.
Los costes y sobrecostes no son más que la consecuencia de una premitada gestión llevada a cabo con la mayor opacidad. Opacidad para hacer y deshacer, para realizar adjudicaciones a dedo, para encubrir costes y sobrecostes y, presumiblemente, para poder amparar mejor cualquier corrupción. Ahora, después de años, sale a relucir el informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) debido a la dudosa gestión acerca de las adjudicaciones y la construcción de la Ampliación del puerto, pero todavía nada sabemos en concreto de qué va, ¿por qué no se publica ya, a qué esperan?
A falta de información que, nuestros políticos y nuestros gobiernos, los de aquí o los de Bruselas, se resisten a facilitar, hemos de movernos con filtraciones. Por ejemplo, el documento, de hace ya unos cuantos años, sobre la solicitud de modificación de la Decisión C(2004) 3017 del proyecto nº 2004-ES-16-C-PT-021, acerca de la Ampliación del puerto, expedido por la Dirección de Política Regional de la Comisión Europea (CE) [1]. El tema es muy delicado y mucho más lo es el contenido del documento. La CE plantea dos cuestiones fundamentales de las que desprenden varias conclusiones.
Primera. La adjudicación, sin concurso público, por parte de la Autoridad Portuaria de la extracción y suministro de piedra a Hidroeléctrica del Cantábrico mediante la firma de un acuerdo de intenciones, en julio de 2004, en el que fijan el precio de la piedra en 7 euros/m3. Esta adjudicación, a dedo, vulnera el art. 1.4.a de la Directiva 93/38/CEE, entonces en vigor, que obligaba a la Autoridad Portuaria a realizar concurso público para cualquier adjudicación por tratarse de un ente público y de una operación onerosa.
El documento denuncia también que esta adjudicación sin concurso, ha excluido ofertas de otras canteras que podrían tener un precio más bajo y la posibilidad de extraer y suministrar piedra. La Cantera de Aboño no era la única existente ni la más barata.
Segundo. Además, la situación se agrava porque el acuerdo tripartito firmado y adjudicado, a dedo, y con las irregularidades descritas, fue modificado por Hidroeléctrica del Cantábrico pasando de 7 euros/m3 a un precio de 18,22 a 26,34 euros/m3, según el tipo de piedra, sin que la Autoridad Portuaria ni siquiera se plateara la posibilidad de sacar a concurso la extracción y suministro de piedra de otras canteras existentes.
Sacar a concurso el aprovisionamiento de piedra, como de cualquier otro insumo, no era optativo si no obligatorio, según la directiva ya citada.
La CE estima que las consideraciones anteriores han de tenerse en cuenta a la hora de efectuar los pagos y de pedir aclaraciones a las autoridades españolas, algo que parece ser no es ni más ni menos que el informe OLAF.
Conclusiones
Primera. No se entiende bien cómo se pueden aceptar ofertas, y mucho menos acuerdos de intención, sin verificar las disponibilidades de suministro y sin exigir las garantías necesarias sobre la posibilidad real de efectuar tales suministros, sobre todo, cuando se trata de algo tan esencial y de tantos millones de m3 de piedras y, cuando por otra parte, sobraban oferentes, tanto de canteras como de escombreras.
Segunda. Nada de lo ocurrido ha sido por despiste de alguna autoridad, si no del conjunto de las autoridades del gobierno municipal, autonómico o central. Todos ellos de un modo o de otro estaban presentes en los organismos públicos que controlaban la construcción y el desarrollo de las obras. Lo mismo puede decirse del resto de las instituciones, Parlamento, tribunal de Cuentas y el resto de los organismos responsables de fiscalizar los gastos y el destino del dinero público.
Tercera. Los partidos políticos entonces en gobierno de Asturias y en el Ayuntamiento de Gijón, PSOE, PP e IU, apostaron y se enfrentaron ciegamente a cualquier crítica contraria a la Ampliación. Pero, en cambio, ahora se lavan las manos, el problema no es para ellos, sino para quien haya de pagar sus aventuras y despilfarros. El Musel nunca ha llegado a la saturación, ha estado y sigue infrautilizado. Para la Ampliación ni hay proyectos inmediatos ni futuros, el interés y el negocio de la Ampliación estaba en su construcción, como sucede con tantas otras infraestructuras.
Cuarta. Está claro cuánto y qué han sacado en limpio los ciudadanos que no haya sido más recortes en sueldos, prestaciones sociales, pensiones, etc., porque de algún sitio ha de salir el dinero. Pero lo que todos quisiéramos saber es por qué tanta obcecación en realizar la Ampliación y por qué tatos oídos sordos a las críticas, no pocas, a las que no solo no hicieron ningún caso sino que menospreciaron.
Sherlock Holmes preguntaría, ¿quiénes han sido los favorecidos, quiénes los perjudicados y en beneficio de quién se ha hecho la obra? La respuesta está implícita en los hechos, pero lo que no está claro es que las responsabilidades políticas, penales y el resarcimiento de los daños causados está por ver, a juzgar por otras experiencias similares, tanto actuales como en el pasado.
