La calidad de la Universidad a debate

El pasado 31 de marzo el presidente del Gobierno del Estado español, Pedro Sánchez, participó en el acto En defensa de la universidad de calidad, clave para el ascensor social. En su intervención, precedida por un alegato de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, sobre la importancia de la Universidad pública como garantía de la igualdad de oportunidades, el presidente Sánchez anunció la aprobación de una reforma para endurecer los requisitos en la creación y autorización de las Universidades privadas, para que todas ellas cumplan unos "mínimos estándares de calidad".

El anuncio del presidente Sánchez se interpretó como un ataque a la Universidad privada. Sin embargo, el objetivo era poner sobre la mesa la calidad de la oferta universitaria privada que se ha posicionado con fuerza en los últimos años. Se calcula que, desde 1998, en España se han creado 32 Universidades privadas pero ninguna pública. De las 96 Universidades existentes hoy, sólo 50 son públicas. El 46 restante son ya privadas, muchas de ellas creadas al calor de los gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid (CAM).

De hecho, más allá de establecer un debate serio sobre la movilidad social o la mercantilización de la educación, también en el ámbito universitario, el propósito del Gobierno español en dicho acto parecía querer continuar una escenificación de la pugna entre el modelo de gestión representado por Isabel Díaz Ayuso en la CAM, y el que defiende el Gobierno central. Un choque que ya se visualizó hace meses cuando las autoridades madrileñas se opusieron, en un primer momento, a firmar el convenio del Programa María Goyri impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) para la creación, junto con las Comunidades Autónomas, de 5.000 plazas de profesorado ayudante doctor, bajo argumentos surrealistas como tildarlo de "ejercicio de ingeniería social" y "ataque a la empresa privada".

Con el proyecto de reforma aprobado el martes 1 de abril por el Consejo de Ministros, el Gobierno lanza un nuevo mensaje a Díaz Ayuso, poniendo en evidencia su modelo de defensa de lo privado en detrimento de lo público. Pero abre también un debate que debe ser aprovechado en el ámbito universitario para reflexionar sobre qué tanta calidad, y de qué tipo, encontramos en nuestra Universidad pública a escala estatal, a expensas de las diferencias que puedan existir entre distintas comunidades autónomas o, incluso, entre diversos centros.

El inaplazable debate sobre la situación de la Universidad pública

Este ejercicio es urgente para quienes trabajamos en la Universidad y sabemos de sus numerosos desafíos, de sus problemas estructurales y, también, padecemos la falta de voluntad de las autoridades universitarias para resolverlos, muchas veces escudándose en deber acatar decisiones políticas o recortes presupuestarios.

En este sentido, la creciente privatización de la oferta universitaria, y el eventual impacto en la calidad formativa, es solamente uno de los elementos preocupantes para quienes aspiran a garantizar una educación pública, de calidad y en igualdad de condiciones, asumiendo, no obstante, que la igualdad de oportunidades completa es algo imposible bajo un modelo de sociedad basado en la lógica de producción capitalista, y la reproducción social de las clases asociada, a pesar de mitos como la meritocracia o el papel fundamental de la educación como ascensor social. Pero, sin duda, no contar con una educación pública en todos los niveles, incluyendo en el ámbito de los postgrados universitarios, demasiado copados por másters-chiringuitos de precios abusivos, también en la pública, es todavía peor para los hijos de la clase trabajadora que aspiran a no reproducir las condiciones laborales o materiales de sus progenitores, o que quieren ampliar sus opciones profesionales.

La infrafinanciación, por su parte, explica otra de las dificultades a las que se enfrentan las Universidades públicas y que se conecta con la falta de personal estable y bien pagado o las insuficientes tasas de reposición de los últimos años. Un elemento que, sin duda, afecta a las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria y, por tanto, a la calidad, en términos de tiempo y tranquilidad mental, con la que pueden desarrollar su trabajo. Pero la falta de inversión pública no es el origen único de la precariedad salarial e inestabilidad laboral de buena parte del personal docente, investigador o de servicios, aunque la retroalimente. El problema de fondo es el diseño de un modelo que sigue una lógica de explotación máxima de recursos humanos al mínimo costo.

En el caso del personal docente e investigador, buena parte de la docencia se sustenta, en muchos departamentos, en una mano de obra precarizada, con condiciones salariales y laborales inferiores que se traducen en amplias limitaciones al desarrollo de su carrera profesional, académica e, incluso, vital. En este sentido, la creación de figuras como el profesorado asociado y, posteriormente, con la vigente Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la todavía más precaria del profesorado sustituto, no se originan sólo en una falta de dinero sino que parten de la elección de un modelo universitario que sostiene su autopercibida excelencia, siempre elitista y minoritaria, en la precariedad generalizada de la base de la pirámide.

Por tanto, la Universidad pública no se libra de actuar desde una lógica de administración privada. Además de una gestión de recursos humanos que suscribiría cualquier empresa privada, desde hace tiempo han aterrizado en ella empresas e intereses particulares, como bien sabe cualquiera que la conozca desde adentro. No se trata sólo de la participación de empresas financiando cátedras y condicionando, por tanto, el contenido de la investigación de los académicos que las integran, sino de cómo ha permeado la lógica tecnocrática en los mismos pénsum, lo que se traduce en la priorización en los planes de estudio de asignaturas con contenido cada vez más aplicado, dejando menor espacio para las materias más teóricas.

Se dirá que este enfoque profesionalizador es positivo pues ayuda a los jóvenes titulados a vincular sus estudios al objetivo último, que es poder trabajar en su ámbito profesional. No habría problema si no fuera porque esta perspectiva está condicionada por la eventual salida laboral en el mercado, lo que no deja de ser claudicar ante los intereses del ámbito privado, poniendo en un segundo plano la función de la Universidad como fuente de conocimiento que no solamente tiene su origen y sentido en aportar mano de obra disciplinada y dócil o valor económico inmediato.

Así puede entenderse la ofensiva general contra la importancia de las Humanidades y las Ciencias Sociales de los últimos años, y los comentarios que pueden escucharse, incluso en algunos departamentos, sobre la poca utilidad de las asignaturas teóricas que, no obstante, en determinados grados son imprescindibles para dotar al alumnado de las coordenadas básicas tanto en debates de su área de conocimiento como del mismo mundo en el que habita. Es lógico que la Universidad privada venda títulos para acceder al mercado laboral pero la Universidad pública debería poder aportar mucho más a su alumnado.

Por último, sin pretender agotar todas las problemáticas, la apuesta de las Universidades públicas por atraer talento vinculado a la financiación de grandes proyectos europeos o internacionales mientras se renuncia a incorporar el talento propio bajo discursos de elitismo meritocrático, es otro tema que debería estar en el centro del diseño sobre la Universidad pública que queremos.

La excelencia, palabra harto presente en la Universidad actual, es un anhelo que opera como un mantra que se repite en todos los documentos universitarios, convocatorias de becas, concursos de plazas, conversaciones en departamentos o reuniones rectorales. La LOSU la menciona cuatro veces. Sin embargo, difícilmente se puede alcanzar la excelencia cuando el modelo de Universidad pública en España, perpetuado por la LOSU a pesar de su voluntad en sentido contrario, está lastrado por una precariedad laboral escandalosa para buena parte de su profesorado. Precariedad que se trata de tapar o compensar con la atracción de determinados perfiles con proyección, que ayuden a posicionar mejor a la Universidad o al departamento en las estadísticas globales.

Es una lástima que vivamos en tiempos de tal ofensiva del individualismo de la derecha que nos lleve a volver a defender lo obvio: que es fundamental, a efectos de una mayor democratización en el acceso a la educación superior, la existencia de una Universidad pública fuerte y altamente financiada; que derechos como la educación, la vivienda o la sanidad no pueden convertirse en un negocio; que el interés privado nunca puede estar encima del público.

Pero este discurso macro no debe opacar las reivindicaciones concretas y de fondo de la comunidad universitaria que, más allá de acciones puntuales y declaraciones en lógica de confrontación partidista del Gobierno, son las que pueden transformar no sólo la Universidad pública española sino también la propia concepción de qué modelo de formación, conocimiento e, incluso, sociedad queremos para enfrentar los tiempos inciertos que vivimos.

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